Mucho que mejorar en libertad educativa . En España se frena el auge de ideas innovadoras
Gonzalo Sanz-Magallón | 30 de enero de 2017
El afán instrumentalizador de la política o el modelo uniforme que impide el desarrollo de proyectos innovadores suponen un freno a la libertad educativa en España. Una situación que, revertida, podría ser un impulso para el rendimiento académico.
La evaluación de todo sistema educativo debe considerar el grado de cumplimiento de sus objetivos posibles, entre los que sobresalen: la equidad, entendida como la igualdad de oportunidades; la calidad, medida a través del grado de consecución de los objetivos formativos planteados; la eficiencia, resultante de la comparación entre los recursos empleados y resultados obtenidos; y por último, pero no menos importante, la libertad.
Libertad de educación se identifica con la posibilidad de que los padres puedan elegir la educación de sus hijos según sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Este derecho, reconocido en la legislación internacional, por ejemplo en el Art.14 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, requiere de la existencia de cierta diversidad de centros educativos, y una adaptación de la oferta educativa a las demandas cambiantes de las familias.
La libertad educativa ha sido en muchos países un factor de impulso en el rendimiento académico. Sin embargo, el poder político español tiende a instrumentalizar el sistema
En la práctica, la libertad educativa se materializa a través de un mercado educativo en el que exista suficiente libertad del lado de la oferta para crear centros escolares, diseñar proyectos formativos diferenciados, seleccionar a los profesores, etc., así como del lado de la demanda, con una elección de las familias del centro escolar.
La Constitución Española establece que la enseñanza obligatoria debe ser gratuita, por lo que un sistema educativo no debe penalizar a las familias que opten por centros no estatales, lo que exige, bien una subvención a los centros ‑sistemas de conciertos como los existentes en España‑, bien la financiación directa a las familias, a través de sistemas de vales o cheques escolares.
Índice Mundial de Libertad de Enseñanza
El grado de libertad educativa en España es mejorable, según el Índice Mundial de Libertad de Enseñanza elaborado por OIDEL y basado en el reconocimiento del derecho a crear centros educativos, la existencia de subvenciones para los colegios no estatales, o el porcentaje de alumnos en centros privados. Los países que encabezan la clasificación son Irlanda y Países Bajos, con puntuaciones respectivas de 9,8 y 8,9 sobre 10, mientras que España ocupa la décima posición con una nota de 7,1 sobre 10.
No obstante, la libertad educativa en España varía mucho según la comunidad autónoma, ya que la decisión de subvencionar centros no estatales es competencia de la Administración regional y los partidos de izquierdas generalmente han tendido a favorecer en menor medida su desarrollo.
Actuaciones asequibles que podrían suponer un avance en la libertad educativa en España
- Ampliar y generalizar los sistemas de conciertos a niveles superiores a la enseñanza obligatoria: bachillerato, formación profesional y estudios universitarios. El coste para el erario público sería variable, aunque de cierta importancia, por lo que en el actual contexto de restricciones presupuestarias la opción más realista es ofrecer ventajas fiscales que compensen parcialmente a las familias que opten por centros no subvencionados.
- Aumentar las cuantías percibidas por los centros concertados. En la mayoría de las regiones la subvención media por alumno es aproximadamente un 40% inferior al coste por alumno de los centros públicos, cantidad insuficiente para cubrir los costes completos de prestación del servicio. Esto hace necesario que las familias asuman parte de los gastos de la escolaridad de sus hijos, lo que aleja a los centros no estatales de las familias con menores recursos económicos.
- Otorgar mayor libertad a los centros para poder desarrollar su propio proyecto docente diferenciado: diseño de sus planes de estudios, metodologías docentes, asignaturas impartidas, etc. Esta línea de actuación ha sido emprendida de forma incipiente por la Comunidad de Madrid (ver la Orden 5279/2012 que autoriza la implantación de proyectos propios en centros concertados y privados).
A pesar de que la libertad educativa ha sido en muchos países factor impulsor de las mejoras del rendimiento de los alumnos, como han demostrado Hanushek y Woessmann en varias publicaciones, existen fuerzas que actúan sistemáticamente en su contra. Entre éstas destacan la práctica habitual del poder político de instrumentalizar el sistema educativo para promover ideologías afines, y la creencia generalizada de que la libertad educativa acentuará la segmentación de los centros según la distinta motivación, capacidad y origen socioeconómico de los alumnos, con el riesgo de aumentar las desigualdades económicas en el futuro.
Respecto a los consumidores de la educación, raramente se manifiestan demandando mayor libertad, y los proyectos más innovadores no suelen tener excesiva aceptación. Ante un sistema educativo público uniforme y mediocre, las familias más exigentes suelen recurrir a centros privados o internacionales de reconocido prestigio. Y para muchos padres resulta normal desentenderse de las necesidades educativas de sus hijos, y que sean políticos y burócratas quienes decidan por ellos.
El maltrato a la universidad privada en España
Fernando Lostao analiza en este artículo las trabas que algunas comunidades autónomas ponen a las universidades privadas a la hora de ofrecer una educación de calidad y competitiva. Las últimas actuaciones: exclusión en las becas y en las prácticas. Además, existe un “comportamiento de rebaño” que frena el desarrollo de proyectos educativos innovadores, ya que las pruebas de acceso a la universidad y los criterios para la concesión de becas valoran exclusivamente las notas medias y los resultados obtenidos en exámenes nacionales, por lo que una formación muy vanguardista y centrada en competencias distintas a las estándares implica asumir un elevado riesgo que puede llegar a limitar, más que ampliar, las oportunidades académicas y profesionales del alumno.