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Trump y su defensa del derecho a la vida . Una causa necesaria para fortalecer la democracia

La marcha Provida 2018 de Washington fue un éxito y contó con la intervención de Trump. La cifra de estadounidenses defensores de esta causa se ha disparado. Tarde o temprano, España se hará eco de una lucha esencial para dignificar cualquier sistema político.

El aborto, legalizado en Estados Unidos en 1973 por la tristemente famosa y controvertida sentencia del Tribunal Supremo Roe vs. Wade, sigue siendo, 44 años después, una cuestión candente, políticamente movilizadora y que polariza a la política y la sociedad estadounidense.

En la actualidad, es una de las cuestiones políticas que distinguen claramente a los dos partidos mayoritarios, republicano y demócrata, cuando históricamente no fue así. El partido republicano se ha decantado hacia una posición sólida y casi unánime provida y el demócrata, a pesar de la procedencia católica de muchos miembros influyentes del mismo (clan Kennedy), apoya, prácticamente sin excepción, la práctica y promoción del aborto.

Un poco de historia sobre la posición sobre el aborto del clan Kennedy explica lo ocurrido en el partido demócrata. Ted Kennedy, jefe del clan después de la muerte en 1968 de su hermano Robert, afirmo en 1971 que: “Deseada o no, creo que la vida humana, desde sus etapas más tempranas, tiene ciertos derechos que deben ser reconocidos: el derecho a nacer, el derecho a amar, el derecho a envejecer” (carta de respuesta al activista católico Thomas Denelly); en la década de los 80, con ocasión de su oposición a las políticas de Ronald Reagan, viró su posición hacia el feminismo y a la consideración del aborto como un derecho constitucional de las mujeres. Así, resulta significativa una declaración suya hecha en 2003 con ocasión de la discusión en el Senado sobre una propuesta republicana de prohibición del aborto parcial de niños nacidos, a la que se opuso diciendo que: “No creo que sea el papel del Senado interferir o regular el tipo de consejo médico que un doctor pueda dar a un paciente”. Su historial de votaciones en el Senado fue siempre a favor del aborto y su extensión como derecho constitucional. La tercera generación del clan, representada por el antiguo gobernador de California Arnold Schwarzenegger (marido de Maria Shriver, hija de Eunice Kennedy Sriver) y por Caroline Kennedy Schlossberg sigue la tendencia abortista que ha influido poderosamente en los políticos católicos del partido demócrata y republicano.

Lo cierto es que, 44 años después de la legalización, el debate sigue estando vivo y los partidarios de la limitación de los supuestos o de la total prohibición del aborto han conseguido no solo que no se silencie su posición, sino que el número de estadounidenses provida aumente en la última década. Así lo acreditan las estadísticas anuales que se realizan sobre este tema, que muestran una práctica igualdad entre ambas posiciones.

Esta situación de virtual empate, cuando en los años 80 y 90 la agenda abortista se había impuesto claramente en la opinión pública norteamericana y parecía un viaje sin retorno, tiene mucho que ver con la movilización de los movimientos protestantes conservadores y el alineamiento sin complejos de la Conferencia Episcopal Estadounidense de la Iglesia Católica con el movimiento provida, siendo un ejemplo de verdadero y eficaz ecumenismo, el que reúne a cristianos en torno a la verdad sobre la persona humana. Asimismo, el posicionamiento provida de líderes del partido republicano en los últimos años también ha contribuido de manera decisiva a la vitalidad de este debate en Estados Unidos. Así, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y los gobernadores Rick Santorum Nikki Haley, entre otros; el neurocirujano Ben Carson, elegido para dirigir el departamento de vivienda del gabinete de la administración Trump; Ted Cruz, oponente de Trump en las primarias; todos ellos coinciden en tener una posición política provida.

Trump, comprometido con la causa provida

Las manifestaciones provida (March for Life) que se producen en Washington a finales del mes de enero todos los años desde 1974 han sido un termómetro y un galvanizador de la cultura de la vida en ese país. De unos pocos miles en las décadas de los 70, 80 y 90, han pasado a cientos de miles en cada ocasión de la última década. La del año 2017 ya fue especialmente singular por la participación del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y de la consejera del presidente, Kellyanne Conway. La reciente marcha por la vida de 2018 ha contado no solo con el citado vicepresidente, sino con la intervención del presidente, Donald Trump, quien desde la Casa Blanca ha hecho una intervención nada tibia y especialmente comprometida con la causa provida.

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Todo este debate ha ido teniendo numerosos resultados. Sería imposible enumerar las iniciativas legislativas ya aprobadas, de diversa índole, en muchos estados de la unión que buscan reducir, limitar o plantear escenarios alternativos al aborto. Esto ha generado ya una cultura política en defensa de la vida y, lo que es más importante, una clase política comprometida con ella, porque hay un electorado que es sensible e implicado con la cultura de la vida. De hecho, una de las primeras medidas de la administración Trump ha sido dejar de financiar con fondos públicos a las organizaciones que promueven el aborto en el extranjero y la propuesta del juez Gorsuch, convencido provida, como miembro vitalicio del Tribunal Supremo, lo que augura que el debate sigue vivo y los frutos de este, también.

El debate sigue abierto en Estados Unidos y, pese a que en España no hay visos de que se reabra a corto plazo, si en Estados Unidos se sigue discutiendo, tarde o temprano, España se hará eco de este debate y de esta lucha que es esencial para dignificar cualquier sistema político. Especialmente nuestro sistema democrático, que no está libre de crisis y cuyo fortalecimiento y madurez pasa necesariamente por abrazar las causas justas y nobles como es la de la vida.

Imagen de portada: Marcha Provida, una manifestación que cada año se celebra en Washington, EE.UU.
Escrito por

Doctora en Derecho por la USP CEU. Profesora Adjunta de Teoría del Derecho. Secretaría Académica del Instituto de Estudios de la Familia.

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