2017, un año a la defensiva por culpa de la débil gobernabilidad y del golpe separatista
Carlos Cuesta | 29 de diciembre de 2017
Nacional
El año 2017 ha transcurrido con una nota dominante en el panorama político nacional: Cataluña. La débil estructura de gobernabilidad del PP lo ha reducido a un periodo de defensa constitucional frente al desafío separatista. El referéndum ilegal del 1-O, la DUI y la aplicación del 155 han copado la información en estos doce meses, también marcados por casos judiciales como Nóos, Gürtel, Lezo o Bankia. Los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils siguen siendo tabú.
No ha sido un buen año ni gubernativo, ni legislativo. Más bien se ha tratado de un ejercicio puramente a la defensiva. Sin grandes reformas. Sin capacidad para avanzar en las necesarias mejoras técnicas del sistema de pensiones, empleo, atracción de empresas, educación o eficacia administrativa, solo por poner algunos ejemplos. La débil estructura de gobernabilidad del PP -fruto de sus 137 diputados en el Congreso de los Diputados- ha reducido el año 2017 a un periodo de defensa constitucional frente al desafío separatista. Frente al golpe del 1-O. Un golpe que al menos nos costará 5.000 millones y que amenaza con llevar a la recesión a Cataluña si el nuevo Ejecutivo regional continúa por la misma senda.
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Comenzaba el año 2017 con la agenda informativa marcada por el progresismo. La elección de Trump como presidente de EE.UU. -noviembre de 2016- no había acaparado, por lo visto, suficientes portadas y seguía su hiperprotagonismo con el comienzo de 2017. Los augurios sobre el hundimiento de EE.UU. en una profunda crisis y sobre la explosión en pedazos del comercio mundial por la llegada del republicano -antaño demócrata- no dejaban de aparecer en enero. Hoy sabemos que Estados Unidos crece a ritmo del 3%, por encima de lo esperado, que la tasa de paro sigue bajando y ronda ya el 4% y que el indicador PMI de manufacturas aumenta a ritmos mensuales de más de un punto. Y, por supuesto, que el mundo no se ha hundido. ¿Gracias a Trump? No: gracias a un país con un esquema institucional fuerte y respetado.
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El golpismo catalán también dejaba constancia de su presencia en enero: creaba su base de datos fiscal ilegal y alardeaba de ello. De robar datos tributarios de los contribuyentes; de estar creando un sistema informático para recaudar impuestos nacionales de forma ilegal; y de haber hecho listados de ciudadanos -por ejemplo, de jueces, gracias a lo cual había identificado ya a 800 jueces separatistas que estaban dispuestos a saltarse la ley con tal de crear la república independiente de Cataluña. Por supuesto, eso sí, todo en defensa de la democracia y los derechos de los pueblos, según ellos.
2017, un año marcado por numerosos casos judiciales
Febrero se convertía en el mes en el que el PP ratificaba a María Dolores de Cospedal como secretaria general y en el que la actividad judicial se convertía en protagonista. El caso de las tarjetas ‘black’ se llevaba por delante a Rodrigo Rato, Miguel Blesa -que fallecería meses después- y toda la cúpula de la antigua Bankia. La Audiencia Nacional condenaba a penas de entre tres meses y seis años de prisión a los 65 acusados por un delito continuado de apropiación indebida entre 2003 y 2012. Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, era condenado a seis años de prisión y Rodrigo Rato, responsable de Bankia, a cuatro años y medio. A los exconsejeros y exdirectivos se les impusieron penas de entre tres meses y seis años. Era uno más de los casos de abuso dentro de las cajas. Pero parecía convertirse en el único que interesaba a la opinión pública, como si Caixa Catalunya, Caja Cantabria o Caja Castilla La Mancha nunca hubieran existido.
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La segunda sentencia de ese mes aún tenía más repercusión. Iñaki Urdangarin era condenado a seis años y tres meses de prisión por diversos delitos de corrupción en el caso Nóos. La Audiencia Provincial de Baleares absolvía, además, a la Infanta Cristina. Se convertía, así, en la primera condena a un miembro de la familia del Rey.
El mes de marzo albergaba otra sentencia: la que condenaba a dos años de inhabilitación a Artur Mas por desobediencia. El caso del 9-N se saldaba con esa condena. Un referéndum ilegal que lanzaba a toda una región al abismo separatista y a la quiebra de la seguridad jurídica quedaba reducido a un castigo de inhabilitación de dos años. El TSJ de Cataluña condenaba también, como cooperadoras necesarias, a las exconsejeras Irene Rigau, a un año y seis meses de inhabilitación, y a Joana Ortega, a un año y nueve meses.
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La muerte de Carme Chacón en abril anticipaba lo que se podía prever desde hace tiempo en el PSC: su acercamiento paulatino hacia el nacionalismo y, con ello, la propuesta de Miquel Iceta de reconocer constitucionalmente las “aspiraciones nacionales de Catalunya”, tal y como lo acabaría plasmando oficialmente en julio con el respaldo de Pedro Sánchez.
En abril también se conoció que Mariano Rajoy tendría que testificar por el caso Gürtel e Ignacio González entraba en prisión por las operaciones en el Canal de Isabel II, lo que se llamaría más tarde el caso Lezo. El PP volvía a quedar cercado ante la opinión pública por las acusaciones de corrupción. Y lo hacía en un momento en el que el jaque secesionista no dejaba de crecer y de reclamar la unidad de los partidos frente al previsible desafío constitucional.
