Hay jinetes de luz en la hora oscura
Javier Morillas | 09 de noviembre de 2020
Tras nueve años, el nuevo acuerdo del Pacto de Toledo avanza en la buena dirección, pero se queda corto y en algunas de sus recomendaciones resulta manifiestamente errático.
Queremos creer que las flamantes «21 recomendaciones» del reciente acuerdo del Pacto de Toledo son una especie de placebo que, reuniendo a los principales grupos parlamentarios, pretende forzar el compromiso de revertir el déficit estructural de 18.000 millones de euros que afecta a la Seguridad Social y que la actual crisis puede agravar hasta los 25.000 millones. Incluye propuestas ya antiguas, como la del alargamiento de la vida activa o la de desincentivar prejubilaciones, en tanto que el Banco de España señala que todavía un 40% de los trabajadores se prejubila.
El nuevo acuerdo rechaza los incrementos de cotización a las rentas más altas y reinstaura por ley la vinculación anual de las pensiones a la inflación, lo cual hoy tiene una trascendencia menor por lo negativo del IPC en los próximos años. Más trascendente es cómo financiar los 1.400 millones extra de gasto solo en 2021 por el alza electoralista prometida del 0,9%, y que Bruselas mirará sorprendida. También permanece la incógnita del nuevo sistema de cotización de los autónomos, así como la despenalización de las carreras de cotización de 40 años o más y, por supuesto, el futuro de los planes privados.
Pero, entre los aspectos más inconsistentes, está la propuesta de «separar» y «clarificar» algunos de los llamados «gastos impropios» supuestamente no contributivos, trasladando a los prepuestos generales del Estado 22.871 millones de euros: un 1,6% del PIB en 2023. Esto supone simplemente cambiar el déficit de sitio, dentro de las cuentas públicas. Y dejar de considerar, por ejemplo, las pensiones de viudedad como gananciales en la pareja, de igual forma que son para la mujer los activos adquiridos durante el matrimonio, como gozan y han gozado millones de viudas sin trabajar fuera del hogar. Esto se pretende justificar por «Separar» y «Clarificar las fuentes de financiación», ya muy «clarificadas» en nuestras estadísticas oficiales: en la última nómina suman la «separada» y «clarificada» cifra de 1.709 millones de euros mensuales, del total de 9.911,43 millones del gasto en pensiones de jubilación.
Tampoco estamos de acuerdo en la separación de los gastos de gestión del sistema, que deben ser asumidos por el propio organismo gestor de la Seguridad Social –como ocurre con otros organismos- al que, como ente «asegurador», se debe exigir eficiencia y profesionalización máxima, como a Paradores Nacionales, Correos, Patrimonio Forestal del Estado o Patrimonio Nacional, u otro, cuyos gastos de gestión no se trasladan a presupuestos.
Distintas son las consideraciones que pueden hacerse de las reducciones por tarifas planas de los autónomos, que vienen siendo, desde su creación, una «medida activa» de ayuda al empleo y, por tanto, sí procedería en este caso la separación del sistema de la Seguridad Social e incluso los complementos por maternidad, nacimiento, o cuidado de hijos, que podrían considerarse como «ayudas a la natalidad», o a la familia, a pesar de su modesta cuantía.
Otras de las propuestas se orientan a incentivar los pagos de pensiones por sistemas de planes complementarios, favoreciéndolos en la negociación colectiva con incentivos fiscales, y en detrimento de los planes privados. Todo lo cual genera dudas, máxime cuando vimos recientemente cómo el Gobierno, ante su crisis de liquidez, intentó apropiarse del ahorro de los ayuntamientos, gracias al cual estos consiguieron sanearse, desendeudarse y generar superávits. Al mismo tiempo, es contradictorio querer estimular cualquier forma de planes alternativos de jubilación y eliminar, como se han eliminado en los PGE-2021, las desgravaciones fiscales hasta ahora existentes para los planes privados, aunque el ministro José Luis Escrivá dice que aportará 2.000 millones más de lo que aportaba la desgravación actual. De hecho, hoy teníamos ya 8’5 millones de personas con fondos de pensiones. En el País Vasco han arraigado los planes de empresa de jubilación. Y sería importante complementar los sistemas de reparto con los de capitalización, a pesar de la competencia que tradicionalmente han supuesto las inversiones en el sector inmobiliario, más rentables.
También para mantener el sistema es vital incentivar las carreras de cotización, extendiendo el cálculo hasta los 25 años desde los 15 actuales, incluso a toda la vida laboral, poniendo cerco al empleo irregular y la consiguiente economía sumergida. Lo que igualmente es incompatible con la reducción gubernamental aprobada de los requisitos para el cobro de ayudas como el Ingreso Mínimo Vital. Y, por supuesto, hay que incrementar la natalidad, sin creer que la inmigración lo solventará, dado que solo un mayor número de cotizantes a la Seguridad Social o grandes incrementos de productividad total de los factores en nuestra economía pueden garantizar su sostenibilidad. Si hoy tenemos 8.861.002 pensionistas, en 2030 el 25% de la población será mayor de 65 años. Y, salvo seleccionar una inmigración de calidad STEM -Ciencias, TIC, Ingeniería y Matemáticas-, el sistema se sobrecargará con la actual, de muy baja cualificación, solo temporalmente encajable en sectores muy intensivos en factor trabajo. No, desde luego, en un sistema productivo como el español, de intensidad tecnológica alta-media alta.
Actualmente, tenemos 8,86 millones de pensionistas, que reciben 158.212 millones de euros (2020) y que serán 163.297 millones en 2021. Recordemos que la ley de Retiro Obrero de 1916 fijó la jubilación en 65 años, cuando hoy la esperanza de vida en España supera los 80, y la edad oficial de jubilación está en 65 años y 10 meses, mientras que la real, en 64 y 6 meses. Mantener la oficial en 67 desde 2027, como se acordó en 2011, supone reducir un cuarto del déficit por cada año ganado a la edad real de jubilación, ingresando 4.500 millones más al año. En definitiva, podemos decir que, tras nueve años, el nuevo acuerdo del Pacto de Toledo –frustrado demagógicamente en su momento por la actual ministra de Trabajo de Unidas Podemos- avanza en la buena dirección. Pero se queda corto y en algunas de sus recomendaciones resulta manifiestamente errático.
El sistema está condenado a aplicar recortes, y, cuanto antes se reconozca esta realidad, más tiempo tendrán los trabajadores para planificar convenientemente su futura jubilación.
Revertir la silueta de la pirámide poblacional es la única manera de asegurar la sostenibilidad del sistema.
