El Debate de hoy

Hay jinetes de luz en la hora oscura

El Gobierno de Rodríguez Zapatero puso en marcha una Ley de Memoria Histórica para la reparación y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Aún siguen relegados al olvido los ejecutados en la retaguardia republicana.

El secuestro y asesinato de José Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1936, fue el detonante que empujó a un grupo de generales del Ejército a llevar a cabo una sublevación militar contra la Segunda República. El golpe se venía gestando desde marzo de ese mismo año, tras la victoria electoral del Frente Popular, en un clima de tensión política y social gravemente deteriorado desde que en octubre de 1934 la oposición socialista al Gobierno de Ricardo Samper, abanderada por Francisco Largo Caballero, llamara a la insurrección popular para conseguir a cualquier precio el poder político perdido en las elecciones generales de 1933.

Unos años atrás, en 1932, el general Sanjurjo había intentado un levantamiento en contra de la República, coincidiendo con la puesta en marcha de la política reformista y anticlerical de Manuel Azaña. Los pronunciamientos en España tenían incluso un cierto halo de tradición, toda vez que la injerencia de los militares en la vida política española venía siendo una práctica común desde que el general Riego se levantó en 1820 en contra del absolutismo de Fernando VII y en defensa de la Constitución de 1812.

Ya en la recta final del siglo XIX, el general Martínez Campos hizo lo propio durante la regencia de Francisco Serrano en la Primera República, esta vez en favor de la restauración monárquica en la figura de Alfonso XII y, en 1923, el general Primo de Rivera, con la connivencia de un Alfonso XIII al que aquellas simpatías acabarían pasando factura, dio un golpe de Estado con el objetivo de restablecer una situación social y política deteriorada tras el asesinato del presidente Eduardo Dato y la derrota del Ejército español en Annual.

Dos bandos tras la Guerra Civil

Con el estallido de la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936, España quedó dividida en dos bandos. La sublevación militar iniciada el día anterior en el norte de África fue secundada por las tropas del general Mola en Navarra y, en pocos meses, el mapa de la zona sublevada incluía el sector occidental de Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla y León y buena parte de Aragón. Por su parte, la República mantenía Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y, en el norte peninsular, las regiones de Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria y parte de Asturias.

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Corría el mes de septiembre de 1936 cuando el ejército sublevado, tras haber tropezado con la resistencia republicana en Madrid, centró su ofensiva en la Campaña de Guipúzcoa y consiguió tomar San Sebastián. En el verano de 1937, las tropas rebeldes, avanzando hacia el oeste peninsular, superaban el «cinturón de hierro» y lograban el control de Bilbao. Fue precisamente en este periodo, concretamente el 26 de abril de 1937, cuando tuvo lugar el mediático bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor alemana, que dejó un trágico balance de 126 fallecidos.

Desmemoria histórica con los ejecutados en cárceles republicanas

Para recordar a estas y otras muchas víctimas de una Guerra Civil que acabó con un total de 500.000 fallecidos, en el año 2007 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha la Ley de Memoria Histórica, con un enfoque sesgado y orientado a restañar las heridas producidas durante la guerra en el bando republicano y, como consecuencia, de la represión franquista tras el final de la contienda. La desmemoria histórica dejó fuera de este reconocimiento a las miles de personas que murieron ejecutados en las cárceles republicanas exclusivamente por sus ideales políticos.

Uno de estos episodios negros tuvo lugar precisamente en el entorno de la ría de Bilbao, durante la Campaña de Vizcaya, unos meses antes del bombardeo de Guernica. Todo empezó el 25 de septiembre de 1936, cuando, tras un ataque aéreo por parte de la aviación del ejército sublevado, fueron ejecutados 41 prisioneros en el «Cabo Quilates» y 29 en el «Altuna Mendi», dos barcos-prisión habilitados a tal efecto por el ejército republicano. Pocos días más tarde, el 2 de octubre, marineros procedentes del acorazado Jaime I subieron a bordo de «Cabo Quilates» y, de acuerdo con los guardias que custodiaban a los presos, asesinaron a otras 38 personas tras despojarlas de los objetos de valor que llevaban encima.

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Tres meses después, el 4 de enero de 1937, y de nuevo como represalia a un bombardeo, un total de 232 personas murieron fusiladas en las distintas cárceles de Bilbao. El balance del periodo que va desde finales de septiembre del 36 hasta los primeros días de enero del 37 arrojó la cifra de 341 personas asesinadas, de las cuales 39 eran sacerdotes. Por poner en contexto las cifras, cerca del triple de fallecidos que en el bombardeo de Guernica, tan presente en la memoria colectiva.

El barco-prisión «Cabo Quilates» estuvo fondeado en la dársena de Portu (Baracaldo) y, en la actualidad, en ese lugar hay una cruz blanca en recuerdo a los fatales episodios allí vividos. La cruz no tiene inscripción alguna y el recuerdo de lo sucedido se ha perdido en la memoria de las últimas décadas. También en el cementerio de Bilbao (Derio) hay una cripta en la que reposan los restos de los muertos en aquellos fatídicos meses, sin inscripción ni explicación. Parece justo que la Ley de Memoria Histórica, si verdaderamente era necesaria después del ejercicio catártico y renovador de la Transición, tenga un alcance a la altura de la dignidad de todas las víctimas.

Imagen de portada: Bombardeo de Guernica, el 26 de abril de 1937, uno de los episodios que han sido desvirtuados por la desmemoria histórica.