Hay jinetes de luz en la hora oscura
Javier Varela | 16 de noviembre de 2020
Las permanentes rectificaciones del Gobierno durante la pandemia no hacen sino elevar la desconfianza de los ciudadanos hacia las Administraciones en estos tiempos de incertidumbre.
La verdad, no me ha sorprendido en absoluto el anuncio del Gobierno de España de rebajar el IVA de las mascarillas del 21% al 4%. Sobre todo porque el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez lleva ocho meses haciendo bueno al refranero español con aquello del «donde dije digo, digo Diego». Toman una decisión para modificarla a la semana siguiente, pasadas 24 horas o, en algunos casos, un rato después de hacer el anuncio. No hay manera de que tomen una decisión a la primera. A lo largo de esta pandemia, los cambios de criterio en la gestión de la crisis sanitaria han estado motivados principalmente por el desconocimiento. Pero las permanentes rectificaciones del Gobierno durante la pandemia no hacen sino elevar la desconfianza de los ciudadanos hacia las Administraciones en estos tiempos de incertidumbre, aunque se empeñe el señor Tezanos en decirnos cada cierto tiempo las bondades de Pedro Sánchez y sus ministros. «Qué deCIS», que diría el gran Chiquito de la Calzada.
«Errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios», decía el poeta británico Alexander Pope. Una frase que podría loar las decisiones de este Gobierno de continuos vaivenes. Pero es imposible. Sobre todo porque rectificar implica asumir el error previo, y ese ejercicio no lo ha hecho todavía el Gobierno. Ni durante la gestión de la epidemia, ni tiene pinta de que lo vaya a hacer. Siempre hay un ‘rival’ político al que achacarle una decisión inoportuna. Aprovechando la oratoria de Pope, a este Gobierno le pega más otra de sus célebres máximas: «El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera». Y digo esto porque, a pesar de cambiar de opinión con tanta facilidad, frecuencia y rapidez, Pedro Sánchez no termina de encajar en lo que entendemos por sabio.
La última «actuación» ha sido a costa del IVA de las mascarillas. Hasta esta semana, el Ejecutivo había rechazado hacerlo porque podría incumplir la normativa europea y, osado él, se atrevía a acusar a otros países de haberlo hecho «por las bravas». Pero, mira por dónde, la Comisión Europea ya había aclarado el pasado 5 de mayo a todos los Estados miembro que tenían vía libre para abordar estas reformas. Entonces, no se ha rectificado. Simplemente se ocultó la verdad. Porque decir que mintieron queda feo. De hecho, el Gobierno no realizó ninguna consulta oficial a Bruselas sobre el asunto hasta el 6 de noviembre y esperó para comunicar el anuncio en el debate de los presupuestos generales del Estado. El relato, ya saben.
En este carrusel de rectificaciones, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció el pasado miércoles que España pedirá un test PCR negativo a todos los viajeros internacionales que lleguen de países de riesgo a partir del próximo 23 de noviembre. Buena noticia. Necesaria. Lástima que llegue con siete meses de retraso, a pesar de que se trataba de una medida que el sector turístico y las aerolíneas llevaban meses pidiendo al Gobierno. Incluso las instituciones de Madrid tuvieron una de sus innumerables «enganchadas» con el departamento de Salvador Illa a costa de este control de turistas.
Pero quizá la situación más dolorosa y vergonzante para este Gobierno sea la de las cifras de fallecidos por la pandemia. La pasada semana se superaban las 40.000 defunciones -según las cifras oficiales de Sanidad-, después de unos «ajustes» de muertos. Las actualizaciones diarias de la pandemia que presenta el ministerio no han hecho más que sembrar la duda sobre la solidez de los datos que maneja el Gobierno. Irregularidades en el recuento de afectados, fallecidos y hospitalizados han sido una constante en estos meses. El resto de datos de fallecidos en España desde marzo que se manejan por diferentes instituciones sitúan la cifra en 80.000, pero eso sería decir la verdad y ya saben.
