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La legítima condena de la “abuela nazi” . El enaltecimiento del franquismo no es delito

La condena de la “abuela nazi” por negar el Holocausto es legítima. En España, la ley de memoria histórica solo prevé sanciones administrativas. No cabría incriminar a nadie por enaltecimiento del franquismo, pues el régimen no puede calificarse de genocidio.

El ingreso en prisión de una octogenaria, casi nonagenaria (89 años) alemana en la prisión de Bielefeld (Renania del Norte) ha sacudido la opinión pública como el caso de la “abuela nazi”. Se trata de una anciana militante pronazi multirreincidente de delitos de apología del nazismo y negación del Holocausto, que, tras varias condenas, finalmente ha ingresado en prisión por la última de ellas.

En el ámbito de la opinión pública e información españolas se han planteado varias cuestiones acerca de si esto sería delito también en España, si -en la sensibilización por la extradición de Carles Puigdemont- la Justicia española hubiera admitido una orden de detención europea contra esta ciudadana alemana y si la legislación de la “memoria histórica” española contempla casos parecidos.

La primera cuestión, de si esto -la negación del Holocausto- sería también delito en España, no plantea dudas. El Código Penal español castiga con prisión la pública negación, la trivialización o el enaltecimiento de los delitos de genocidio por motivos, entre otros, racistas o antisemitas, promoviendo un clima de odio o discriminación.

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La segunda cuestión, la de si la Justicia española accedería a una orden de detención europea contra la “abuela nazi”, entiendo que sí, pues no se cuestionaría el paralelismo entre los artículos 510 del Código Penal español y el 130 del alemán, ni el que el alemán castigue lo relativo a la defensa del régimen nacionalsocialista y el español de los delitos de genocidio en general. Pues no hay reserva alguna en calificar el Holocausto como un terrible genocidio.

La única defensa de la abuela nazi sería que la negación era por motivos académicos históricos y no por racismo o antisemitismo, lo cual es bastante improbable que fuera admitido por los tribunales españoles, dados los antecedentes de la extraditada.

España ofreció protección a los judíos

Además, hay que tener en cuenta la tradicional posición española en relación con este genocidio. Desde el mismo momento de la persecución antisemita y los campos de exterminio en el Tercer Reich, la política española al respecto -siguiendo la línea de la Santa Sede y las públicas condenas del Vaticano (recordemos la tenaz resistencia frente a los nazis de Pío XII y la encíclica Mit Brennender Sorge, de Pío XI)- fue la de ofrecer protección y escape a los judíos en los territorios controlados por el Tercer Reich.

Aprovechando la relación “particular” de España en el conflicto (neutral respecto de Reino Unido, Francia, Estados Unidos, pero beligerante frente a la URSS), los diplomáticos españoles recibieron instrucciones de salvar al mayor número de judíos posible. En esta tarea destacó el embajador Ángel Sanz-Briz (“el ángel de Budapest”), que salvó a más de cinco mil judíos húngaros dándoles pasaportes españoles y que fue declarado luego “Justo entre las Naciones” por Israel.

Desde esta perspectiva, es muy probable que los tribunales españoles admitieran como un específico delito de pública negación de un genocidio con ánimo antisemita de la “abuela nazi” y procedieran a su extradición.

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La tercera cuestión, la de si se pueden dar casos similares en España, al socaire de las normas sobre memoria histórica, entiendo que -salvo una reforma de Código Penal en ese sentido, altamente improbable en nuestro contexto de la Unión Europea y de la libertad de expresión- no cabe incriminar a nadie por enaltecimiento, apología del franquismo o por la negación de unos supuestos “crímenes del franquismo”.

En primer lugar, porque las normas sobre la memoria histórica -desde la ley de 2007 hasta las reglamentarias más recientes y algunas de las comunidades autónomas- no contienen lógicamente -por rango normativo y competencia legislativa- sanciones penales, sino tan solo, y como mucho, alguna sanción administrativa menor. Aun cuando la aplicación de esta normativa esté trayendo alguna conflictividad política y social (no en el ámbito de la recuperación de restos y digno entierro de víctimas de la Guerra Civil y sus secuelas, que nadie discute, sino en la retirada de símbolos y nombres de vías y centros públicos), es una materia alejada de la prohibición penal de la defensa del franquismo, que tan solo algunos nostálgicos de la lucha antifranquista (o sus hijos o nietos) podrían pretender.

El enaltecimiento del franquismo no es genocidio

Además, no podría aplicarse el delito del artículo 510 del actual Código Penal al enaltecimiento del franquismo, pues, por reprobable que nos pueda parecer la censura previa, la prohibición de partidos y sindicatos libres, la inexistencia de sufragio universal, las condenas por delitos de opinión, manifestación y asociación, y otros aspectos de difícil comprensión actual (represión de la masonería y el comunismo, de la homosexualidad, del adulterio y la pornografía, etcétera), no podría calificarse legítimamente de genocidio u otro delito de lesa humanidad.

La condena de la abuela nazi es, por tanto, legítima en Alemania y en España, pero en la historia contemporánea española no hay hechos comparables al Holocausto, ni por su intensidad (seis millones de seres humanos) ni por su finalidad (exterminar una raza humana, suponiendo que haya razas dentro de la especie humana).

Imagen de portada: Campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau
Escrito por

Abogado. Magistrado excedente de lo Contencioso-Administrativo. ​

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