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El fin de la cosificación del animal no puede ir parejo a la creciente cosificación de la persona

Las iniciativas del PP y Ciudadanos para poner fin a la equiparación de los animales de compañía con otros bienes muebles no responden a la lógica y acarrearán problemas judiciales. El legislador posterga causas más justas para la familia.

La Proposición no de Ley sobre la modificación del régimen jurídico de los animales de compañía en el Código Civil presentada por Ciudadanos, tendente a poner fin a la equiparación de los animales de compañía con otros bienes de carácter mueble y a evidenciar la especial relación afectiva que existe entre la mascota y sus dueños, concitó el apoyo unánime (¡ya lo quisiéramos para aspectos importantes del Derecho de Familia!) del Congreso de los Diputados, que instó al Gobierno a promover reformas legales para definir a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad e inembargables.

El Grupo Parlamentario Popular impulsa una Proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, en la que además –quizá con el deseo de sobrepasar lo propuesto por Ciudadanos y congraciarse con el movimiento animalistaintroduce en las crisis matrimoniales “preceptos destinados a concretar el régimen de custodia de los animales de compañía”. Aunque la cuestión pudiera parecer anecdótica, a partir de su más que probable aprobación la tenencia de mascotas podrá plasmarse en el convenio regulador propio del procedimiento matrimonial consensual “teniendo en cuenta el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal”. Además, en los supuestos en que no haya acuerdo, la “autoridad judicial” en el auto de medidas provisionales o en las medidas definitivas que contenga la sentencia de divorcio confiará dichos animales a uno o ambos cónyuges, atendiendo a tales criterios, que encierran una gran dosis de indeterminación y habrán de apreciarse en cada caso concreto.

Un sinfín de problemas judicializados

Por ello, en los juicios matrimoniales para apreciar la concurrencia o no de tales criterios no serán infrecuentes las pruebas documentales sobre el cumplimiento de los deberes respecto de tales animales de compañía, las periciales veterinarias practicadas a instancia de parte (o, incluso, de oficio si el juez no tiene claro qué comporta mayor bienestar del animal), los testigos interrogados sobre su tenencia diligente o no, etc. El juez, con el informe del fiscal, habrá de dar audiencia a los hijos menores para que manifiesten su opinión sobre si la mascota estará mejor atendida por su padre o por su madre; decidir si el trabajo y tiempo dedicado a sacar el perro de paseo, limpiarlo, vacunarlo, etc., es considerado contribución a las cargas familiares; si modifica la tenencia cuando se produzca una alteración sustancial de las circunstancias (piénsese en el reprobable maltrato animal o dificultades de espacio o económicas, traslados por motivos laborales, incumplimientos reiterados de los turnos de tenencia); si deben abonarse a medias los gastos ordinarios de cuidado del animal y los gastos extraordinarios (por ejemplo, cirugía veterinaria de alto coste).

Los animales, señuelo para los hijos

Por tanto, veremos un sinfín de posibles problemas judicializados y supuestos en que la mascota se utiliza como señuelo para que los hijos menores prefieran convivir con el propietario o poseedor del animal, como una nueva arma arrojadiza que blandir y usar en casos de ruptura matrimonial traumática. Una cosa es decir que el animal de compañía, tras encariñarse con él, “es como un miembro más de la familia” en una situación de armonía y otra muy distinta su asimilación legal a los hijos en una situación de desavenencia matrimonial.

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Tal previsión legal no responde a la lógica ni a una necesidad social y es sentimentaloide. Así, pese a que incardine la tenencia del gato, hurón, perro o tortuga (u otros animales de compañía menos frecuentes) en los efectos de la nulidad, separación o divorcio y en las medidas derivadas de la admisión de la demanda iniciadora del proceso matrimonial, a todas luces no es efecto propio o necesario del matrimonio tener mascotas ni que al hilo de la ruptura de pareja el juez deba pronunciarse sobre la tenencia del animal de compañía en el proceso matrimonial. De hecho, las parejas no casadas (a las que no resulta de aplicación analógica lo previsto para el matrimonio) y otros convivientes (por ejemplo, unos estudiantes que compran un cachorro) que no se pongan de acuerdo sobre su tenencia tendrán que iniciar el proceso que corresponda. En definitiva, los conflictos sobre la tenencia de mascotas se deben sustanciar separadamente de los asuntos de familia, dado que no existen razones de conexión ni de economía procesal y ello acarreará más problemas que los que soluciona.

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Asimismo, el criterio consistente en el bienestar animal viene a convertir al animal de compañía en titular de derechos cuando, en sentido estricto, lo acertado es considerar que la persona guardiana del mismo (sea propietaria o no, se le confíe la tenencia de forma exclusiva o alterna por más o menos tiempo) es titular de deberes para con él y habrá de abstenerse de cualquier conducta tipificada como infracción en el Código Penal, las leyes autonómicas o las ordenanzas municipales. En esta línea, el Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía, que ha entrado en vigor el día 1 de febrero, contiene muy atinados preceptos.

En fin, parece que el legislador posterga causas más justas (también más difíciles y trascendentes) que ayuden realmente a la familia. No sería bueno que el fin de la cosificación de los animales mediante su equiparación a las personas corriese parejo a la progresiva cosificación de estas.

Escrito por

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Extremadura.

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