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Canal Sur: ¿reconversión o supresión?

Canal Sur, como todas las televisiones públicas autonómicas, solo tiene dos salidas dignas: reconvertirse o cerrar. El modelo actual, además de manipulador y caro, lo consumen solo los votantes del partido en el Gobierno. Toda la tierra del cortijo es del PSOE.

Canal Sur, la televisión pública de Andalucía, adolece de los mismos males que la totalidad de las televisiones públicas autonómicas españolas: que son del Gobierno de turno y, en consecuencia, que solo son públicas en su financiación, a cargo del bolsillo del contribuyente. En todo lo demás, son del amo que la lleva del ronzal.

En el caso de Canal Sur, como su bwana ha sido el mismo desde su nacimiento: 29 de febrero de 1989, a las 19:30 horas, no hay substratos distintos. Toda la tierra que se extraiga es del PSOE, a diferencia de las otras, en las que el origen de su plantilla se puede estudiar con técnicas arqueológicas: por sedimentos. Cada uno lleva el color del partido político que la ha gobernado.

En Canal Sur, toda la tierra del cortijo es del PSOE, porque ningún otro la ha poseído, ni siquiera durante la preautonomía, hasta que el acuerdo PP-Ciudadanos-VOX ha sumado mayoría y voluntad política para desalojarlo de San Telmo, un ya histórico 17 de enero de 2019, a las 18:35 horas. Bueno, histórico para los libros, pero no para Canal Sur, que, siguiendo la costumbre de similares ocasiones, relegó al segundo canal la retransmisión en directo del debate de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP).

Unas normas para otra España

Como el papel lo aguanta todo, la ley 46/1983, llamada del tercer canal, dice que los canales públicos autonómicos deben cumplir los siguientes requisitos: “Objetividad, veracidad e imparcialidad de las noticias, separar información y opinión; respetar el pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico, así como las libertades y derechos recogidos en la Constitución, y proteger a jóvenes y niños”. Sí, lo ha leído bien, pero no se equivoque, estas normas no pertenecen a Alemania o Suecia, son de España, pero para otra España.

En 2018, Canal Sur, 1.462 trabajadores en plantilla, tuvo un presupuesto de 162.754.420 euros, de los cuales 140.362.420 euros fueron aportación directa de la Junta de Andalucía y 21,2 millones, los previstos por ingresos de publicidad. La primera partida se cumplió, la segunda no se alcanzó y la audiencia bajó del 9,3% en 2017, al 8,8% en 2018 (el conjunto de las televisiones públicas autonómicas sumaron el 8,1% de cuota de pantalla, con un presupuesto público total de 1.072,34 millones de euros).

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En Canal Sur, su Consejo de Administración estuvo bloqueado desde 2013 para que no entrasen miembros de Podemos y de Ciudadanos, los dos partidos que sustentaron al Gobierno monocolor del PSOE en los últimos años. Y, como muestra de “objetividad, veracidad, imparcialidad y pluralismo informativo” de una televisión que nombra a dedo todos los cargos informativos desde el nivel intermedio, dos botones: en 2014, durante la crisis del Gobierno PSOE-IU, a cuenta del desalojo de la Corrala Utopía, Canal Sur no solicitó declaración a la consejera de Vivienda, Elena Cortés (IU), a la que Susana Díaz le quitó las competencias.

Y, en plena efervescencia de la Sanidad pública andaluza, con manifestaciones en varias capitales, la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez-Rubio, denunció ante el Defensor del Pueblo Andaluz (otro organismo superfluo, mientras exista el constitucional y nacional Defensor del Pueblo) la omisión en Canal Sur radio de su interpelación parlamentaria a Díaz sobre salud pública.

Las dos salidas dignas de Canal Sur

Canal Sur, como el resto de televisiones públicas autonómicas, solo tiene dos salidas dignas: reconvertirse o cerrarse.

En el primer caso y para que de verdad sea pública y cumpla los preceptos de su estatuto y de la ley del tercer canal, se tiene que financiar exclusivamente con un impuesto finalista (canon existente en todos los países de la OCDE, excepto España) que paguen los propietarios de viviendas, locales comerciales, despachos y empresas, sin que dependa, por tanto, del consejero de Economía del Gobierno de turno.

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Y su Consejo de Administración, integrarlo representantes de las instituciones que Jürgen Habermas y Alexis de Tocqueville identifican como componentes de la sociedad civil, más representantes de los sindicatos y de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento andaluz, pero teniendo minoría estos dos últimos estamentos. En el segundo caso, sería otra puntilla para periodistas y licenciados en Comunicación Audiovisual, egresados a miles cada año desde las docenas de facultades de Comunicación Audiovisual o similares, que crecen como setas en territorio patrio.

Escojan la más conveniente, pero no se queden con el modelo actual porque, además de manipulador y caro, solo lo consumen los votantes del partido que gobierna y para eso ya están los medios privados y su ideario.

Imagen de portada: La expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz (i), durante una entrevista en Canal Sur | Flickr/Junta de Andalucía
Escrito por

Ex Vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), articulista de La Voz de Galicia, miembro del Grupo Crónica. Primer director de Noticias de Antena 3 Televisión. Premio Salvador de Madariaga. Antenas de Oro y Plata.

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