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La libertad de información es la más frágil y pide jueces que la defiendan y no la debiliten

El secreto profesional es un derecho de los periodistas para proteger sus fuentes informativas cuando pidan ser amparadas por el anonimato. Lo ocurrido en Mallorca supone un atentado a la información.

Hay países donde el único lugar protegido de escuchas ajenas es el mar al abrigo del ruido de las olas y donde más de un periodista se ha servido de un oportuno chapuzón para despachar con un interlocutor confidencial; aun así, nunca podrían tenerlas todas consigo, y menos aún ahora, con el avance tecnológico de los artefactos de espionaje. Hay periodistas que, esforzándose por escapar del control totalitario, se las tienen que ingeniar para ocultar en los espacios más inverosímiles su agenda de direcciones, que es un tesoro vital, para él y para sus fuentes. Hay agentes políticos que, a modo de sicarios de las ideas, allanan redacciones y domicilios de periodistas para buscar secretos que no les pertenecen y para infundir terror. Todo esto pasa en muchos países del mundo a espaldas de ojos ajenos y solo de vez en cuando ocupa espacio en las noticias, breve porque todos damos por descontado la iniquidad de la tiranía.

Es lógico que en un país libre un pequeño atentado a la información dispare las alertas. La libertad de información es la más frágil de todas las garantías que los ciudadanos de un país democrático disfrutan y, afortunadamente, hay una convención social cada vez más amplia acerca de la necesidad de protegerla de cualquier arbitrariedad. Cuando el atropello es insólito y afecta al corazón de la actividad informativa, es también lógico que la alarma sea mayor. Es lo que ha pasado con el suceso de Baleares, donde un juez ha ordenado a la policía requisar teléfonos, ordenadores y documentos de periodistas de la agencia de noticias Europa Press y del periódico Diario de Mallorca. El magistrado investiga supuestos delitos de un procesado a quien apodan “rey de la noche” y en su actividad sumarial ha emprendido la tarea de descubrir las fuentes que habían facilitado informaciones a los periodistas afectados. Ni más ni menos.

Ni un paso atrás . La defensa de la libertad de prensa debe empezar en las Redacciones

En España está reconocido legalmente el secreto profesional de los periodistas, como en todas las democracias. Pero aquí además el aval que recibe parte de la misma Constitución, lo que no ocurre en todos los países. Como no se desarrolló hasta ahora por una ley posterior, el soporte de esta figura es la ley constitucional, que no es poca base, y la jurisprudencia emitida desde entonces. De esta se desprende que el secreto profesional es un derecho (así lo entiende la Constitución) de los periodistas para proteger sus fuentes informativas cuando estas pidan ser amparadas por el anonimato, con el objetivo final de facilitar al periodista obtener información. Cuando una fuente informativa sale a la luz en contra de su voluntad, acaba siendo una fuente cegada. Por eso, y aunque la ley no lo diga, el secreto profesional es también un deber del periodista cuando ha pactado con la fuente y para poder seguir sirviendo información al público.

Un atentado a la información

Los tribunales en España han admitido, han respaldado, el secreto profesional de los periodistas de forma casi unánime, y con ello han facilitado la obtención de información, que es una tarea delicada y muy difícil en numerosas ocasiones. La historia del periodismo está llena de útiles informaciones determinantes ayudadas por el secreto profesional y el compromiso de los periodistas de no desvelar la identidad de sus fuentes. Cualquier gran historia –el caso Watergate, los papeles del Pentágono… por citar los más conocidos y realzados por el cine, pero también enormes gestiones informativas en España, como el caso GAL- está sustentada en una constante, cuidadosa y a veces también arriesgada labor de información basada en fuentes que se prestan a ofrecer datos, pistas, documentos para descubrir lo que de otro modo permanecería oculto y a partir de lo cual, muchas veces, comienzan a trabajar los tribunales.

Ha habido general coincidencia en calificar la acción judicial contra los periodistas de Mallorca como un atentado a la información. Se ha abierto una puerta para el quebranto de una garantía esencial del trabajo informativo. Si los recursos que se preparan no consiguen paralizarla a tiempo, se habrá dado un paso muy negativo para la libertad de información. Pero, en todo caso, la labor de los periodistas de Mallorca habrá sido reventada con el descubrimiento de la identidad de sus fuentes por personas ajenas a su trabajo, y eso no tendrá remedio. La frágil libertad en que se sustenta el derecho a la información no está para aguantar muchas ofensivas. Muere fácilmente, como pasa en los países condenados a vivir sin libertad. Pero en las democracias no basta con que se la proclame solemnemente: es necesario además que todos los responsables, y entre ellos los jueces, se preocupen a fondo de su defensa.

Imagen de portada: Concentración de periodistas del Diario de Mallorca contra la medida del juez | Agencia EFE
Escrito por

Periodista. Ex director de Diario 16, columnista de El Mundo, tertuliano en TVE, Telecinco, Onda Cero y RNE en diferentes etapas. Profesor emérito de la USP CEU. Editor de El Debate de Hoy.

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