Hay jinetes de luz en la hora oscura
Juan Milián Querol | 30 de septiembre de 2020
En una España golpeada por la muerte y el desempleo, el Gobierno nos quiere más estresados, más histéricos, más divididos.
El lunes por la tarde un transeúnte entró en el Palau de la Generalitat para lanzar proclamas a favor de la «desobediencia civil» e instar a los catalanes a «empujar», una versión descafeinada del «apreteu. Después salió del palacio y se paseó por los alrededores con más de seis seguidores empujando y apretando, es decir, sin mantener ninguna distancia de seguridad. Quizá se crean tan inmunes al coronavirus como impunes se creyeron ante la ley. La cuestión es que la arenga no sirvió para maquillar el acatamiento de la decisión del Tribunal Supremo y el pícaro Quim Torra se fue tan contento hacia su planeado retiro dorado.
Lo escogieron por sus insultos a los españoles y se fue riéndose de todos, especialmente, de los independentistas. Sabiendo como había acabado su predecesor, forzó una inhabilitación confesa y publicitada, no dio ningún paso hacia la independencia, apenas ejerció las competencias autonómicas e impulsó un nacionalismo cultural agrio y ensimismado que les ha hecho perder seguidores. Pero a él le da igual, se va de manera poco honorable, no por una pancarta, sino por desobedecer de manera contumaz a la autoridad electoral. Si Carles Puigdemont se fugó tras dar un golpe a la democracia, el pícaro Torra se va con los privilegios de expresident por haber hecho trampas a la misma. Y es que es un tramposo que se llenará los bolsillos dando las mismas peroratas, pero sin tener que gestionar, ni rendir cuentas.
Torra ya es pasado y no vamos a perder un minuto más con el personaje, pero el gobierno de España trabaja, también de manera contumaz, para que vengan otros torras, para que el separatismo no pierda la esperanza y el constitucionalismo no levante cabeza. Las prioridades de Pedro Sánchez y las estrategias de Iván Redondo están llevando al gobierno de la nación a premiar el mal comportamiento y a golpear las manos tendidas. Los incentivos creados son, pues, perversos. Si la gestión del gobierno de España es ya percibida por la mayoría como nefasta y negligente, caña a Ayuso. Si las cesiones al separatismo preocupan a los constitucionalistas, caña al Rey. Los trucos de La Moncloa son tan antiguos como la política de los demagogos. Son las cortinas de humo de toda la vida, pero esta vez el humo es tóxico y no pocas personas, incluso las mejor informadas, lo están inhalando con fruición. Veamos.
El último barómetro de GAD-3 para ABC indica que aumenta notablemente el número de españoles que creen que el Gobierno de Sánchez lo está haciendo peor que los de otros países. Llevamos tiempo en la cima de las peores listas: muertos por coronavirus por millón de habitantes, sanitarios contagiados, destrucción de empleo, caída de la producción… La mala gestión siempre ha sido evidente: desde infravalorar el peligro pandémico por razones ideológicas hasta pasar de las medidas más restrictivas y cesaristas a unas vacaciones absolutas de las responsabilidades gubernamentales. Sin embargo, hasta hace unas semanas la mayoría de los españoles, según esta encuesta, aún creían que la crisis era menos grave o igual que en los países de nuestro entorno y que el gobierno español estaba actuando mejor o igual que el resto.
El «no se podía saber» fue tan lamentablemente eficaz que el Gobierno no sintió la necesidad de rendir cuentas, analizar lo sucedido y mejorar. Ahora, en plena segunda ola, corren el riesgo de que el miedo sea sustituido por la ira y que la tolerancia con los irresponsables toque a su fin. ¿Y qué han decidido? ¿Corregir? No. Están doblando la apuesta metiendo en la agenda mediática más debates divisorios.
Los maquiavelitos saben que cambiar el objeto del debate es una manera de no perder un debate. Así pues, Salvador Illa hace tiempo que ha dejado de actuar como ministro de Sanidad para reconvertirse en portavoz de la oposición a Isabel Díaz Ayuso. Quizás esté haciendo méritos para ser aquel candidato del PSC que regale la presidencia de la Generalitat a Esquerra Republicana. El gobierno de la Comunidad de Madrid actuó antes que el resto de las comunidades y, fundamentalmente, antes que un ministerio que fue a remolque y que, durante días, nos recomendó no usar mascarillas. Con todo, han conseguido que no se hable de otros gobiernos autonómicos que han protagonizado una gestión contraproducente, como el catalán y sus vetos al Ejército. El poder mediático a favor de esa maniobra de distracción es enorme, pero la experiencia vivida por los españoles durante los últimos meses no puede ser borrada de un plumazo. Así que el Gobierno necesita abrir otros debates emocionales y polarizadores, que echen más hormigón sobre la verdad. Es decir, cuanto peor, mejor.
Así, los vicepresidentes y ministros que se pasaron meses recomendando series de televisión o haciendo el panoli con las apuestas, mientras morían alrededor de 50.000 españoles por coronavirus (ni eso sabemos), ahora se rasgan las vestiduras por una llamada de cortesía del Rey al presidente del Consejo General del Poder Judicial. En el veto a la presencia de Felipe VI en el acto del reparto de los juzgados en Cataluña, no solo hay un compromiso con el separatismo para retirar a marchas forzadas el Estado de esta comunidad.
Hay también la voluntad de generar una polémica que tape las vergüenzas del Gobierno: la gestión de la pandemia, pero también las cesiones a un independentismo al que rearman en un momento en el que prometen, como el Barça, «volverlo a hacer». Y lo peor es que lo harán patrocinados por un Gobierno de España dispuesto a todo para aprobar los presupuestos con los independentistas. De este modo, si no son suficientes los indultos para aquellos presos que no han mostrado ninguna contrición, el Gobierno está dispuesto también a una reforma del Código Penal que beneficie a aquellos que se fugaron con Puigdemont.
Así pues, para tapar la peor gestión pandémica y el pacto con el separatismo, coquetean con poner fin a todo consenso constitucional, a lo que denominan el «Régimen del 78», es decir, a la Monarquía parlamentaria, a una democracia plena y europea. El ministro de Justicia aseguró en junio que España vive «una crisis constituyente» y sus compañeros y camaradas se esfuerzan para que así sea. Y si no logran cambiar la Constitución, seguro que podrán pervertirla. Irresponsables. En una España golpeada por la muerte y el desempleo, el Gobierno nos quiere más estresados, más histéricos, más divididos. Juega con fuego. No, Sánchez no cesará ni a Pablo Iglesias, ni a Alberto Garzón, por sus ataques a la Jefatura del Estado.
Todas sus salidas de tono forman parte de un plan de polarización que tape la realidad: la negligente gestión, la laminación de la separación de poderes y el patrocinio de quienes golpearon a la democracia. Subvencionar el conflicto desde el poder es condenar a España a algo más que a unos meses duros de empobrecimiento y discordia. En Cataluña, sin ir más lejos, no pocos empiezan a ver que la factura del procés la pagará, como mínimo, toda una generación. Quizá Sánchez espere escapar como Torra en el último minuto, pero hacer con España lo que se hizo con Cataluña es condenarnos a todos a la hoguera.
Sánchez soltó el mando único para que las autonomías asumieran un papel que no les corresponde ante una amenaza externa y global. Ahora ve cómo todo el peso de la culpa cae solo en Madrid, la joya del PP.
Con el veto al Rey en la entrega de despachos a la promoción de jueces en Barcelona, parte del Gobierno queda implicado en una conjura fraudulenta, que puede afectar al conjunto si no se produce una desautorización.