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De la alegre burguesía catalana, a la fuga en estampida: lecciones del nacionalismo

La burguesía catalana, que hace no mucho condicionaba los presupuestos de toda España, observa ahora cómo las grandes empresas de la región huyen ante el temor de una independencia que aísle sus negocios.

Los mismos que antes daban lecciones son los que ahora salen corriendo de Cataluña. Las mismas empresas que antes alardeaban de conseguir reformas legislativas son las que vemos saltar de demarcación a golpe de desplome bursátil. Se trata, simplemente, de una más de las lecciones sobre el nacionalismo que, por desgracia y en carne, estamos teniendo que masticar. Porque todo lo que se conseguía a cambio de apoyos parlamentarios al PP o PSOE, lejos de haberse convertido en progreso, se ha tornado en destrozo social y hasta empresarial.

Gas Natural, Sabadell, Caixabank, Orizon, etc. Se trata del inicio de un éxodo provocado por la misma política que antaño mostraba con orgullo el ser el fiel de la balanza de la aprobación de los Presupuestos en toda España, el ser pieza clave y hasta impositora del sistema de financiación de todas las autonomías españolas, el ser el factor catalizador o paralizador de muchas de las reformas que afectaban al mercado laboral, fiscalidad, competencia, etc. Eso sí, sin querer darse cuenta nadie de que cada cambio de cromos que se efectuaba acababa en un poder mayor sobre los derechos de las personas, no para desarrollar estabilidad, progreso, libertad y riqueza, sino para aumentar la dosis nacionalista en la población.

Hasta que ha llegado un momento en el que, literalmente, la situación se ha convertido en insoportable.

Se acabaron los años de vino y rosas

Fueron muchos los años buenos de aquella burguesía catalana sonriente. Los años en los que, desde principios de los noventa, un 15% del IRPF se repartía entre las comunidades autónomas a petición suya. Los años en los que ese porcentaje se elevaba hasta superar el 30% y, más tarde, hasta alcanzar el 50%. Los años en los que se les daba igualmente capacidad normativa, sobre todo ese tramo autonómico del Impuesto de la Renta, porque así lo reclamaban. O se ampliaba la cesta de impuestos cedidos al IVA e Impuestos Especiales. Siempre bajo su imposición. Porque nunca tenían suficiente.

Los años en los que conseguían ser la única comunidad autónoma con conexión de todas sus provincias a través de AVE y conexión simultánea con la capital -todo ello, mientras no dejaban de quejarse del “maltrato estatal” en infraestructuras-. Los años en los que su población criticaba a “Madrid” por dejarles con autopistas de peaje, pero era CiU la que lo exigía para facilitar negocios privados con las carreteras. Los años en los que se paralizaban las inversiones en la Comunidad Valenciana a golpe de imposición de Artur Mas, no fuese a ser que otro territorio pudiese competir libremente con ellos por captar empresas.

Los años en los que, en definitiva, todo lo que pedía la Generalitat tenía que hacerse por ordeno y mando porque, si no, las mayorías simples en el Congreso se convertían en minorías absolutas. En ingobernabilidad.

Y, durante todos esos años, ni una sola crítica de las mismas empresas que ahora escapan del separatismo enloquecido. Y ni un solo pacto de los dos grandes partidos para aislar esta práctica y modificar la Ley Electoral con el propósito de zanjar este chantaje nauseabundo. Nada.

Eran días de vino y rosas. O, mejor, de desarrollo encarnizado de un sistema de educación y control de la calle, vía subvenciones a asociaciones y medio de comunicación, que permitiese ir disimulando las evidentes fisuras, incluso económicas, de un sistema basado en el engaño de la subasta de votos y no en la competitividad. Porque, cuando una economía se desarrolla al margen de la competencia sana y en base a los privilegios legislativos, acaba perdiendo músculo.

Una deuda pública disparada

Y así ocurrió. No tanto por las empresas, como por la exigencia de gasto -cada vez mayor- de la maquinaria separatista. Y, así, una economía que en el año 2003 tenía prácticamente la misma deuda pública que la madrileña -10.918 millones, la catalana, y 9.059 millones, la Comunidad de Madrid- fue tomando ventaja paulatinamente hasta acumular en estos momentos claramente más del doble en pasivos -76.727 millones de euros- que la madrileña -32.555 millones-. Una montaña tan brutal de deudas que iguala a la suma de Madrid y Valencia (la segunda en el ránking de mayores regiones deudoras). Y tan exagerada que, pese a contar siempre con el respaldo del Estado y no haber devuelto aún ni un céntimo de todo el dinero prestado, tuvo que empezar pronto a subir impuestos: en concreto, el IRPF hasta el 56%, 4,1 puntos por encima del de Madrid, con el propósito de poder mantener la montaña de gastos provocada por el deseo de tener una hacienda propia, seguridad social propia, prensa pública y privada a sus servicio, etc.

¿Reaccionó entonces el Estado ante la evidencia de una deriva que acabaría golpeando a la población catalana? La verdad es que no mucho. O, mejor dicho, no en la dirección correcta. Porque lo que se hizo fue rescatar sus quebrados bonos patrióticos -2.500 millones de euros-, pagar sus facturas atrasadas y permitirles entrar en una línea de crédito y rescate -el FLA- que en estos momentos supera ya los 68.500 millones de euros.

¿Reaccionaron entonces las empresas? Lo cierto es que tampoco se escucharon grandes críticas generalizadas. De hecho, ni siquiera la patronal CEOE puso el grito en el cielo a escala nacional.

https://twitter.com/eldebatedehoy/status/854673507241820160

Y fruto de esas políticas de incentivo a la tendencia perversa, y fruto de esos silencios, hemos llegado a la situación actual. A ver que aquellas mismas compañías que alardeaban de la capacidad de negociación de Cataluña en Madrid salen ahora corriendo de su territorio natural.

Porque, precisamente por culpa de todo ello, han visto acercarse demasiado la posibilidad de que una declaración de independencia suponga automáticamente la salida de Cataluña de la Unión Europea, la pérdida de su comercialización sin aranceles comunitarios, la desaparición de la liquidez del Banco Central Europeo para sus créditos, la imposibilidad de colocar deuda en los mercados internacionales y, por supuesto, una subida de impuestos masiva para financiar la montaña de gasto que supone un proceso de ruptura, pérdida de moneda y vuelta a empezar desde cero.

Porque, digan lo que digan los separatistas, Cataluña depende de España y su pasaporte comunitario de forma vital. Hasta el punto de que Cataluña exporta más a Portugal que a Estados Unidos, China y Japón juntos. O de que Cataluña vende más a Aragón que a Francia, Alemania o Italia. O de que mantiene más relaciones comerciales con Castilla La Mancha que con Reino Unido. O de que Cataluña tiene ahora más de cinco veces la prima de riesgo de la media española por culpa del proceso de ruptura. O de que el solo anuncio de la fecha para la celebración del referéndum este verano supusiese que su prima de riesgo escalase 60 puntos básicos.

Es cierto que las empresas no tiene un deber heroico ni de posicionamiento político. Pero también que no pueden quejarse tras haber sacado partido durante años de lo que evidentemente ni era justo, ni podía acabar bien. Esperemos que esta letal lección del nacionalismo sea aprendida. Aunque solo sea porque podemos estar a no demasiado tiempo de verla repetida en el País Vasco si no se toman las medidas necesarias.

Ilustración de portada: La burguesía catalana huye ante la posible declaración ilegal de independencia | Pablo Casado
Escrito por

Periodista. Director de La Marimorena de 13Tv.

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