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La estratagema procesal de Puigdemont revela su deseo de una justicia arbitraria y politizada

La huida de Puigdemont a Bruselas no es fruto de la casualidad, el expresidente sabía que el Código Penal belga no contempla la misma concepción de los delitos más graves que se le imputan. El magistrado que instruye la causa, con buen criterio, ha retirado las euroórdenes de detención y entrega. La batalla judicial acaba de empezar y los procesados harán todo el ruido que puedan. Mal ejemplo dan quienes pretenden ser gobernantes si utilizan todos los subterfugios para eludir la responsabilidad.

A propósito del auto de 5 de diciembre del juez Llarena y la reacción del prófugo Puigdemont. justicia española

A estas alturas de la película (o, mejor, del sainete) que está protagonizando Puigdemont (en compañía de otros), nadie duda de que la huida de la justicia española entrando de forma oculta y apresurada en Bélgica ante la previsible querella del Fiscal General del Estado no era ni mucho menos casual o fruto de la improvisación.

El prófugo contaba con adecuado y premeditado asesoramiento: conocía que la justicia belga había denegado las órdenes europeas de detención y entrega solicitadas respecto de terroristas y buscó precisamente al abogado que ejerció su defensa en tal país; tenía conocimiento de que el Código Penal belga no contempla la misma concepción de los delitos más graves que se imputan al cesado presidente de la Generalitat y ello podría ser un escollo para la ejecución de la orden de detención y entrega por las autoridades judiciales de Bélgica, por no figurar en la lista cerrada de los delitos en que, según la decisión marco de Consejo de la Unión Europea de 2002, la entrega es automática. Por tanto, el juez belga elegido podía proceder al control de la doble incriminación (esto es, a comprobar que las conductas delictivas derivadas del desafío nacionalista atribuidas a Puigdemont por la inicialmente instructora de la causa penal encajan en el ordenamiento penal belga, aunque no en la concreta figura delictiva de sedición). No se olvide que no todas las conductas punibles en cada Estado miembro están armonizadas, pero la referida decisión marco solo permite que Bélgica pueda supeditar la entrega “al requisito de que los hechos que justifiquen la emisión de la orden de detención europea sean constitutivos de un delito respecto del Derecho del Estado miembro de ejecución, con independencia de los elementos constitutivos o la calificación del mismo”.

Puigdemont, a buen seguro, barajó que la falta de coincidencia o de equivalencia en la configuración de los tipos penales en uno y otro país de la Unión Europea podía llevar a que la justicia belga no acordase la orden de detención y entrega europea y se ha opuesto a su entrega a España.

El transcurso del tiempo y la constatación de determinados hechos han llevado a que el magistrado del Tribunal Supremo, en su calidad de nuevo instructor de la causa especial contra aforados y colaboradores independentistas, haya decidido con buen criterio retirar las órdenes europeas de detención y entrega emitidas oportunamente por la anterior instructora.

No retirar las euroórdenes y dejarlas sin efecto hubiera sido tanto como permitir que quien pretende eludir la acción de la justicia penal pueda condicionarla en su quehacer jurisdiccional y se beneficie de las triquiñuelas y fraudes procesales que pergeña. La estratagema procesal del prófugo, si se consolidase, sería el argumento perfecto para no comparecer ante la justicia española por denegar el juez belga la entrega (así, la culpa siempre la tiene otro) y, de paso, intentar desacreditar a nuestros jueces ante la opinión pública y, más tarde, para no asistir a recoger su acta de parlamentario catalán, dando pábulo el victimismo que trata de explotar en su favor.

La retirada de las euroórdenes responde a la aplicación de la norma comunitaria y de la nacional y es consecuencia de su carácter instrumental; son un medio, no un fin, y en ningún caso suponen desapoderar a los jueces españoles requirentes de cooperación judicial de su potestad jurisdiccional para juzgar hechos que revisten caracteres de delito en España. El control de la doble tipificación lo es en atención a la entrega, se hace únicamente a tales efectos; por tanto, si la entrega ya no es conveniente ni oportuna para la justicia española, el juez belga no puede resolver nada al respecto, se ha producido la carencia sobrevenida de objeto.