Nada nuevo en este Gobierno, que repitió hasta la saciedad que las mascarillas no se necesitaban para, meses después, convertirlas en una parte más de nuestras vidas. De hecho, en marzo resultaban «innecesarias» e incluso «contraproducentes». Un mes después, comenzaban a ser algo a tener en cuenta, para pasar a ser recomendables en abril y, desde el pasado 4 de mayo, ser obligatorias para llevarlas en el transporte público. Un cambio de opinión basado, solo y exclusivamente, en un problema de escasez. Porque el coronavirus sorprendió a las autoridades sin suficiente material, y el poco que había se destinaba al personal sanitario. El propio Salvador Illa reconoció esto de forma no explícita: «No podemos recomendar algo que no se pueda cumplir».
Otro de los cambios de opinión se produjo con el paseo de los menores durante el confinamiento. Algunos ya no se acordarán, pero, a finales de abril, el Consejo de Ministros permitió salir a los menores de 14 años, pero solamente acompañando a adultos a compras autorizadas. Una medida tan criticada que obligó al Gobierno a cambiar de opinión. Si hasta el vicepresidente Pablo Iglesias, como el que lee un cuento, pedía «perdón» a los niños y sus familias por la descoordinación. «Quiero dirigirme a los niños y niñas que nos estáis viendo. Lo primero que querría es pediros disculpas. No hemos sido todo lo claros que deberíamos a la hora de explicar cómo podríais salir a dar paseos con vuestras familias». Una rectificación edulcorada.
Otro bandazo fue más reciente y tuvo al toque de queda como protagonista. Pasó de obligatorio a opcional en lo que tarda en publicarse un BOE. Primero, se decretó un confinamiento nocturno de 23:00 a 6:00h con carácter obligatorio, pero dejó de tener valor poco después, para dar paso a un nuevo real decreto -cómo se estila esto de gobernar a golpe de real decreto- de prórroga del estado de alarma para que las comunidades autónomas pudiesen levantar el toque de queda a partir del 9 de noviembre. Vamos, un toque de queda con 17 timbres. Maravilloso. Una prórroga, por cierto, que se extiende desde el pasado 9 de noviembre al 9 de mayo de 2021. Seis meses seis. Como los miuras que saltaban a Las Ventas.
Pero una de las más hilarantes decisiones, que ha cambiado más que el tiempo en estos últimos meses, fue la vuelta al colegio. El Ministerio de Educación, encabezado por Isabel Celaá -su nueva ley de educación merece otro artículo aparte-, se agarró a sus medidas de junio como el mismísimo Bill Murray en El día de la marmota. La ministra pensó que la situación epidemiológica era igual en junio que en septiembre y que las medidas de antes del verano servían para después. Evidentemente no. Y claro, mejor decir que las competencias son de otros, para no dejar en evidencia tu incompetencia.
Pero podríamos añadir muchos más bandazos en estos meses, como los test falsos, la ausencia de PCR, los engaños en las compras de material, el ninguneo al Ejército para luego pedir su ayuda… Un Gobierno especialista en cambiar de opinión ante la presión de una sociedad que lo obliga a cambiar decisiones muy marcadas en su discurso habitual. Por algo les dije al principio que aquella frase del bueno de Alexander Pope no podía aplicarse a este Gobierno. Ya saben, aquello de que «errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios».
El Gobierno solo tomó medidas frente al coronavirus cuando pasó el 8M, pese a las advertencias de la OMS y el espejo de Italia. Ahora, lejos de atajar la situación, buscan culpables colaterales.
El líder del PP se enfrenta al problema de que, para alcanzar el fin principal de sustituir electoralmente a la izquierda, ha de abordar la dificultad de no poder eludir el hecho ya consumado de que sus decisiones topan con las del partido que rivaliza con su liderazgo en la oposición.
