Gonzalo Sanz-Magallón | 18 de diciembre de 2017
Las desventajas económicas de todo monopolio son indiscutibles: se genera notable ineficiencia “técnica”, esto es, las organizaciones monopolísticas no tienen incentivos adecuados para utilizar las mejores técnicas o la óptima combinación de factores productivos disponibles; también son muy proclives a la ineficiencia “asignativa”, en el sentido de que tienden a pagar en exceso a sus empleados y a sus proveedores. El resultado es una producción de elevados costes y de pobre calidad, que sufre el usuario o consumidor. Además, los monopolios también dificultan la eficiencia “dinámica”, entendida como el proceso innovador que a medio plazo va desarrollando nuevas técnicas que permiten saltos importantes de productividad.
La competencia entre centros educativos ayuda a mejorar el rendimiento de los alumnos
Estas razones justifican las políticas de privatización y liberalización emprendidas en los países desarrollados desde los años 80 del siglo pasado, con la eliminación de monopolios públicos y la introducción de nuevos competidores, y que afectaron a sectores tan diversos como la banca, la producción eléctrica, los servicios de telecomunicaciones o el transporte aéreo.
Pero, paradójicamente, esta ola liberalizadora no llegó a una actividad tan estratégica como es la educación. Algunos intentos se abortaron rápidamente, ante la fuerte oposición de sindicatos, partidos de izquierda y otros grupos de presión. En mi opinión, el poder monopolístico que ejerce la Administración en la educación es la principal razón por la que la innovación educativa ha resultado tan limitada en los últimos años. Es evidente que tanto en escuelas como en universidades se continúan utilizando técnicas pedagógicas de pobres resultados y se consiente que, con frecuencia, personas sin la adecuada cualificación o motivación se encarguen de la educación de nuestros hijos.
Pero los problemas que genera el monopolio público de la educación no se reducen a los anteriores. Muy al contrario, el principal problema es que los gobernantes que controlan la política educativa, en vez de enfocar el sistema hacia el pleno desarrollo intelectual y humano de los estudiantes, con frecuencia instrumentalizan las aulas para conseguir objetivos “sociales”, que supuestamente sus votantes reclaman.
La orientación de la política educativa en Navarra desde la llegada del Gobierno apoyado por partidos de la órbita del nacionalismo vasco y la extrema izquierda es un buen ejemplo de la influencia negativa que el poder político ejerce sobre la formación de nuestra juventud. En este sentido, la promoción del euskera en las aulas se ha convertido en la principal prioridad de las autoridades, dejando a un lado las cuestiones que más preocupan a las familias y que permitirían mejorar la inserción laboral de la juventud, como, por ejemplo, combatir el fracaso escolar, potenciar el aprendizaje de lenguas extranjeras, promover una mayor orientación profesional o la promoción del espíritu emprendedor.
Los tres pilares del adoctrinamiento nacionalista: la lengua, Educación y los medios
Para completar el desatino, el Gobierno ha cambiado los criterios de acceso a la función pública, de forma que hablar euskera se antepone a otros méritos, como haber finalizado estudios de doctorado o máster. Podemos imaginar la influencia negativa que esta medida tendrá sobre el futuro de los jóvenes de la comunidad foral y sobre la capacitación profesional del personal al servicio de la Administración.
Ya en el plano social, la política educativa del nacionalismo en Navarra ha incrementado la división y la conflictividad entre los ciudadanos. Cientos de padres han tenido que acudir a los tribunales para defender su derecho a la escolarización de sus hijos en castellano.
Todo ello muy preocupante. Qué oportunas resultan ahora las reflexiones de José Manuel Azcona y Joaquín Gortari en su libro Navarra y el nacionalismo vasco (Editorial Biblioteca Nueva, 2001), cuando afirmaban que “…resulta sorprendente que muchos ciudadanos navarros no sientan apego, y en ocasiones aversión, por el idioma vasco. Y ello es debido a la utilización política que de este bien cultural se ha hecho. Porque las lenguas habladas deben servir para unir pueblos, y no para separar personas, como es el caso.”
