Agencias independientes de acreditación para impedir el monopolio político de la educación
Gonzalo Sanz-Magallón | 19 de septiembre de 2017
Educación
El diseño curricular y la supervisión de la calidad del sistema la deberían realizar instituciones no gubernamentales, independientes de la Administración. Otorgar el monopolio de la educación al poder político se justifica por un tipo de fallo del mercado.
La denuncia pública de la asociación de editores sobre la irracionalidad de tener que editar hasta 25 versiones de un mismo volumen de libro de texto para atender las imposiciones de los gobiernos regionales es, sin duda, muy grave.
En mi opinión, lo de menos es la posible malversación de fondos públicos y el hecho de que se encarecen considerablemente los libros, al no poder aprovechar las economías de escala en la medida que sería deseable. El principal problema es que este hecho es una prueba irrefutable de la falta de criterios pedagógicos a la hora de diseñar los contenidos de las asignaturas y de la sistemática utilización de las aulas para promover las ideologías de partidos nacionales y regionales gobernantes, dentro de sus estrategias de “construcción social”.
Hace unos meses, el sindicato de profesores catalanes AMES denunció ante el Ministerio de Educación que buena parte de los libros de texto utilizados en esa región fomentaba el odio hacia lo español, al presentar a Cataluña como una entidad históricamente separada del resto de España y, en muchos casos, enfrentada al resto del Estado. Pero hasta la fecha, esa y otras iniciativas similares no han tenido ningún efecto.
Profesores catalanes comienzan a perder el miedo y se rebelan contra la inmersión lingüística. #Enhorabuena https://t.co/wHaltW1B2F pic.twitter.com/sReLRvV8Ri
— Convivencia Cívica (@CCivicaCatalana) July 17, 2017
Desde el punto de vista económico, otorgar el monopolio de la educación al poder político se justifica por un tipo de fallo del mercado denominado información asimétrica, según el cual los consumidores del servicio no están en condiciones de poder reconocer la calidad real de la formación recibida, por lo que la Administración actúa como garante de la misma, imponiendo estándares obligatorios de materias, contenidos, libros de texto, cualificación del profesorado, idiomas, horarios, etc. De esta forma, los padres pueden estar satisfechos, ya que, aunque no sepan qué tipo de formación es la más adecuada, la inspección educativa supervisa el cumplimiento de una extensa normativa diseñada por pedagogos, burócratas y políticos.
Ahora bien, ¿sería posible que el diseño curricular y la supervisión de la calidad del sistema la realizaran instituciones no gubernamentales, independientes de la Administración? Claramente sí, esta estrategia se ha aplicado en sectores productivos que también presentan fallos del mercado, como el bancario, los servicios de telecomunicaciones, el sector eléctrico, etc., para los que se han diseñado instituciones estatutariamente independientes del poder político: el Banco de España, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, etc. Para la universidad, se han creado las Agencias de Calidad, de ámbito nacional (ANECA) y regional, que son los organismos competentes para acreditar las titulaciones universitarias.
La reforma educativa: "hay que tutelar la libertad de las familias" Entrevista interesante a José Luis García Garrido, http://t.co/FrnfXQne
— eleduca (@GrupoEleduca) February 12, 2013
Pues bien, algo similar podría realizarse para garantizar la calidad de centros educativos de primaria o secundaria. Así, la propuesta del catedrático de la Universidad Computente José Luis Gaviria, durante el Seminario de Investigación ELEDUCA, consistiría en permitir que los centros educativos pudieran presentar y acreditar sus proyectos formativos a agencias acreditadoras independientes. Por ejemplo, asociaciones de centros, universidades, organismos de comunidades autónomas, el propio Ministerio, organismos o asociaciones internacionales, etc. Para que un centro pudiera ejercer su actividad en cualquier lugar del territorio nacional, bastaría con estar acreditado por uno de estos organismos acreditadores, con lo que dejaría de depender directamente de la Administración autonómica. Sería posible que un centro esté acreditado, por ejemplo, por la ‘Asociación Nacional de Centros de Enseñanza no Universitaria de Orientación Científica’. Las comunidades autónomas y el Ministerio perderían el poder absoluto que ejercen sobre los centros educativos, siendo organismos acreditadores más, y la consecuencia sería posiblemente que el sistema educativo se centraría en considerar a los alumnos como fines en sí mismos y en potenciar su desarrollo, dejando a un lado la lamentable instrumentalización de las aulas, tan característica durante los últimos años.