El Debate de hoy

Hay jinetes de luz en la hora oscura

El juego competitivo de las universidades por captar estudiantes no es todo lo limpio que debería ser. Algunas comunidades autónomas ponen dificultades al desarrollo de las universidades privadas. 

Con el gran crecimiento del número de universidades en España desde la llegada de la democracia, se ha producido un enorme desarrollo de la oferta de carreras, campus, instalaciones y servicios y, por lo tanto de la competitividad. Las universidades lanzan sus redes en un cada día más difícil mercado de la enseñanza superior donde, además de competir entre ellas, deben hacerlo con la formación profesional superior, centros de universidades extranjeras u otros centros que imparten enseñanzas equivalentes, como los conservatorios de música, o los centros superiores de artes plásticas y diseño. En este afán de captar alumnos por parte de la universidad, se procuran hacer ofertas cada vez más atractivas en base a idiomas, medios tecnológicos, dobles titulaciones, estancias internacionales, relaciones con empresas que faciliten la inserción laboral, etc., y además se atacan los mercados internacionales, buscando alumnado extranjero con éxito desigual. Y esto lo hacen, obviamente, tanto las universidades de titularidad pública como las de titularidad privada. Hasta aquí nada que decir.

Valencia excluye de las becas públicas -que en cualquier caso solo alcanzaría un 15% del coste real- a los alumnos de las universidades privadas de la región

Sin embargo, si analizamos las condiciones de partida de este juego competitivo, podremos llegar a la conclusión de que no es todo lo limpio que debería ser. Universidades públicas y privadas compiten por los mismos alumnos, cuando unas cuentan con una financiación directa de sus costes de enseñanza del 85% y las otras del 0%. No es el momento de entrar en un análisis profundo sobre esta realidad sobre la que encontraríamos abundantes argumentos a favor y en contra, pero algo se puede adelantar, y es que una cosa es que las universidades públicas estén financiadas con el dinero de todos y otra muy distinta es que con ese mismo dinero se financie al alumno extranjero de fuera de la Unión Europea, al que la universidad pública atrae en condiciones de clara ventaja con respecto a la universidad privada que, en cualquier caso, se esfuerza en ser buena y competitiva, a pesar de partir en clara situación de desventaja.

Pero si el problema se acabará aquí, todavía nos podríamos dar por satisfechos. La cuestión es que, además de esto, nos encontramos con que las universidades privadas son sometidas a una serie de controles exageradamente rigurosos a la hora de lanzar su oferta de titulaciones, controles que solo serían justificables como contrapartida de la financiación pública. Pero lo que es peor es que algunas comunidades autónomas hasta se permiten llegar a controlar directamente el desarrollo de las universidades privadas con sede en su territorio, prohibiendo la oferta  de determinadas titulaciones.

La burocracia universitaria, en lugar de haber ido aligerándose de un modo acompasado a lo que sucede en la prestación de otros servicios competitivos, en gran medida por las medidas pro competencia que marca nuestra pertenencia a la Unión Europea, ha ido en crecimiento continuo, exigiendo cada vez más requisitos. Algunos de los requisitos que ha traído ese aumento de burocracia, como los estudios de mercado, de inserción laboral o planes de viabilidad,  son entendibles en relación a las universidades financiadas públicamente y la eficiencia que debe exigirse a las mismas. Sin embargo, estos mismos requisitos exigidos a las privadas, tal y como se está realizando, no solo no es coherente, sino que está expresamente prohibido por el derecho europeo, en la medida en que se condiciona la prestación del servicio y, por lo tanto, se limita la competencia. La educación no subvencionada es un servicio económico a todos los efectos y, por lo tanto, está amparada por toda la normativa que favorece la libre competencia o, al menos, debería estarlo, si en este campo no se hubiera estancado la normativa europea en los Pirineos.

Las universidades privadas son sometidas a una serie de controles exageradamente rigurosos a la hora de lanzar su oferta de titulaciones

Pero esto no es todo, porque lo que todavía tiene menos sentido es que en algunas comunidades autónomas se estén poniendo todavía más dificultades al desarrollo de las universidades privadas. En la Comunidad Valenciana, excluyendo de las becas públicas -que en cualquier caso solo alcanzaría un 15% del coste real- a los alumnos de las universidades privadas de la región o excluyendo a los alumnos de enseñanzas sanitarias de las prácticas sanitarias en hospitales públicos. En otras, como Aragón, prohibiendo expresamente que se puedan duplicar titulaciones que previamente estén implantadas en los llamados campus periféricos de la Universidad de Zaragoza, Huesca, Teruel y La Almunia de Doña Godina. Decisión esta última que, por cierto, tanto la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia como el Gobierno de la Nación han recurrido a los tribunales.