Hay jinetes de luz en la hora oscura
Gonzalo Hinojosa | 23 de noviembre de 2020
La principal razón de la desastrosa gestión de la pandemia es que se hace con criterios políticos. 50.000 muertos es una cifra suficiente para no demorar la búsqueda de soluciones y la adopción de nuevas medidas.
El confinamiento es la principal arma que manejan, y es evidente que es absolutamente necesaria, pero no suficiente, porque el hecho de controlar poblaciones no mejora y no cura a la población confinada. Pero, como la gestión de la pandemia es más política que médica, vienen bien gestos grandilocuentes, a veces tomados unilateralmente más por el motivo político que con vistas a minorar los contagios, las hospitalizaciones y las muertes con el menor daño posible a la economía y a la vida de los ciudadanos.
Es indudable la mala gestión de la pandemia, ya que es inconcebible que un país como España tenga las peores ratios de contagios y muertes por habitante del mundo desarrollado.
La principal razón del desastre de gestión está en llevarla con criterios principalmente políticos.
Es muy triste ver cómo todos los partidos políticos, que existen fundamentalmente para mejorar la vida de los ciudadanos, se han enzarzado en peleas estériles intentando sacar rédito electoral, con lo cual el ciudadano se encuentra desorientado, frustrado, desilusionado e indignado, mientras aumentan las cifras de contagio y los fallecimientos.
Las mentiras, medias verdades o falsas noticias han sido, tristemente, las normas de acción principal.
La falta de datos y de transparencia es total.
Pero lo que importa es mirar hacia adelante y encontrar soluciones.
Hace falta un acuerdo de todos los partidos políticos de no utilizar la gestión de la pandemia como arma arrojadiza por ninguno de ellos, incluidos el Partido Popular y Vox.
Es necesario poner en marcha un comité de expertos independientes (nos engañaron a los españoles, porque no existía), pero teniendo en cuenta que no solo debe estar ocupado por los médicos, sino también por estadísticos, juristas y analistas expertos en algoritmos.
El objetivo es desarrollar medidas en función del análisis de los lugares donde se producen los contagios.
Debería estar presidido por el ministro de Sanidad.
Lo que hay que hacer es entender dónde y cómo se producen los contagios mediante técnicas estadísticas. Hay temas, como el transporte público, del que ni se ha hablado, por ejemplo el metro, que hoy no sabemos qué incidencia tiene en la tasa de contagios en Madrid, pero seguro muy alta. Sin embargo, nos limitamos a cerrar los bares y comercios.
Estamos llegando al ridículo de cerrar las barras de los bares, mientras en los vagones de metro se agolpan miles de personas por debajo de las distancias mínimas.
El transporte público, las salas de espera de consultas de hospitales o de despachos profesionales, cines y teatros, trenes, aviones, peluquerías, colegios y toda clase de lugares, donde se producen reuniones de varias personas en espacios reducidos, deben ser examinados.
Solo nos hemos centrado en dos temas: mascarilla y confinamiento. Ambos necesarios, pero insuficientes, como estamos viendo.
Para ello, es necesario crear un cuestionario apropiado por expertos en estadística en el que a todo positivo se le haga un simple interrogatorio de pocos minutos para conocer todos los sitios donde ha estado y encontrar, por técnicas estadísticas, cuál ha sido la importancia de su influencia en contagios y la correlación entre contagios y todos estos lugares.
Una vez establecidas las correlaciones, diseñar planes específicos para rebajar la incidencia en estas fuentes de contagio.
Además, hay que involucrar a diversos colectivos:
– Colegios de médicos y especialistas en pandemias, para que propongan medidas justificadas y critiquen las de los poderes ejecutivo central y autonómicos no justificadas (confinamiento de personas sanas o que no contagian).
– Jueces, para que su carrera no se vea amenazada por condenar a los poderes ejecutivos y pidan responsabilidades sobre actuaciones irregulares: por el papel de esos políticos como empresarios de la sanidad pública (no proporcionar EPI a los sanitarios debería tener consecuencias parecidas a no proporcionar casco o similar en la construcción); por autorizar manifestaciones o no tomar medidas en las residencias, falsear el número de muertos, etc.; por comprar EPI de mala calidad y a precios excesivos.
– Medios de comunicación, por inducir a infravalorar los riesgos.
Propongo estas medidas con la mejor voluntad y humildad y, posiblemente, personas mejor preparadas que yo podrían ampliar este abanico de medidas antes de que continúe el deterioro de la economía, la crispación política de nuestro país, el descrédito de todos los políticos frente a los ciudadanos.
Pero, repito, 50.000 muertos es una cifra suficiente para no demorar estas medidas.
La esperanza de una vacuna no nos debe aplazar las medidas imprescindibles porque, aunque sea eficaz, faltan varios meses para que se ponga efectivamente en marcha.
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