El Debate de hoy

Hay jinetes de luz en la hora oscura

Según el informe del Shanghai Ranking Consultancy, España es el único país desarrollado que no cuenta con ninguna universidad entre las 200 primeras. Destinar mayores recursos, en especial provenientes de fuentes no estatales, o incentivar el potencial de los centros privados son algunas medidas para mejorar los resultados. 

El informe del Shanghai Ranking Consultancy debería hacer reflexionar a todos los agentes implicados en el diseño y la gestión de la política universitaria, ya que, según su última edición, España es el único país desarrollado que no cuenta con ninguna institución entre las 200 primeras. Esta situación contrasta con las clasificaciones que se realizan de los centros de posgrado MBA, en las que España cuenta con varias instituciones privadas ente las mejores del mundo.

El ranking de universidades es limitado, ya que se basa únicamente en los resultados de su actividad científica y excluye otros indicadores importantes representativos de la calidad de la enseñanza, del impacto de los centros sobre el desarrollo económico regional, la empleabilidad de los alumnos o la eficiencia en el uso de los recursos utilizados. Pero es un indicador que nos muestra un importante potencial de mejora en un área estratégica para el futuro de nuestra economía.

Al igual que sucede en muchos ámbitos de las políticas públicas, como por ejemplo, las pensiones, la sanidad o el empleo, existe un diagnóstico consensuado entre especialistas y expertos sobre las reformas necesarias para mejorar los resultados y la eficiencia de los recursos públicos empleados. Sin embargo, la introducción de algunos de los cambios necesarios provocaría –aparentemente- un elevado desgaste electoral a cualquier gobierno que amenazara los intereses laborales de funcionarios y trabajadores o de determinados usuarios, que podrían tener que afrontar mayores precios públicos por los servicios recibidos.

Las medias propuestas desde organizaciones internacionales para mejorar los resultados de las universidades tienen que ver con el volumen de recursos a su disposición y la capacidad para atraer y motivar a los mejores profesores. Así, en el caso de España, la financiación por cada estudiante a los centros universitarios se sitúa en torno a los 12.600 dólares, claramente inferior al valor promedio de la OCDE, cifrado en 15.700 dólares. Y en los países líderes en excelencia universitaria, como Estados Unidos y Reino Unido, este indicador alcanza los 28.000 y 25.000 dólares, respectivamente.

Las mejores universidades del mundo según ranking de Shanghái 2017 https://t.co/5IdOHYwXuU pic.twitter.com/KYahf2n3jK

— Revista Capital (@revistacapital) August 17, 2017

Pero la excelencia no solo implica destinar mayores recursos a las universidades. La comparativa internacional indica que, cuando el origen de los mismos proviene de fuentes no estatales (familias, empresas o fundaciones), se mejoran notablemente los resultados, ya que se potencia el rendimiento de cuentas y la financiación ligada al cumplimiento de objetivos. Así, en Estados Unidos y Reino Unido, las Administraciones públicas aportan, respectivamente, el 36% y el 57% del total de recursos a las universidades, mientras que en España este porcentaje es del 69% del total.

El potencial de las universidades privadas

Otro eje importante consiste en incentivar el potencial que tienen algunas universidades privadas, que actualmente se encuentra limitado por la competencia que ejercen los centros públicos. En investigaciones de la profesora M.E. Morales y en las encuestas realizadas en el marco del proyecto de investigación CUNEMAD, en torno al 50% de los alumnos de Administración y Dirección de Empresas matriculados en centros públicos de la Comunidad de Madrid declararon que, a igual coste, hubiesen optado por estudiar en una universidad privada. Por otra parte, no es razonable que en los proyectos de investigación del Plan Nacional o la Unión Europea las universidades privadas no puedan solicitar la financiación de los costes totales del proyecto y tengan que asumir los gastos del personal investigador en plantilla. El actual sistema supone que las familias que optan por centros privados tienen que financiar no solo el 100% de la actividad docente que reciben, sino también el grueso de la actividad investigadora que realiza el centro.