El caso Pavlov, un aviso de la amenaza que suponen las ‘fake news’ para las instituciones
Antonio Alonso | 17 de enero de 2018
En los últimos meses, las instituciones de la Unión Europea y el Gobierno de España han señalado a las campañas de desinformación (las llamadas fake news) como amenazas reales a la seguridad nacional. Un ejemplo de libro es el del kazajo Alexander Pavlov, que bien podría ser considerado como “estudio de caso”.
Lo recordaba la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en la recientemente celebrada Pascua Militar: «Estamos inmersos en la consolidación de un nuevo escenario en el que las noticias falsas son cada vez más frecuentes. Debemos terminar con cualquier tipo de manipulación de la opinión pública a través de informaciones construidas para complacer ciertos intereses».
Ya en diciembre del año pasado había propuesto en el Congreso la creación de un grupo de trabajo integrado por diputados y responsables de los medios de comunicación para abordar la «guerra de la información».
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La Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2017 habla en sus páginas 59 y 60 específicamente acerca de las amenazas provenientes del ciberespacio, a través de ciberataques y de campañas de manipulación informativa o -mejor dicho- de desinformación. Quizás, el hecho de que senadores estadounidenses dieran la voz de alarma en noviembre pasado ha dado más credibilidad a esta amenaza: “Sabemos que los rusos estuvieron involucrados en las elecciones francesas y alemanas, y ahora estamos descubriendo que también en la separación de España”. A comienzos de año, un informe de senadores progresistas del Comité de Relaciones Exteriores sostenía que “agencias de noticias gestionadas por el Kremlin, como RT o Sputnik, ayudadas de bots y cuentas falsas en las redes sociales llevaron a cabo una significativa campaña de desinformación”. Y de manera tajante afirma el mismo informe: “España es un objetivo creciente de la influencia maligna del Kremlin».
El caso Pavlov
Vaya por delante que el caso de Alexander Pavlov es un caso ya “amortizado”, ya no ocupa páginas en los diarios, aunque sí lo hacía hace apenas dos años. Es un caso ya acabado, en todo su sentido, lo que permite, precisamente, acercarse a él desapasionadamente y analizarlo desde el punto de vista académico. Hagamos, antes, un poco de memoria.
El 11 de diciembre de 2012, Pavlov fue detenido en la estación de tren de Chamartín, en Madrid. Antes, la Interpol había emitido una “alerta roja” a instancias de la Fiscalía de Kazajstán, por formar parte de un grupo de crimen organizado dedicado a la fuga de capitales y al blanqueo de dinero. La Audiencia Nacional se encargaría de investigar este extremo y, como fue el caso, de dar por buenas las acusaciones, ante la ingente documentación aportada. Sin embargo, los abogados (en plural, no un abogado de oficio) enseguida pusieron sobre la mesa la petición de asilo para que adquiriera su defendido el estatus de refugiado político.
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Aducían para ello que era un importante miembro de la oposición en Kazajstán. La realidad era algo distinta, pues era simplemente el chófer de Mukhtar Ablyazov, un antiguo ministro de Energía del presidente Nazarbayev, que en 2001 fundó un partido político simplemente para tapar su desfalco al frente del Banco BTA de Kazajstán. Ablyazov utilizó a su entorno más cercano para lograr sus objetivos criminales. En resumen, Pavlov no es un Nelson Mandela, ni un Gandhi, ni un Martin Luther King, ni una Aung San Suu Kyi… es simplemente un cooperador de un delito financiero con el que se ha enriquecido personalmente. No se le conoce actividad política ni antes ni después de su llegada a España.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio el visto bueno para su extradición, pero la suspendió a la espera de que el Consejo de Ministros respaldara esta decisión, cosa que hizo en febrero de 2014. Cuando estaba a punto de ser llevado a su país, un auto del Tribunal Supremo paralizó oportunamente dicha orden y ya en febrero de 2015 le concedió el estatus de refugiado, sin prestar atención a sus causas pendientes con la justicia por los delitos de lavado de dinero.
Un típico caso de desinformación
En resumen, estamos ante un caso típico de desinformación, pues no se ofrecieron en su momento a través de los medios de comunicación todos los elementos de juicio que habrían permitido al público en general haberse hecho una idea más completa del caso. Se ocultaron deliberadamente ciertos aspectos del caso -la participación en una trama de blanqueo de capitales más amplia, su presunta participación en un complot terrorista, que nunca hubiera participado antes en política en su país, que cuando fue detenido llevaba encima casi 5.000 euros- y se le presentó como un mártir, como una víctima de un régimen opresor y como un luchador por los derechos humanos. Como se ha visto, nada más lejos de la realidad.
Sin lugar a dudas, se puso en marcha toda una maquinaria propagandística favorable al ciudadano Pavlov que -y aquí es donde se introduce el elemento de la amenaza a la seguridad- hizo que en el último momento el Tribunal Supremo reconsiderara su expediente de solicitud de asilo y le concediera el estatus de refugiado político. Hay que señalar que en aquel momento el Supremo tumbó dos decisiones -la de la Audiencia Nacional y la del Consejo de Ministros- que habían aprobado la extradición a Kazajstán (se le reclama, no lo olvidemos, desde Rusia, Ucrania y Kazajstán, por ese orden).
Viéndolo desde el lado positivo, se podría decir que esta es una prueba más de que en el sistema español existe la separación de poderes. Pero parece también evidente que la presión mediática forzó, diseminando informaciones poco veraces (o directamente sesgadas) que movieron a algunos diputados a pedir al Gobierno que cambiara su posición con respecto a la extradición de Pavlov y, muy probablemente, influyeron también en el ánimo de los jueces del Supremo.