El Debate de hoy

Hay jinetes de luz en la hora oscura

En el mes de diciembre del pasado año se publicaron los resultados del último Informe PISA, ese estudio comparativo que elabora periódicamente la OCDE para medir el rendimiento académico en los países miembros a partir de una serie de pruebas realizadas a alumnos de 15 años de edad. De entre los 78 estados participantes, España volvió a situarse por debajo de la media de la OCDE y, en concreto, en las pruebas de Matemáticas y Ciencias los estudiantes acabaron obteniendo las posiciones 28 y 25 del ranking, respectivamente, empeorando los puestos alcanzados en el informe publicado en 2016. No cabe duda de que algo no acaba de funcionar en un sistema educativo que lleva casi medio siglo siendo maltratado por una clase política siempre más preocupada por el cortoplacismo de los votos que por el futuro del país.

Decía Winston Churchill que «el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones». Países punteros en educación que llevan años convirtiéndose en referencia, como Japón, Corea, Estonia, Holanda, Canadá o la siempre mencionada Finlandia, tienen claro que el consenso político en esta materia es una prioridad nacional. Decía Harri Skog, secretario de Estado de Educación en Finlandia, que «la educación es la llave para el desarrollo de un país», razón por la cual consideraba imprescindible invertir en un modelo educativo avanzado y estable, poniendo en manos de un profesorado cualificado el auténtico tesoro de la nación, que no es otra cosa que los niños y jóvenes que el día de mañana dirigirán los destinos del país.

No cabe duda de que las comparaciones son odiosas. En España, desde la llegada de la democracia con la aprobación de la Constitución de 1978, la educación se ha convertido en un toma y daca entre los dos principales partidos políticos y en moneda de cambio para contentar a los insaciables nacionalismos periféricos. En este contexto de guerracivilismo casi permanente, cada vez que el PSOE ha llegado al Gobierno ha buscado con prioridad casi obsesiva la derogación inmediata de las leyes promulgadas por el Partido Popular. En todo caso, desde la LOGSE a la LOE, pasando por la LOCE y la LOMCE, y acabando en el actual proyecto de la LOMLOE, lo último que se ha buscado por parte de unos y otros ha sido el consenso, la estabilidad y un modelo educativo consistente de futuro.

Haciendo un breve repaso a la evolución de las leyes de educación, cabe empezar por la Ley General de Educación (LGE) de 1970, aquella que estaba vigente cuando llegó la Transición a España, y que establecía la conocida estructura en la que la enseñanza primaria se llamaba EGB y la secundaria se iniciaba con el BUP, un bachillerato en tres cursos, y terminaba con el Curso de Orientación Universitaria (COU). Tras la aprobación de la LODE en 1985, una ley menor que incorporó el sistema de colegios concertados bajo el Gobierno de Felipe González, llegaría la gran revolución de la mano de la LOGSE en 1990, derogando la LGE y cambiando de manera significativa el modelo educativo. Aquel Gobierno socialista estableció entonces la escolaridad obligatoria hasta los 16 años con la creación de la ESO, abriendo a las comunidades autónomas la competencia para la redacción de contenidos.

Varios años después de la llegada al Gobierno de José María Aznar, cuando el PP estaba en 2002 en la mitad de su segunda legislatura y disfrutando de mayoría absoluta en el Congreso, se promulgaba la LOCE, con el objetivo de reformar y mejorar la calidad de la educación. Fue una ley que no llegó a aplicarse, ya que, tras la victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, fue rápidamente derogada en favor de la LOE. Aquella ley orgánica de educación fue aprobada en el Congreso con el apoyo de partidos nacionalistas y el voto en contra de los 148 diputados del Partido Popular. Fue una controvertida ley que rebajaba la exigencia hacia los estudiantes, permitiendo pasar de curso con materias suspensas, y dejaba como voluntaria la asignatura de Religión, en favor de una nueva materia de carácter obligatorio, Educación para la Ciudadanía, ampliamente criticada dado su enfoque de adoctrinamiento moral hacia los estudiantes.

A nadie pasa desapercibido que la nueva ley estará vigente… hasta que se produzca un nuevo vuelco electoral por parte del centroderecha. Es cuestión de tiempo

De nuevo, la victoria del PP en las elecciones de 2011 permitió a los populares diseñar una ley de reforma de la LOE que tenía como objetivo una cierta recentralización de contenidos, al estilo del modelo francés, al tiempo que volvía a dar validez académica a la asignatura de Religión y establecía una serie de reválidas para garantizar el nivel educativo. La denominada LOMCE o ley Wert tuvo una amplia oposición por parte de los partidos de izquierdas y nacionalistas, aunque fue aprobada en el Congreso en 2013, merced a la amplia mayoría absoluta de que disfrutaba el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta es la ley educativa en vigor hasta hace unos días, aunque algunas de sus disposiciones nunca llegaron a aplicarse.

Con la moción de censura ganada por Pedro Sánchez en 2018 volvió al Gobierno el PSOE, ganando las elecciones de noviembre del año siguiente. El nuevo Ejecutivo, investido con el apoyo de partidos de izquierdas, nacionalistas e independentistas, se puso desde el primer momento como objetivo la elaboración de una nueva ley de educación, con la intención de derogar la LOMCE a la mayor brevedad posible. En esta tesitura nacía el proyecto de LOMLOE o Ley Celaá, recientemente aprobada en el Congreso, que incorpora controvertidos elementos, como el de la eliminación del castellano como lengua vehicular, pagando así el peaje del apoyo soberanista al Gobierno, las restricciones a los centros concertados, la titulación sin límite de suspensos o el cierre de centros de educación especial.

De nuevo la polémica está servida. Una nueva ley de educación, aprobada sin el apoyo de partidos importantes como el PP o Vox, que juntos suman 136 diputados, y que nació sin la menor intención por parte del Gobierno de negociar un acuerdo de consenso que pudiera dar la necesaria estabilidad a un modelo educativo que suma ya, desde 1990, cinco reformas con enmiendas a la totalidad. Se antoja complicado pensar que, con tanto cambio políticamente interesado, España pueda mejorar su paupérrima posición en el ranking del Informe PISA, y sobre todo a nadie pasa desapercibido que la nueva ley estará vigente… hasta que se produzca un nuevo vuelco electoral por parte del centroderecha. Es cuestión de tiempo. Mientras tanto, seguiremos devaluando nuestra educación, alejándonos de la cultura del esfuerzo, laminando la cohesión territorial de España, y olvidándonos de las nuevas generaciones, el auténtico tesoro de nuestra nación.

Imagen destacada: PCM