Hay jinetes de luz en la hora oscura
Ana Samboal | 19 de julio de 2017
Pedro Sánchez quiere ser presidente. A nadie se le oculta. Es una ambición legítima, qué duda cabe. Para eso está ahí. Con ese fin peleó con gallardía para hacerse con la Secretaría General del PSOE y se alzó con el triunfo. La pregunta es: ¿qué precio está dispuesto a pagar para convertirse en el nuevo señor de la Moncloa?
Para superar el enfrentamiento entre el inmovilismo y la deriva independentista unilateral es necesario abrir un nuevo escenario de diálogo. pic.twitter.com/1F7mW7249m
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 14, 2017
El candidato ha leído correctamente los resultados de las primarias en su partido. Para obtener la victoria, el apoyo de los socialistas catalanes ha sido decisivo, como también el de los militantes de otras comunidades en las que en los últimos años se han intensificado las tensiones identitarias y centrífugas. Y esa es la baza que, por lo que demuestran sus hechos y declaraciones, ha decidido jugar Sánchez para convertirse en el líder indiscutido de la izquierda, tratando de desplazar a Podemos al rincón que siempre ocupó Izquierda Unida, y en la alternancia al gobierno del Partido Popular.
La Declaración de Barcelona es un paso decisivo en esa estrategia. Representa un salto cualitativo. En primer lugar, porque ya no es el PSOE el que decide cuál es la estructura territorial que quiere para España, como ocurrió en Granada. Esta vez es un pacto entre el PSOE y el PSC. En segundo lugar, porque los socialistas hacen suyas todas y cada una de las demandas de los separatistas. Solo en una cuestión se desmarcan de ellos, en el medio para alcanzar sus objetivos. Si Puigdemont está dispuesto a romper con la legalidad convocando un referéndum inconstitucional a todas luces, Sánchez quiere que logre sus objetivos mediante una reforma pactada de la Constitución, que necesariamente habríamos de votar todos los españoles. Esa diferencia no es baladí, sin duda, pero lo importante en este caso es que el socialismo español ha hecho suyas, legitimándolas, todas y cada una de las demandas de los separatistas.
Si la Declaración de Granada apuesta por una España federal, pero insiste una y otra vez en la igualdad de todos los ciudadanos españoles, la Declaración de Barcelona concede a una comunidad autónoma, Cataluña, unos derechos añadidos sobre el resto de regiones que, en la práctica, consagrarían, en el mejor de los casos, el llamado federalismo asimétrico que degradaría a la condición de ciudadanos de segunda a los habitantes de la mayoría del resto de territorios. En el peor, quebrarían la Constitución y romperían de facto la unidad nacional en cuestiones extremadamente sensibles. Sánchez e Iceta están dispuestos a conceder a Cataluña el estatus de Nación, con un gobierno propio de la Justicia, con una autonomía absoluta para gobernar sus ayuntamientos y ordenar la estructura de su territorio y hasta con capacidad para imponer al Estado sus decisiones de inversión.
PSC y @PSOE presentamos la #DeclaracióBCN "Por el catalanismo y la España Federal" pic.twitter.com/Rnvc2u6UCZ
— Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) July 14, 2017
Es posible que, con su táctica, Sánchez logre acabar de una vez por todas con las tensiones entre el socialismo español y el catalán. Es probable incluso que consiga arañar un buen puñado de votos en Cataluña, los de aquellos que demandan más autogobierno y financiación sin necesidad de pagar el peaje de una brusca ruptura. Pero puede también suceder que, llegados a este punto de tensión, haya muchos que prefieran el original a la copia, el separatismo frontal frente al pactado. Suele ocurrir.
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