A vueltas con la euroorden

Puigdemont ha demostrado que es un mago del regate procesal: ha comparecido ante el juez belga que consideraba más proclive a denegar la euroorden y lo ha hecho voluntariamente para sortear cualquier foto con agentes de la Policía, utiliza a su conveniencia el flamenco como lengua cooficial ante el juez, en lugar del francés que entiende y emplea ante los medios de comunicación; sostiene, sin ningún reparo, que la justicia española no es independiente, etc. No contaba con el recorte del instructor de la causa y que sea este el que dirige con tino la investigación, rechazando motivadamente actuaciones que entrañen fraude de ley o procesal, como impone la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En cualquier caso, desactivada la orden de entrega europea, Puigdemont no ha dudado en pedir impunidad para volver a España. Causa sonrojo sostener esta inaceptable pretensión reveladora de que Puigdemont olvida que el Código Penal de la democracia del año 1995 rige en toda la nación; reveladora de que lo que desea es una justicia arbitraria, dependiente y politizada, una justicia que, incumpliendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal, desconozca tanto que la acción penal es pública como que los jueces y fiscales tienen el deber legal de investigar las conductas tipificadas en el texto punitivo vigente.

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Asimismo, el instructor, en el auto en el que retira la euroorden, deja traslucir la desigual situación de los investigados (otrora, coimputados) por delitos de naturaleza plurisubjetiva y en que pudiera haber mediado el concierto entre ellos; tal desigualdad ha sido puesta de manifiesto por las defensas de los comparecidos, aduciendo el posible perjuicio que les podía irrogar a la hora de decidir sobre su prisión provisional el hecho de que los “procesados rebeldes” (en palabras de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) hubiesen eludido la acción de la justicia. El magistrado del Supremo no quiere que a esa situación desigual pudiera contribuir una entrega condicionada, pero a los prófugos en ningún momento les ha preocupado que todos los presuntos autores de los delitos investigados sean juzgados en pie de igualdad y de corresponsabilidad; antes al contrario, han dado muestras del “sálvese quien pueda”. Tampoco parece previsible que en el futuro vayan a comparecer para no hacer de “peor derecho” a los que están en prisión provisional o libertad provisional con obligación de comparecer y afrontarán las consecuencias previstas en la ley tras el correspondiente juicio oral; un juicio oral que se intuye lejano en el tiempo y que, sin duda, será objeto de todos los embates que los investigados protagonicen con la asistencia de sus letrados y hagan realizar a sus incondicionales para tratar de influir en la decisión que tome el Tribunal Supremo. La batalla judicial acaba de empezar y cabe esperar que harán todo el ruido que puedan.

La maquinaria judicial no se detiene

Las peticiones de impunidad hechas por el peculiar candidato electoral no tienen cabida en nuestro sistema de justicia penal: la maquinaria judicial no puede detenerse sin que concurra un motivo previsto legalmente. Por tanto, tras la finalización de la investigación penal y el oportuno juicio oral con todas las garantías, se dictará por la Sala Segunda del Alto Tribunal la correspondiente sentencia y las penas que se impongan deberán ser cumplidas. La responsabilidad en que, a juicio del Tribunal, incurran Puigdemont y los demás procesados rebeldes, si comparecen, solo sería eludible si se diesen supuestos que parecen altamente improbables: amnistía, indulto o modificación del Código Penal para despenalizar tales conductas y forzar la aplicación retroactiva de tal ley penal más favorable. justicia española

Puigdemont, en el rol del general De la Rovere, hace campaña con mentiras desde Bruselas

Los jueces siempre deben seguir con paso firme el camino que constituye el proceso para que se aplique la ley (en el sometimiento al imperio de la ley radica su independencia, como –no se olvide– establece la Constitución española de 1978) al caso concreto: en eso consiste la función jurisdiccional que el texto constitucional atribuye a los Juzgados y Tribunales que integran uno de los tres poderes del Estado.

En definitiva, Puigdemont y sus litisconsortes pretenden cumplir la ley solo si les interesa o es la que ellos han aprobado (por supuesto, unilateralmente y sin pensar en el bien común) para los demás. Quienes pretenden ser gobernantes mal ejemplo dan a los que quieren sean sus gobernados si enseñan que valen todos los subterfugios para eludir la responsabilidad propia; que el cumplimiento de la norma depende de la voluntad del destinatario; que el juez no viene predeterminado por la ley, sino que –cuando se tienen posibilidades– se elige; que se pueden desobedecer las resoluciones judiciales si no se ajustan a sus intereses y que los jueces no están sometidos al imperio de la ley, sino al dictado del gobernante de turno. justicia española

Imagen de portada: Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Neus Munté y Oriol Junqueras, durante una de las sesiones del Parlamento de Cataluña. | Parlament de Catalunya
Escrito por

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Extremadura.

Ultimo comentario
  • Sí, SEÑOR, Así se explica, Como muy bien dices, todo ese sainete que, otros decimos también, circo.
    dicho de otra manera, Justicia a la carta.
    Vergonzoso todo ese despliegue de triquiñuelas para evadir la justicia.
    me encanta cuando subrayas diciendo el mal ejemplo que dan esos que pretenden ser gobernantes eludiendo la ley a su antojo.
    fantástico artículo, don gregorio.

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