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Juicios paralelos, otra forma de corrupción . La ética política e informativa es la única solución

Los juicios paralelos que realizan los medios perjudican a imputados, investigados y víctimas. Extremar el rigor en la deontología de los comunicadores y en la ética de los políticos es la solución al conflicto de derechos constitucionales que se genera.

Los juicios paralelos que se practican habitualmente en los medios de comunicación en los casos de impacto mediático (casos de corrupción, crímenes particularmente morbosos y aquellos -en general- en que los medios encuentran atractivo para ganar audiencia, lectores o visitas electrónicas) generan grandes perjuicios para los imputados, investigados e -incluso- para las víctimas y para “los que pasaban por allí”.

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Esto último lo he podido comprobar personalmente, al haber salido fotografiado en los medios de comunicación acompañando algún cliente implicado en un caso complejo o -en mi etapa profesional como magistrado- saliendo de la sede judicial y ser fotografiado por los cámaras, inquietos por captar imágenes relacionadas con algún proceso con repercusión mediática.

Los perjuicios son evidentes para el que ha sido objeto del juicio paralelo o del impacto mediático: comentarios, preguntas impertinentes, actitudes de recelo y pérdida (para los que son objeto de “acusación mediática” como sospechosos de un delito) de trabajo, de carrera profesional -no digamos de la carrera y el puesto si se trata de un político- de clientela e incluso de solvencia financiera. Casos he conocido en personas próximas y clientes de mi despacho que han perdido sus relaciones sociales, su espacio profesional e incluso -por la presión social sobre ellos y sus familiares- han tenido que trasladar su residencia.

De nada sirve -tras el perjuicio- que se dicte una sentencia absolutoria o un auto de archivo (o, en los casos menos graves, explicaciones sobre la no implicación del mencionado o fotografiado), el daño está hecho. La decisión judicial exculpatoria, o la nota rectificativa de la noticia o del pie de foto nunca ocupan el primer plano ni tienen la misma trascendencia que el primer impacto. Por no hablar del efecto multiplicador que tienen actualmente las redes sociales, si se hacen eco de la noticia y se abre polémica en torno a ella.

Un conflicto entre derechos constitucionales

¿Qué solución jurídica tiene este conflicto entre los derechos constitucionales de comunicar libremente información veraz y el derecho a la presunción de inocencia y el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen?

Muy satisfactoria -en términos jurídicos- no puede ser la solución, pues, si la información es veraz, la delimitación entre el derecho al honor y la propia imagen y el derecho a la información cae claramente del lado de este en la doctrina del Tribunal Constitucional. Y la información puede ser veraz sin dejar por ello de constituir un juicio paralelo y generar graves perjuicios. Así, si el medio de comunicación califica de “ladrón”, “corrupto” o “sinvergüenza”, podría tener consecuencias civiles (en la protección del honor) e incluso penales (por la eventual injuria o calumnia), pero, si se limita a relatar que tal persona ha sido citada como imputado -ahora investigado- y las líneas principales del caso en cuestión, la petición de penas o semejantes, es muy difícil que no esté encuadrado dentro del derecho de información.

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En cuanto al eventual conflicto entre el derecho a la información -e incluso a la difusión de opiniones- en los “juicios paralelos” mediáticos y el derecho a la presunción de inocencia, aquí sí que no hay posibilidad de poner coto legal o judicial a los medios de comunicación. El derecho a la presunción de inocencia es un derecho fundamental que se incardina dentro del derecho a la tutela judicial, junto con otros derechos (a no declarar contra sí mismo, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, al proceso público sin dilaciones…) y, por lo tanto, tiene eficacia solo en el ámbito del proceso y en lo relacionado con él. Dicho de otra manera, no hay un derecho constitucional a la presunción de inocencia en el ámbito de la opinión pública.

La ética política e informativa, la única solución

La única manera de limitar los juicios paralelos y sus perjuicios es la ética política e informativa. Es decir, que los medios de comunicación asuman el compromiso deontológico de no abusar de su derecho a la libre difusión informativa destruyendo reputaciones e imágenes publicas hasta un momento determinado (la sentencia condenatoria o, al menos, la acusación del ministerio fiscal). Y los políticos, de no propiciar las “cazas de brujas” de sus rivales.

También -por supuesto- un mayor rigor en el secreto sumarial y en la no difusión de las actuaciones iniciales por la propia Administración de Justicia. Hay veces que son los propios gabinetes de comunicación de los Tribunales Superiores los que difunden la citación como investigados de ciudadanos. Recientemente -sin ir más lejos-, un ciudadano de Valencia se ha enterado de que había sido citado a declarar como investigado en un caso de supuesta corrupción, no por una citación judicial, ni por una noticia “filtrada” a la prensa, sino -sorprendentemente- por un tuit difundido al universo virtual desde la cuenta de Twitter del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y de la red saltó, obviamente, a los medios de comunicación. ¿Irresponsabilidad profesional de los medios de comunicación? ¿Filtración sumarial? No, información oficial en redes sociales de la Administración de Justicia.

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También tienen, como digo, mucha responsabilidad en las campañas de descrédito fundadas en procesos judiciales sin resolver definitivamente, mediante juicios paralelos o al margen de estos, los propios políticos que utilizan las noticias de indicios de delitos o actividades investigadoras de estos para desgastar la imagen de los partidos políticos rivales, de sus rivales dentro de su propio partido (de todo hay), o de instituciones contra las que dirigen sus campañas de descrédito (frecuentemente la Iglesia o instituciones religiosas).

Ningún partido se ha visto libre de esta práctica de descrédito con base en el juicio paralelo -un prejuicio, en definitiva- para arremeter contra el rival, exigiendo -como mínimo- su dimisión al mínimo resquicio de apertura de una investigación.

Lamentablemente, poco puede hacerse para frenar estas arbitrariedades mediáticas, salvo extremar el rigor de la deontología profesional de los comunicadores y en la ética en los políticos. Utilizar estos juicios paralelos -necesariamente sin garantías y sin pruebas suficientes- para obtener una ventaja política, aumentar la audiencia o el número de lectores, destruyendo fama y honorabilidad es otra forma de corrupción tan reprochable como la económica desde el punto de vista ético.

Quizás convendría reflexionar jurídicamente si es posible incorporar a las normas legales algún medio de defensa eficaz frente a estos desatinos.

Ilustración de portada: Pablo Casado
Escrito por

Abogado. Magistrado excedente de lo Contencioso-Administrativo. ​

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