Javier Redondo | 08 de junio de 2020
Ha quedado demostrado que existía un ‘plan B’, cuya única cláusula obligatoria consistía en activarlo cuando el presidente del Gobierno dispusiera. Los interrogantes no eran ni qué contenía ni cómo se hacía, sino el cuándo.
Total, que había ‘plan B’, cuya única cláusula obligatoria consistía en activarlo cuando Pedro Sánchez dispusiera. Las cuestiones no eran ni qué contenía ni cómo se hacía, sino el cuándo. Y ese ‘plan B’ se parecerá mucho al que se hubiera podido aprobar hace exactamente 33 días, fecha en que Ciudadanos decidió apoyar la cuarta prórroga del estado de alarma a condición, entre otras, de que Sánchez pergeñara ese mismo ‘plan B’ que aseguró no tener durante todo el tiempo que siguió. Después de aquel 6 de mayo, el presidente ha comparecido en televisión una vez por semana, dosificando bits e información para oídos finos, amanuenses, palatinos, pretorianos y audiencia en general: abrió la posibilidad a «sucesivos estados de alarma … hasta encontrar una vacuna» y en curso hacia la «nueva versión de nuestra vida normal».
A mediados de mayo, una semana después de aceptar con los dientes prietos que buscaría ese huidizo ‘plan B’ requerido por Inés Arrimadas, Sánchez pretendió una prórroga de «al menos un mes» para terminar de atar la ‘desescalada’. Esa prórroga prevista le hubiese llevado exactamente hasta el día 22 de junio, o sea, hasta donde va a llegar con la meta volante de esta última prórroga.
En esta última prórroga que hoy solicitamos serán las CC.AA. quienes decidan cuándo pasar de la #Fase3 a la #NuevaNormalidad. La cooperación seguirá siendo clave en la gestión de esta crisis. Es otro modo de hacer las cosas: unidos por la necesidad y el interés común. pic.twitter.com/A67n9yDcAc
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 3, 2020
Luego aprobará otro decreto que ajuste la legislación vigente a la ‘posdesescalada’ y asegure lo que pudo hacerse hace un mes sin necesidad de convertir en un zoco cada fase. Resulta que sí era posible, tal cual se dejó aquí por escrito el 11 de mayo, con la legislación vigente (Ley de Medidas Extraordinarias en Materia de Salud Pública, Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Salud Pública y la Ley de Sistema Nacional de Protección Civil), programar la recuperación progresiva de la actividad, manteniendo el Gobierno la competencia de la coordinación.
Pablo Casado lo propuso, por segunda vez, la primera vez que votó ‘no’ a la prórroga del estado de alarma, esto es, ¡la quinta prórroga!, que coincidió con el tránsito de la primera a la segunda fase del regreso a lo que queda. Ese 20 de mayo, la prórroga salió adelante con el apoyo de Bildu, sujeto a la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy y a la cesión en exclusiva a País Vasco y Navarra de una especial capacidad de gasto para corporaciones municipales, sustraída al resto de municipios españoles. Compromís se cayó de las dos últimas prórrogas y el celoso PNV quiso propinar un codazo a Bildu y salir primero en la foto de la sexta prórroga, garantizando que las CC.AA. gestionarán la fase 3, aparentemente lo contrario de lo pactado con Cs, que exigió que las medidas «sean idénticas para toda España».
Efectivamente, lo serán: para todas las autonomías, un mismo decreto que les permitirá autorregularse bajo supervisión central. Y no serán del todo idénticas, pues parece que ERC ha conseguido, a cambio de su abstención –Gabriel Rufián compra barato o amenaza mejor con romper la unidad contra los mismos-, gestionar autónomamente los fondos europeos para la reconstrucción y la gestión de la renta mínima, lo que la derivaría hacia la ruta que siguió la ley de Dependencia: el Estado determina el mínimo de protección y la cuantía adjudicada en los presupuestos y transfiere su planificación y gestión a las autonomías.
Así que el nuevo decreto, que parecerá un edicto, pondrá fin a la subasta, y pies para qué os quiero: tinto de verano y, se rumorea, público en las gradas. Para que el giro cuadre -del «rebrote o Sánchez» al turisteo- sobran fallecidos (imperdonablemente, el luto ha pasado inadvertido). De modo que las cuentas se reajustan, enfrían o reconsideran con tiento. Serán los presidentes autonómicos los encargados de regular la movilidad en la región y el Gobierno el que autorice la movilidad entre regiones. Tiene todo el sentido, tanto como que el decreto se apruebe con el concurso del PP, aunque solo sea por si no sale bien.
A Pablo Casado no le fallaron los argumentos sino los tiempos. Pedro Sánchez neutralizó la discusión con su chantaje. Al insinuar «prórroga o caos», se atrincheró en su rincón y cerró la posibilidad de acuerdos.
Ciudadanos repite su apoyo al Gobierno ante una nueva prórroga del estado de alarma. El partido de Inés Arrimadas trafica con un político sin ética y lo pagarán todos los españoles.
