El Congreso ha dado luz verde a la nueva Ley de RTVE. Ahora queda fijar una financiación estable para una televisión pública cuya existencia obedece a objetivos de utilidad general, lo cual exige dinero suficiente y presupuesto predecible. También está pendiente adecuar las plantillas y categorías a los tiempos actuales y no someter la programación a mediciones de audiencia.
Sea quien sea el elegido por el nuevo procedimiento aprobado en Cortes para dirigir RTVE, lo que no podrá hacer es cumplir los principios de servicio público en los que justifica su existencia la corporación si sus ingresos dependen del ministro de Hacienda y de la marcha de la caja de las televisiones privadas y de las compañías telefónicas que incluyen contenidos audiovisuales en su oferta comercial.
Suprimida felizmente la publicidad en TVE por un gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, siguiendo el veterano ejemplo de Radio Nacional de España y con el argumento cierto de que la televisión pública nacional no debe tener fines comerciales, sino sociales, y de que la publicidad debe ser para el fortalecimiento de los medios privados, sea televisión, radio y prensa impresa o digital, y no para los públicos, queda ahora fijar una financiación estable para una televisión pública que debe su existencia a los objetivos de utilidad general que tiene que satisfacer y por los que en España vela la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para RTVE, esas normas emanan de la Ley 7/2006 y se actualizan cada nueve años mediante un Mandato Marco y, cada tres, con un Contrato Programa.
Las finalidades de RTVE
Entre otras muchas finalidades, figuran la cohesión social, una programación de calidad que haga compatible la rentabilidad social y la máxima cobertura; satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento; difundir la identidad y diversidad social; impulsar la sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los valores constitucionales, garantizando el derecho de acceso; y dedicar atención especial a colectivos sociales con necesidades y demandas específicas. En otras palabras, cubrir los importantes huecos que deja la televisión privada comercial y de pago; estar a la vanguardia tecnológica, apoyar, promover y difundir en el mundo la marca España y la gran obra de la Civilización Hispánica, que es política de Estado (canal internacional Star TVE), a través de nuestra cultura, ciencia, industria, deporte, gastronomía (cocineros, marcas, alimentos y bebidas), historia y quehacer, y vertebrar la nación cosiéndola por donde la descosen los independentistas con el uso torticero, impúdico y descarado de la televisión pública autonómica, como ocurre con la catalana TV3 y lo intentan algunos con la vasca Euskal Telebista.
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Para todo esto, fundamental en un país como el nuestro y en un mundo globalizado y competitivo, se necesita dinero suficiente y presupuesto predecible, que únicamente se consigue como lo hacen todas las televisiones públicas de la Unión Europea y de los Estados miembros de la OCDE, excepto España: con un impuesto finalista llamado canon. En el caso español, este tributo sería de tres tramos (televisión nacional, autonómica y local), aplicado a los propietarios de viviendas, oficinas y locales comerciales. Según cálculos recientes, ascendería a 40 euros anuales, para los primeros, y algo más, para los segundos y terceros. Allí donde no exista televisión pública autonómica y/o local, el titular de ese bien inmueble pagaría el 33% correspondiente al tramo nacional. El canon se cobraría con el IBI para no generar nuevos gastos de infraestructura burocrática y su totalidad se ingresaría en la CNMC, quien lo distribuiría y ajustaría periódicamente, en función de las necesidades de cada televisión. Es la manera de que todas las emisoras públicas tengan suficiencia financiera y estén sujetas en sus contenidos y línea editorial a la autoridad de sus asambleas representativas y no a su real dependencia caprichosa de los presupuestos públicos y de los gobiernos locales de turno.
"Se acabaron las audiencias millonarias que se consiguen en la televisión en abierto". Por @RamonFuentes74 https://t.co/P3UqgUrDbk pic.twitter.com/qa1Nm0ZJRG
— El Debate de Hoy (@eldebatedehoy) July 5, 2017
Con la tranquilidad que dan unos ingresos predictibles (si RTVE se hubiese financiado exclusivamente con publicidad durante la crisis, hubiera quebrado, porque su déficit habría superado el máximo fijado en la ley, ya que la publicidad en el medio televisión descendió un 53%) y liberadas las televisiones privadas y las compañías telefónicas de un gravamen que lastra injustamente su cuenta de resultados, quedaría por adecuar plantillas y categorías profesionales a los tiempos actuales y nuevos objetivos, y no someter la programación a mediciones de audiencia, que solo son herramientas comerciales y no de cumplimiento de los fines de servicio público, para las que existen las correspondientes auditorías. El problema para poner en marcha esta medida y homologarnos con los demás países de la UE es que ningún gobierno ni ningún partido político quiere dar el primer paso para ello. Nos falta, como siempre, ambición de nación, voluntad política y visión de futuro.
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