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Con motivo del 25º aniversario de la creación de la Universidad CEU San Pablo, reproducimos el siguiente artículo. Pese a que los centros privados refuerzan e impulsan la economía regional, sufren discriminaciones que no favorecen la competencia. 

Si, en los últimos años, la economía de la Comunidad de Madrid ha mantenido una trayectoria más favorable que el conjunto, con un crecimiento de su renta superior al doble del nacional, una de sus causas ha sido el auge experimentado por las universidades privadas y de la Iglesia. La contribución que tradicionalmente vienen realizando estas instituciones a la economía regional se ha visto potenciada recientemente a raíz del notable ascenso del número de alumnos nacionales e internacionales en los centros de enseñanza privados. En este sentido, en el curso 2015-2016, se matricularon en centros privados madrileños en estudios de primer y segundo ciclo algo más de 45.000 alumnos, lo que supone un aumento del 27% respecto al curso 2005-2006.

Resulta discriminatorio que en los proyectos de investigación del Plan Nacional o la Unión Europea las universidades privadas no puedan solicitar los costes totales y tengan que asumir los gastos del personal investigador

La mayor demanda de centros privados supone, en primer lugar, un importante ahorro para las arcas públicas. Pero el impacto económico de las universidades privadas sobre la región en la que se ubican, en este caso Madrid, va mucho más allá. En primer lugar, los centros privados son más ágiles y suelen complementar eficazmente a la oferta formativa de las universidades públicas para adaptarla de forma más precisa y especializada a las demandas de las familias y del mercado laboral, destacando, en este sentido, una mayor oferta de títulos dobles y bilingües, más amplios programas de prácticas con empresas y convenios para intercambios internacionales, formación en valores, fomento del espíritu emprendedor, apoyo a alumnos con dificultades, etc.

En segundo lugar, las universidades privadas realizan una aportación notable al nivel de empleo y a los ingresos fiscales de la comunidad, ya que un porcentaje elevado de los alumnos, en torno al 40%, procede de otras regiones españolas o de otros países y efectúa un gasto importante en la región. Según encuestas realizadas en el marco del proyecto de investigación CUNEMAD, el desembolso mensual por alumno se sitúa en torno a los 2.300 euros/mes, lo que globalmente supone unos 450 millones de euros al año, cantidad que repercute directamente sobre el nivel de renta y empleo y sobre el IVA y otros impuestos recaudados por la Administración regional.

Además, estos centros captan un volumen considerable de fondos para proyectos de investigación procedentes de la Unión Europea y del presupuesto nacional de I+D. Según la Red OTRI de Universidades, algo más de diez millones de euros al año.

Desde esta perspectiva, resulta paradójico que la Administración no apueste de forma decidida por impulsar la competitividad de este sector, mediante una política que tienda a “equilibrar el terreno de juego” entre los centros privados y públicos, diferenciando las capacidades de unos y otros.

En este sentido, por ejemplo, resulta discriminatorio que en los proyectos de investigación del Plan Nacional o la Unión Europea las universidades privadas no puedan solicitar los costes totales del proyecto y tengan que asumir los gastos del personal investigador en plantilla. Esta práctica, en última instancia, implica que las familias que optan por centros privados tienen que financiar no solo el 100% de la actividad docente que reciben, sino también el grueso de la actividad investigadora que realiza el centro.

Resultaría conveniente organizar el singular sistema universitario madrileño según las demandas de las familias y acorde con las necesidades y la estructura económica de la propia región

La actual regulación exige a las universidades privadas tener capacidad investigadora, contar con un porcentaje mínimo de doctores acreditados, etc., pero la realidad es que estos centros madrileños no reciben fondos públicos para cumplir esa misión. Esta situación contrasta con la de otras regiones españolas, por ejemplo Navarra, que tradicionalmente ha financiado proyectos de su centro privado, lo que explica que en la actualidad se sitúe a la cabeza de las universidades en actividad investigadora.

En definitiva, dentro del marco que establece la política universitaria nacional, resultaría conveniente tratar de organizar el singular sistema universitario madrileño según las demandas de las familias y acorde con las necesidades y la estructura económica de la propia región. Sería adecuado sentar las bases para avanzar hacia un proceso de especialización de los centros universitarios, reconociéndose diferencias en los papeles institucionales y las capacidades, estableciendo un marco financiero que incluya incentivos según el grado de contribución de las universidades privadas al desarrollo regional.

Por otra parte, en la actualidad, el acceso a los centros privados madrileños resulta extremadamente costoso para las familias con menores ingresos, lo que genera un proceso de segmentación educativa según la condición socioeconómica familiar. En una investigación realizada en el marco de la tesis doctoral de la profesora María Encina Morales, en torno al 50% de los alumnos de Administración y Dirección de Empresas matriculados en centros públicos de la región declararon que, a igual coste, hubiesen optado por estudiar en una universidad privada. Por ello, para promocionar el objetivo de equidad resultaría adecuado establecer incentivos fiscales por los gastos en universidad, así como un sistema de becas para cursar estudios en centros privados a los estudiantes con la conveniente capacidad y motivación.