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El populismo ante el Poder Judicial . ¿Justicia de garantías o linchamiento de la Justicia?

Es esencial en una democracia la libre expresión y la crítica del ciudadano, incluso ante sentencias judiciales. Pero nada tiene que ver con el señalamiento injurioso personal de la clase judicial ante resoluciones que no gusten, como en el caso de La Manada.

Todo ataque a la libertad sexual de la mujer es radicalmente execrable y condenable. La verificación de su existencia, en la realidad de los casos concretos, es algo que toda sociedad civilizada atribuye a los tribunales encarnados por jueces y magistrados, que cumplen esa función con independencia (es decir, sometidos exclusivamente a la ley) e imparcialidad (sin interés o relación con las partes o el litigio). Así lo ha hecho la Audiencia de Navarra en el caso tristemente conocido como de La Manada.

La Manada . Castigar la depravación moral de quien alardea del desprecio por el derecho

En esa labor, los jueces esclarecen los hechos realmente ocurridos con base en las pruebas practicadas en el juicio, sin ningún prejuicio, y proceden a su calificación técnico-jurídica y a la aplicación de las penas previstas en la Ley (voluntad del pueblo, representado en el Poder Legislativo), Ley que es función y deber del juez proteger y actuar.

La independencia judicial no es una teoría formal ni una expresión aparente; y, menos aún, una especie de excusa ni escudo “corporativo”, de leguleyos o de una casta de sujetos privilegiados o exentos de responsabilidad. Es una garantía ineludible que tenemos todos los ciudadanos de un país y un ordenamiento que nos respeta, que respeta el Derecho, los derechos. Es la situación en la que se encuentra cada juzgador –él, en su soledad- en el momento de ejercer su función, de hacerlo únicamente con base en los hechos del caso y la Ley (tampoco en mantras que -circularmente- hagan presupuesto precisamente de lo que se discute y debe determinarse). Nadie puede decirle al juez qué “debe” resolver, ni darle instrucciones, ni presionarle; ni siquiera los órganos gubernativos de la organización judicial y, menos aún, alguien con poder de presión o influencia; y obviamente tampoco el Poder Ejecutivo… Esto último se terminó con el modelo napoleónico (con alguna reaparición autoritaria); lo anterior, ya desde el advenimiento del Estado moderno y la desaparición de la “justicia” de la horca, del patíbulo; y, tiempo antes, la del linchamiento popular.

Los ataques ante la sentencia de La Manada hacen que se resienta la independencia judicial

En cualquier caso, el ritual punitivo (ese del que hace días abjuraban –al igual que del “legislar en caliente”- tantos que ahora lo exigen vehemente e implacablemente), la disuasión patibularia, que pretende calar en el imaginario colectivo buscando claramente el efecto de sometimiento, se dirigía al justiciable (posible futuro “delincuente”), pero nunca al juez (que no estuviera dispuesto a resolver prescindiendo de los hechos y pruebas reales del caso concreto y de la ley aplicable): aquí, a los magistrados que ya lo han hecho y a los que todavía deben hacerlo, porque es obvio que a nadie escapa que todavía se debe juzgar este caso en el propio Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en el Tribunal Supremo (pues es otra garantía de nuestro sistema procesal la posibilidad de recurso).

Son esenciales a una sociedad democrática la libre expresión y la crítica por el ciudadano, incluso de resoluciones judiciales. Pero ninguna duda existe de que nada tiene ello que ver con el señalamiento injurioso personal de los magistrados y su labor jurisdiccional, o peticiones de su inhabilitación (que es garantía también de todo ordenamiento, frente a la argucia y el poder, que solo pueda producirse por las causas previstas en la Ley). Y más cuando todo esto se haga sin haber conocido la prueba, ni las verdaderas alegaciones del proceso; e incluso sin haber leído la sentencia y su extensa y detallada motivación fáctica y jurídica, en sus dos partes.

Puede sorprender menos que lo hagan quienes buscan cualquier excusa para el enfrentamiento social y la liquidación de nuestro sistema de derechos y libertades (al tiempo que dicen a la sociedad quién y cuándo puede matar, agredir y vejar a mujeres, y quién no: léase, Pablo Iglesias, que “azotaría” a una mujer “hasta que sangrase”, y todavía no ha dejado la política; la presidenta de Navarra Uxúe Barcos, que encabeza una manifestación de solidaridad con el grupo violento de 50 salvajes que dieron una brutal paliza a dos mujeres en el suelo, en Alsasua; o la líder de Podemos Navarra, miembra de Lunes Lilas, que pide la absolución de esos pateadores de mujeres, junto al alcalde de Pamplona, de Bildu: y todos ellos encabezan luego con insuperable hipocresía esta otra presión a la Justicia, porque #noesno –lo cual es obvio-).

Sin proceso con garantías no hay Justicia

Pero sí resulta un síntoma más preocupante que esto lo hagan otros responsables públicos, fuera cual fuera el problema social al que se refiriera, aun grave como éste. Los magistrados –los tres, los dos, uno- intuían posiblemente alguna reacción a esta concreta resolución (esta –digo- porque han dictado -los tres, el uno- decenas de condenas por agresión sexual); pero no, seguro, que hasta un órgano de la ONU –es de traca- entrara también a obviar esas básicas garantías de todo Estado de Derecho y a dictarles a los tres cuál debe ser su sentencia, en todos los casos, sean cuales sean los hechos y la prueba, porque de lo contrario “subestiman la gravedad del delito”.

A todos ellos sería bueno hacerles ver con respeto que sin proceso con garantías no hay Justicia. Tampoco la habría para ellos, que quedarían expuestos a la sentencia provocada por presiones, ideas preconcebidas o atropellos de otros –del poder- externos al proceso y a la Ley.

Imagen de portada: movilizaciones ante la Audiencia Provincial de Navarro en protesta por la condena a los cinco acusados de la Manada por abusos sexuales | Agencia EFE
Escrito por

Abogado. Catedrático de Derecho Procesal de la USP CEU.

Ultimo comentario
  • Estamos ante las consecuencias de un sistema judicial que protege más al delincuente que a la victima.

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