La ley antibotellón y los castigos a los padres . Un debate jurídico con trasfondo educativo
María Solano | 26 de abril de 2018
La ley antibotellón ha dado sus primeros pasos en el Congreso. Una de las propuestas plantea castigos a los padres por las borracheras de sus hijos. Dudas jurídicas al margen, es un buen recordatorio de que la educación comienza en la familia.
La gran noticia es que ha habido acuerdo: todos los grupos políticos, con la abstención -por cuestiones menores- de ERC y PNV, han sacado adelante el texto que conforma la base de la futura ley antibotellón. Eso significa que, de manera unánime, la sociedad y sus representantes políticos han comprendido que tenemos un problema: nuestros jóvenes se emborrachan cada vez más temprano, de manera sistemática, hasta el límite del coma etílico, sin que nadie frene la expansión de un comportamiento que no era propio de este país. Hay que resolverlo.
Claro que no hay recetas fáciles. Aquí entran en juego numerosas cuestiones que no tienen cabida en una ley, por buena que sea. Por ejemplo, ¿tan profundo es el vacío que sienten estos chicos que solo saben beber? ¿Quizá el problema es que gozan de demasiada libertad y, al tiempo, de demasiado dinero? ¿Les damos la oportunidad de buscar entretenimiento saludable y enriquecedor por otras vías? ¿Lo que están viviendo -la espiral de alcohol- es lo que realmente desean? ¿Damos en los hogares una correcta educación en materia de adicciones?
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Pero por algún sitio había que empezar para frenar esta pendiente deslizante que, con mucha facilidad, deriva en otros problemas sociales de calado. Y aunque parezca la gota en el océano, no podemos sino dar la enhorabuena al acuerdo de nuestros políticos en torno a las consideraciones de cerca de 40 expertos que han expuesto sus preocupaciones y aportado su saber en la Comisión Mixta Congreso-Senado que se ha encargado de la materia.
Como todo trámite legislativo, al final es la anécdota lo que hace titular. Y en este caso, la anécdota es la propuesta -en complicados límites jurídicos- de que se pueda multar a los padres cuyos hijos resulten beodos reincidentes. El problema jurídico radica en si se puede imponer una sanción al padre por el hijo. Y entrarán a dilucidar su oportunidad los expertos en la materia.
Sin embargo, hay un elemento muy interesante que, desde el punto de vista de la familia como estructura primigenia de socialización y educación en valores, me parece fundamental. El hecho de que estos días solo se hable de esta disposición de la futura ley hace ver que el aldabonazo era necesario y que la sola mención del castigo económico -canjeable por la participación en un proyecto de reeducación social- invita a muchos a la reflexión sobre si están cumpliendo con su mayor responsabilidad: educar a los hijos de tal manera que se conviertan en buenas personas.
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En una época en la que la tolerancia parece el único estandarte que debe ondear en nuestras vidas, no está de más recordar que hace falta una manifiesta intolerancia respecto a aquellos comportamientos moralmente reprochables que, además, no solo son lesivos contra uno mismo, sino contra el conjunto de la sociedad. Porque quizá parte del problema que nos ha conducido a la necesidad de legislar contra el botellón y sus aledaños radica en la excesiva permisividad de unas familias que no vieron o no quisieron ver cómo sus retoños tiraban su vida por la borda, agarrados a una botella barata comprada en un «chino».
Castigar a los padres con una sanción económica o con un proyecto social quizá no incida en demasía en comportamientos ya enquistados. Pero, sin duda, servirá para recordar a todas las familias que es en casa donde uno debe aprender a comportarse.