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Penas más duras y tasa cero de alcoholemia para frenar los delitos contra la seguridad vial

Los delitos contra la seguridad vial son una de las primeras causas de mortalidad en España. Ante el aumento de atropellos a ciclistas en carretera, la DGT prepara un plan con medidas urgentes, como endurecer las penas a los reincidentes o implantar la tasa cero de alcoholemia.

Más de un tercio de los delitos que se cometen en España son delitos contra la seguridad vial, constituyendo una de las primeras causas de mortalidad y lesiones graves en nuestro país. Qué duda cabe de que las conductas relacionadas con la circulación de vehículos de motor son peligrosas en sí mismas, pues entrañan un riesgo permitido aun cuando se realizan dentro de las normas que regulan el tráfico. Si, además, se desarrollan en determinadas condiciones, esta peligrosidad aumenta de modo notable.

Para ello, se cuenta con dos ámbitos sancionadores: el administrativo y el penal, que colaboran desde niveles distintos en la obtención de los fines del Estado. Aunque se discute cuál es la distinción entre estos dos instrumentos sancionadores, existen diferencias cualitativas (el derecho penal protege auténticos bienes jurídicos, mientras que la infracción administrativa constituye tan solo un ataque a intereses de la Administración) y cuantitativas (la diferencia está en la gravedad de ambos derechos y se fundamenta en el artículo 25.3 de la Constitución Española, que veta que la Administración pueda imponer sanciones privativas de libertad, es decir, las más graves).

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Lo cierto es que ambos criterios de diferenciación son acertados y ambos derechos se complementan. El derecho administrativo se sitúa en el castigo inicial de hechos considerados no muy graves, como por ejemplo excesos de velocidad de no mucha entidad, o en la protección de intereses de la administración, como la regularidad de la documentación de vehículos y conductores, pudiendo imponer sanciones económicas (multas) o de privación de derechos (privación del derecho a conducir). Sin embargo, el derecho penal hace su entrada cuando las conductas alcanzan una importante gravedad por afectar de forma intensa a bienes jurídicos, como la vida y la integridad física, situación en la que han de aplicarse por el Estado sanciones más graves, como son las penas privativas de libertad.

Los delitos contra la seguridad vial suponen el 35% de los delitos que se comenten en España. Tomando los datos de la última Memoria de la Fiscalía, podemos afirmar que 6 de cada 10 sentencias contra la seguridad vial son por conducir tras consumir drogas o alcohol, con un porcentaje del 60,3%, de los cuales solo un 20% de los condenados entra en prisión. El 26,9% de las sentencias son por conducir sin permiso y un 30% entra en prisión. Apenas un 2% son por conducción temeraria y un escaso 0,5% por exceso de velocidad, aunque menos del 3% llega a prisión.

Podemos afirmar que 6 de cada 10 sentencias contra la seguridad vial son por conducir tras consumir drogas o alcohol, con un porcentaje del 60,3%, de los cuales solo un 20% de los condenados entra en prisión

A día de hoy, tenemos un total de 1.127 reclusos en España por delitos contra la seguridad vial, siendo 356.385 las personas condenadas en los últimos cuatro años. La pena más habitual es la privación del derecho a conducir, con un 43%; le siguen las multas, con un 32%, y, finalmente, trabajos en beneficio de la comunidad, con un 26%.

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Con estas estadísticas, nos cuestionamos si debemos continuar endureciendo las penas o, si por el contrario, necesitamos más ayudas de las políticas públicas para poder ofrecer mayor concienciación y formación a la población. Sabemos que conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas nos confirma el dolo, es decir, el saber y querer conducir en esas circunstancias. Nos retrotraemos al momento anterior en que el conductor bebe o ingiere las drogas tóxicas, sabiendo que posteriormente va a ponerse al volante de su vehículo.

La Dirección General de Tráfico impondrá como medida la restricción y eliminación del permiso de conducir a aquellos conductores que hayan cometido delitos por alcohol y drogas de manera reincidente

Si volvemos a los datos estadísticos, alrededor de 4,5 millones de personas reconocen haber cometido delitos viales alguna vez; más del doble son desconocedores de los delitos contenidos en el Código Penal, los cuales contienen penas privativas de libertad. Este elevado número nos confirma la falta de concienciación, educación vial e inseguridad en nuestras carreteras y, pese al continuo recrudecimiento en el ámbito penológico, no se consigue reducir la tasa de fallecimientos y solo podemos confirmar un progresivo aumento de delitos viales.

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Actualmente, se está barajando crear nuevas figuras delictivas, como conducir sin seguro o manipulando dispositivos móviles, o incluso se plantea eliminar la tasa de alcoholemia permitida y exigir un “0,0 mg/l” al volante.

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció hace unas semanas que la Dirección General de Tráfico (DGT) impondrá como medida la restricción y eliminación del permiso de conducir a aquellos conductores que hayan cometido delitos por alcohol y drogas de manera reincidente, es decir, que hayan delinquido al menos dos veces en dos años. Serán las jefaturas provinciales las que aplicarán la pérdida de vigencia del permiso de conducir, alegando falta de aptitudes psicofísicas. Los reincidentes pueden tener un problema de abuso o dependencia del alcohol o las drogas y, por ello, deben ser evaluados y tratados.

Estas medidas, en un momento de tanta sensibilización debido a los últimos acontecimientos, como el caso de los ciclistas en Oliva, en el que la conducción bajo los efectos de alcohol y drogas provocó cuatro fallecidos, han sonado a bálsamo y han aliviado a una sociedad que vive en riesgo constante en cuanto se adentra en la carretera.

Escrito por

Profesora de Derecho Penal y Derecho Penitenciario en la USP CEU. Politóloga, musicóloga y violinista profesional.

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