Las asignaturas pendientes del sistema educativo español en el arranque del curso
Gonzalo Sanz-Magallón | 07 de septiembre de 2017
Educación
Arranca el curso y el sistema educativo se enfrenta a varios retos. Bajo la sombra de un posible gran pacto de Estado, las diferentes comunidades deben avanzar en cuestiones como la eficiencia, la calidad y la libertad de elección.
El reinicio de las clases tras el parón veraniego suscita reflexiones sobre la salud de la educación española, sus logros, sus carencias y los principales retos que deberán abordarse en los próximos años. Evaluar el sistema educativo requiere observar cuatro dimensiones:
- La libertad, o capacidad que tienen las familias para acceder al tipo de enseñanza deseada.
- La equidad del sistema, entendida como la posibilidad real de que los alumnos alcancen sus metas independientemente de su nivel socioeconómico.
- La calidad, identificada como el logro de los objetivos propuestos en los distintos proyectos formativos.
- La eficiencia en el uso de los recursos empleados, comparando éstos con los resultados obtenidos.
Un calendario escolar al margen de los padres
Cantabria ha confeccionado un nuevo calendario en el que se suprimen las vacaciones de Semana Santa y se incluyen varios parones a lo largo del año. La medida se toma sin el visto bueno de las familias y se olvida de cuestiones tan importantes como la conciliación. En España, el ámbito de la libertad educativa se ha visto favorecido históricamente por el papel clave desempeñado por los centros religiosos. Gracias a ello, según el ranking de libertad educativa elaborado por OIDEL, España ocupó en 2016 la décima posición mundial, sólo por detrás de Irlanda, Noruega, Bélgica, Malta, Dinamarca, Gran Bretaña, Chile, Finlandia y Eslovaquia. No obstante, la libertad educativa es muy variable según las distintas regiones. Los ataques al derecho de los padres para elegir el tipo de educación han proliferado en los últimos años debido a la supresión de centros concertados en las comunidades autónomas gobernadas por la izquierda, destacando la Comunidad Valenciana y Andalucía, y a ello hay que añadir la situación de País Vasco, Cataluña y más recientemente, Navarra, donde gran número de las familias se ven discriminadas por el trato preferente y la imposición del uso de determinadas lenguas regionales frente al castellano.
Otro problema consiste en la excesiva regulación a la que se ven sometidos los centros no estales, lo que impide desarrollar proyectos educativos más innovadores y diferenciadores. A pesar de que las Administraciones públicas (Estado y Comunidades Autónomas) ostentan un poder absoluto sobre el diseño y la reglamentación de todas las etapas del sistema educativo, la sociedad civil española no parece estar muy concienciada de los graves inconvenientes que acarrea esta situación. Quizás el hecho de que las familias con mayor nivel de exigencia y recursos suelan acudir a centros privados y a colegios y universidades extranjeras reduzca la presión social para introducir reformas.
De ESO a Bachillerato con suspensos
La posibilidad de obtener el título de Educación Secundaria con suspensos y medias inferiores al 5 no soluciona los problemas del sistema español, como son las nuevas metodologías o la motivación del alumno.Respecto al objetivo de equidad, los principales aspectos positivos son la moderada influencia del entorno familiar sobre los resultados en las pruebas internacionales de conocimientos, como PISA, y el elevado índice de movilidad intergeneracional del nivel de formación -que compara la educación alcanzada por los hijos en comparación con la de sus padres-, que es claramente superior al promedio de la OCDE. Pero otros aspectos importantes, como el índice de fracaso escolar o el acceso a la universidad, arrojan un significativo sesgo en detrimento de los estratos de población menos favorecidos. Avanzar en esos ámbitos requeriría ampliar significativamente el alcance de las políticas familiares, prácticamente inexistentes en España, otorgando ayudas a los padres y familias más necesitadas, y afrontar el reto de la conciliación entre la vida familiar y laboral.
Importantes diferencias regionales
Analizando los indicadores de calidad, se observan importantes diferencias regionales de los resultados en pruebas internacionales, con Andalucía, Extremadura y Canarias en niveles alarmantes, un nivel promedio nacional que necesita mejorar, y un significativo déficit global en materia de alumnos excelentes y de competencias en lenguas extranjeras. Por otra parte, los resultados de la actividad investigadora de las universidades son insuficientes, mientras que la actividad formativa se muestra más que aceptable, al constatar las oportunidades laborales que se presentan en el extranjero a los titulados españoles.
?"El @PPopular encara el futuro Pacto de Estado en #Educación? con compromiso, lealtad y responsabilidad" ????????
— Grupo Popular Congreso ?? (@GPPopular) July 12, 2017
? Sandra Moneo pic.twitter.com/e0ZieDcCnN
Por último, los indicadores de eficiencia global de sistema, comparando los costes medios por alumno y los resultados obtenidos, también muestran resultados muy dispares según las regiones. A la cabeza se sitúa la Comunidad de Madrid, que consigue resultados aceptables en PISA con un gasto medio por alumno en enseñanzas no universitarias de unos 4.500 euros/año, mientras que el País Vasco se superan los 9.000 euros/año, sin que ello se traduzca en resultados positivos. Es llamativa también la superior eficiencia en los centros concertados, cuyos costes son en promedio un 15% inferiores a los de los centros públicos.
A partir de este diagnóstico, las medidas propuestas dentro de un eventual pacto de Estado por la educación requerirían descargar de ideologías la política educativa dando un mayor peso al aprendizaje de lenguas extranjeras, conseguir una mayor coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, mejorar los sistemas de selección, formación y motivación del personal, dotar de mayor autonomía a los centros educativos públicos y privados, y otorgar una mayor libertad de elección y poder decisor a las familias e instituciones no gubernamentales.