Carlos Cuesta | 03 de agosto de 2018
Tras siete años de ausencia de la mal llamada Comisión Bilateral, volvió a convocarse y a reunirse este organismo. Y lo hizo para constatar en tres horas y media de reunión en el Palau de la Generalitat -no se reunieron en Madrid, sede natural del Gobierno- que para lo único que sirve esta comisión es para dar cauce a reclamaciones que se ocultan ante el resto de territorios españoles porque, o son abusivas frente a los demás, o sencillamente, se trata de peticiones ilegales.
El Gobierno del PSOE se reunió con el Govern de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña. De manera “bilateral”. Es decir, como si fuesen dos Ejecutivos en el mismo plano. Como si no existiese un principio constitucional que determina que las comunidades autónomas son simplemente la plasmación del Estado en cada región.
Y en esa reunión, como no podía ser de otro modo, el consejero catalán Ernest Maragall explicó claramente lo que él considera que es la “normalidad” en Cataluña: que los procesados por rebelión, sedición, malversación y prevaricación den vueltas por las calles como si no hubiese pasado nada; que una región deficitaria que ha absorbido ya 90.000 millones de euros en ayudas de todo el resto de españoles, mientras todos sufrían la crisis, no dé garantías de devolver el dinero, al menos en un horizonte medianamente admisible; que ese mismo territorio siga reclamando más esfuerzo estatal en inversiones y transferencias netas de dinero; y que el Govern que representa a esa región pueda plantear la continuidad de un desafío abierto a la Constitución y a la unidad de España sin consecuencias jurídicas.
Porque de todo ello se habló en esa reunión. Ante la mirada de los representantes de todos los españoles en esa cita: el Gobierno de España. Y no solo se habló, sino que se exigió el avance en esa dirección ilegal.
A ello contestó la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, afirmando que esas peticiones se realizaron en un «clima positivo» del que salía contenta.
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Traducido: que no le alteró el ánimo escuchar planteamientos contrarios a la Constitución en una sala donde no se pudieron atender las posturas de las otras 16 comunidades autónomas -amparadas todas ellas en el artículo 14 de la Carta Magna, el que consagra la igualdad de todos los españoles-.
Porque, como afirmó Batet, para ella lo importante era demostrar que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene un «proyecto para Catalunya”. Un proyecto que, según ella, se tenía que poder exponer en el terreno de la relación habitual entre Administraciones -es decir, traspasos, inversiones y cooperación-. Porque lo ocurrido en esta comisión para quien debería estar preocupada por defender los intereses y derechos de todos los españoles fue simplemente eso: la relación “habitual”, una en la que no están representados en igualdad los habitantes de 16 de 17 territorios españoles.
Batet ofreció «abordar traspasos pendientes desde hace siete años, disminuir la conflictividad entre Administraciones, ayudar a generar mayor confianza y lealtad institucional, ver qué inversiones son necesarias para Catalunya, qué acuerdos económico-financieros se pueden alcanzar». Es decir, hacer como que Maragall no le había pedido excarcelar a los golpistas del 1-O y un referéndum rupturista para, acto seguido, continuar regalando millones, a ver si en algún momento los separatistas se cansan de pedir o de recibir.
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La actitud de Batet se mantuvo inalterada incluso cuando Maragall pidió crear una “comisión sobre derechos y libertades y vías de participación democrática para abordar la cuestión de la autodeterminación”. «Nos ha parecido que no era pertinente», afirmaba sin más la ministra a la salida del encuentro. Pero todo ello no le pareció a la ministra lo suficientemente indicativo de que esa reunión tan solo se dirige a un fin: romper España y la Constitución.
Y así concluyó el primer asalto de lo que nunca tuvo que empezar. Atención al segundo y posteriores asaltos.
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