Pedro Sánchez destrona a Susana Díaz y acelera el proceso de podemización del PSOE
En mayo de 2017, un Albert Rivera convencido de ser el Macron español celebraba el triunfo del centrista en las elecciones francesas. La Generalitat cerraba su proyecto de ruptura incluyendo el control de jueces, fiscales y periodistas para evitar que algún atisbo de libertad truncase su utopía separatista. Y Pedro Sánchez se hacía con el control del PSOE, derrotando a Susana Díaz e imponiendo un ambiguo proyecto con capacidad para aceptar el nacionalismo y el populismo, aunque ello supusiese renunciar a su proyecto clásico y romper la unidad interna.
Carles Puigdemont aprovechaba junio para recordar que su plan suicida no frenaría. Convocaba el referéndum ilegal separatista para el 1 de octubre y dejaba claro a los voluntaristas -que no dejaban de repetir que “volvería la cordura al nacionalismo”- que el asalto a la Constitución iba totalmente en serio.
El procés impide que el turismo de Barcelona llegue a buen puerto . Otro sector afectado
Y el mes de julio demostraba que ya nada podría salir adelante, ni Presupuestos ni nada medianamente importante, ante la inmersión del país en una senda puramente defensiva para frenar el ataque de la Generalitat. El Govern alardeaba del pleno control de los Mossos, el PSOE de Sánchez afirmaba que nunca respaldaría el 155, mientras expulsaba a los susanistas de la Ejecutiva y comenzaban los ataques al turismo por parte de los radicales separatistas en Cataluña. El deterioro económico de esta comunidad autónoma empezaba a ser una evidencia.
Y, mientras la CUP demostraba que su vía radical y violenta contaba con toda la permisividad de Puigdemont para cargarse sectores como el turismo, con tal de asustar a la población no nacionalista, llegaron los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Quince personas morían tras los atropellos en plena Rambla y pese a que la CIA había avisado de este posible ataque, pese a que la Policía exigió unos bolardos que Ada Colau nunca llegó a instalar y pese a que el día previo estallaba la casa donde escondían los yihadistas el explosivo que pretendían usar. Ninguna de estas alertas o advertencias fue tenida en cuenta. Pero aún hoy, hablar de este asunto parece ser tabú.
La recta final hacia el 1-O
El final de agosto y el inicio de septiembre se convirtieron en el lanzamiento definitivo del golpe separatista. Las leyes de referéndum y transición a la república catalana. Y la revuelta y ataque a los coches de la Guardia Civil para evitar el registro del Departamento de Economía de la Generalitat marcaron la recta final hacia el referéndum ilegal del 1-O. Posteriormente, se entendería la razón del motín violento frente a la Consejería de Economía: allí fueron encontrados por la Guardia Civil los documentos clave -entre ellos, el denominado informe Enfocats- con los nombres de todos los implicados en el uso de fondos públicos para desafiar a España y la Constitución. Nombres donde figura, básicamente, la práctica totalidad de los puestos clave del Govern catalán.
Ni referéndum ni federalismo, una casa común con una habitación confortable para Cataluña
Una Diada más politizada que nunca y unos Mossos desafiantes hasta el punto de tener que ser advertidos por la Justicia de su obligación de impedir el referéndum ilegal marcaron por completo el rumbo de los últimos meses del año 2017. Porque desde esos días nada parece haber existido en España salvo el desafío de los golpistas. Ni un minuto destinado a pensar en el sistema de pensiones. Ni uno a intentar atraer empresas del brexit. Ni medio a racionalizar un sistema educativo politizado y al que las clasificaciones internacionales apean de la excelencia. Solo habría espacio ya para eludir el ataque a la legalidad española desde la Generalitat.
El 1-O llegó. Y la osadía se plasmó en una violación masiva de los mandatos constitucionales y judiciales por medio de un referéndum generalizado y la omisión plena de los Mossos de controlar el delito. Llegó la Declaración Unilateral de Independencia. Y llegó el 155, con respaldo de un PSOE que chirriaba internamente.
El discurso del rey Felipe VI hizo ver la luz tras las tristes y aciagas imágenes del referéndum
Todo ello, bajo la atenta mirada de un Rey que había plasmado previamente en sus discursos la necesaria defensa de España y la Constitución. Y de un pueblo, el español, que llenó de banderas sus balcones y de manifestantes las calles para dejar claro que la Transición, la Constitución y España no eran patrimonio negociable de los partidos.
La Justicia actuó. Y octubre y noviembre albergaron la fuga de Puigdemont a Bélgica y la entrada en prisión de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez (presidentes de Òmnium Cultural y ANC, respectivamente) y de Oriol Junqueras y parte de los consejeros catalanes.
Al retirar la euroorden, Puigdemont y los suyos serán juzgados por los delitos más graves
Diciembre ha cerrado este cúmulo de horrores. Por ahora. Porque el resultado de las elecciones convocadas por el Gobierno de Rajoy para el 21-D ha finalizado como todo empezó: con la capacidad de seguir aplicando el suicidio planificado para Cataluña por JxCAT y ERC. Eso sí, salvo por un detalle que tendrá, con bastante probabilidad, repercusión nacional: el triunfo -sin deriva práctica de gobernabilidad, pero sí de influencia- de Ciudadanos. Un partido en auge por un solo motivo: el de haber apadrinado, tarde pero sin matices, la plena legalidad en Cataluña.
Así transcurrió el año 2017. Con una nota dominante –Cataluña-, que lo seguirá siendo en 2018. Y no solo por su debacle económica en plena fuga de empresas.
Y Torra cogió su fusil… amarillo
Quim Torra ha ordenado descolgar los lazos amarillos de los edificios públicos. El presidente de la Generalitat dispara para seguir haciendo ruido y se esconde tras el humo. Sánchez no da la cara y es el Poder Judicial el que defiende el Estado de derecho.