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La educación concertada no es subsidiaria . Los políticos deben respetar a los tribunales

A pesar de las sentencias del Tribunal Supremo, comunidades autónomas como Aragón mantienen su campaña en contra de la educación concertada, basando sus decisiones en cuestiones meramente ideológicas. 

Tal y como preveíamos en un reciente artículo, ya se han puesto en marcha los mecanismos para la progresiva reducción, ya veremos hasta dónde, de la escuela concertada en España. En concreto, en Aragón, el Gobierno regional, liderado por el socialista Lambán con sus socios Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, y bajo la espada de Damocles permanente de la exigencias de los 14 diputados autonómicos de Podemos, se ha visto obligado a aceptar la eliminación de 28 aulas concertadas -de las 48 que se pedían-, a cambio de obtener el apoyo parlamentario para la aprobación de los Presupuestos del año 2017.

La escuela concertada en peligro

Curiosamente, dicho pacto se ha realizado a los pocos días de que se conociera una importante sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que declaraba nulas las Órdenes de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón de septiembre de 2014, es decir, gobernando todavía el pacto PP-PAR, liderado por Luisa Fernanda Rudi, por las que se denegaba el acceso al régimen de concierto a dos determinados colegios de la ciudad de Zaragoza, en concreto, Montearagón y Sansueña.

El propio Tribunal Supremo ha confirmado esta doctrina de que el concierto no debe depender de la existencia de vacantes o no en la escuela pública en la misma localidad

Lo importante no es este caso concreto, en el cual el Tribunal declaraba no suficientemente acreditados los hechos en base a los cuales se negaba el concierto, “puesto que no basta recurrir a fórmulas estereotipadas o juicios de valor carentes de todo sustento para denegar el concierto o no acceder a su renovación”; lo importante es, por el efecto que tiene sobre todo el territorio nacional, resaltar las referencias a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que recoge esta sentencia aragonesa. En los años 2006 y 2007, el Tribunal Supremo dejó sentado con toda claridad que el principio de subsidiariedad no es aplicable al sistema de conciertos en la enseñanza preuniversitaria. Por ser más claros, el concierto de la enseñanza privada, para que sea efectivo el derecho a la libre elección de centro, no debe depender de que las plazas de las escuelas públicas estén todas cubiertas.

Doctrina del Tribunal Supremo

Más recientemente, en mayo de 2016, el propio Tribunal Supremo ha confirmado esta misma doctrina de que el concierto no debe depender de la existencia de vacantes o no en la escuela pública en la misma localidad, puesto que esto conllevaría, a la larga, la desaparición del régimen de conciertos. Esta doctrina de nuestro más alto Tribunal, que los gobiernos autonómicos parecen ignorar, no se sabe si de modo intencionado o injustificadamente negligente, impone el llamado sistema dual, según el cual la administración educativa debe prever los mecanismos adecuados para que puedan coexistir dos tipos de enseñanza, la pública y la privada, de todo tipo de inspiración moral, política o religiosa, para que así se haga efectivo el derecho constitucional (artículo 27.3) de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

A pesar de la rotundidad de estos antecedentes, una vez más, un poder público juega al gato y al ratón con los tribunales y, lo que es más grave, con el Estado de Derecho en sí mismo

En Aragón, además, está muy reciente el caso del colegio Ánfora, que iba a comenzar sus actividades académicas en septiembre de 2015 como colegio concertado en Cuarte de Huerva, una localidad de gran expansión próxima a la ciudad de Zaragoza, y al que el gobierno regional actual eliminó tanto autorización como concierto, como una de las primeras medidas de su recién estrenado poder, y al que solo dos decisiones muy rápidas del Tribunal Superior de Justicia de Aragón permitieron el comienzo de actividades, además, como colegio concertado, resolviendo de modo inusualmente veloz y eficaz la petición de sendas medidas cautelares, el 3 y 9 de septiembre de 2015.

Pero, a pesar de la rotundidad de estos antecedentes, una vez más, un poder público juega al gato y al ratón con los tribunales y, lo que es más grave, con el Estado de Derecho en sí mismo, tratando de imponer decisiones políticas de un claro matiz sectario por encima de la Ley. Probablemente, esto no empezará a acabarse hasta que los responsables políticos de estas decisiones -al igual que empieza a pasar en Cataluña- tengan que asumir personalmente las consecuencias penales de sus decisiones.

Foto de portada: Montaje en el que puede verse la puerta del Tribunal de Justicia de Aragón y un aula escolar.
Escrito por

Director Gerente de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Abogado.

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