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La Justicia desautoriza al Gobierno de Aragón . La educación concertada gana la batalla

El ejecutivo regional socialista que gobierna con el apoyo de Podemos, tendrá que volver a ofrecer a las familias las plazas de Educación Infantil que había suprimido en colegios privados y concertados de Zaragoza para el próximo curso. ¿Habrá sido un simple postureo político para conseguir que la formación morada votara a favor de los presupuestos de la región?

Ante el anuncio del Gobierno de Aragón del cierre de 28 unidades, la escuela concertada se movilizó el pasado 4 de abril en Zaragoza, llevando a cabo una manifestación que reunió a 30.000 personas y que clamó por la igualdad de trato. La concentración no solo había sido convocada por las patronales de la enseñanza privada, sino también por asociaciones de padres de alumnos, como Fecapa, y sindicatos, como el independiente de enseñanza.

Para nada sirvió esta demostración, ya que al día siguiente se dictaba la resolución por la cual se cerraban, al menos inicialmente, 13 unidades de 1º de Infantil de otros tantos colegios concertados, a la vez que se abrían 16 unidades en escuelas públicas, decisión que muchos colegios ya han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por la especial vía jurisdiccional de la protección de los derechos fundamentales, solicitando además medidas cautelares consistentes en la suspensión la resolución anulatoria de sus conciertos.

Para Mayte Pérez, la libre elección de los padres basta con que se sustancie en la capacidad que tienen para opinar sobre el proyecto de centro, en el estrecho margen que se les da dentro de la escuela pública

La Consejera de Educación del Gobierno, la socialista Mayte Pérez, en el transcurso de una entrevista recogida en el diario el Heraldo de Aragón el domingo 9 de abril, justificaba esta medida por dos motivos principales:

  • La educación pública como única garante de la igualdad de oportunidades.
  • El irrenunciable liderazgo de la administración en la planificación y la programación.

De esta primera afirmación, debemos inevitablemente deducir que la educación de iniciativa social no estatal, en la opinión de esta dirigente política, no garantiza tal igualdad de oportunidad, sino que genera desigualdad y, por lo tanto, injusticia. Declaración que se califica por sí sola y que se da de bruces con el amplísimo consenso social y la altísima demanda que tiene este modelo educativo por miles de familias cuya opción preferencial por la concertada deja este argumento de la consejera por los suelos. Pero es que para Mayte Pérez la libre elección de los padres basta con que se sustancie en la capacidad que tienen para opinar sobre el proyecto de centro, en el estrecho margen que se les da dentro de la escuela pública. Lo de la opción preferente por la concertada es algo que no ha tenido en cuenta a la hora de tomarse la decisión de cerrar unidades concertadas con muy alta demanda.

La escuela concertada en peligro

Igualmente peligrosa resulta la apelación que hace la consejera a la planificación, ya que en un ámbito de ejercicio de derechos fundamentales, como es el de los colegios a ofrecer su modelo educativo y el de los padres en la elección de centro de su preferencia, la planificación estatal solo debería tener una función orientadora o indicadora de oportunidades y en ningún caso tener naturaleza imperativa.

A veces, da la impresión de que los efectos de las perestroika se empiezan a diluir y que los partidarios del estatalismo han ganado la partida. Una vez más, habría que recordar que el estado no es un ser en sí mismo, sino un instrumento al servicio de las personas que forman las sociedades y que, al contrario de lo que dice la señora Pérez en esa misma entrevista, la concertada no es solo un instrumento al servicio de la escolarización universal, que también, sino una legítima opción social con amplísima aceptación y demanda que, además, en nuestro sistema alcanza la categoría de derecho fundamental.

Para que pueda ser efectivo el derecho fundamental de los padres a la libre elección de centro, la educación concertada nunca puede ser subsidiaria de la pública, ya que el sistema que debe imperar es el dual de la doble oferta

Por cierto, consejera: que los centros afectados por la perdida de unidades no hayan podido examinar y hacer alegaciones de modo previo, frente a los informes en los que teóricamente se justifica por razones demográficas y de escolarización la resolución administrativa que elimina estos conciertos, es una muy grave irregularidad administrativa, que cuesta creer que haya sido fruto solo del descuido y que puede justificar casi por sí sola la nulidad de la resolución.

Pero, afortunadamente para el Estado de Derecho, que todavía, aunque sea con muchas piedras en el camino, sobrevive en España, la cuestión volvió rápidamente a la mesa del poder judicial que, con la diligencia necesaria al caso, ha empezado a desactivar este proceso y devolver a los colegios las aulas concertadas anuladas, tomando las medidas cautelares pertinentes.

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Como recogimos en un reciente artículo, la sala de lo contencioso administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en una muy reciente sentencia de febrero de 2017, no dudó en expresar con toda claridad, recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la cuestión, que para que pueda ser efectivo el derecho fundamental de los padres a la libre elección de centro, la educación concertada nunca puede ser subsidiaria de la pública, ya que el sistema que debe imperar es el dual de la doble oferta. Y en caso de no haber suficientes recursos para los dos, me atrevería a decir que debería imperar el más demandado y eficiente.

Frente a esta concreta denegación de conciertos, han sido los Juzgados de lo Contencioso Administrativo los primeros que se han pronunciado, dado que los colegios, en muchos casos con la ayuda de las Asociación de Madres y Padres, han tenido que recurrir no ya la resolución denegatoria del concierto, sino a un proceso informático por el cual no se cargaron en el sistema informático que soporta todo el proceso de escolarización en Aragón las plazas correspondientes a las aulas concertadas que hasta la fecha tenían los centros demandantes. En cualquier caso, los juzgados han sometido la adopción de esta peculiar medida cautelar a la condición de ser confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ante el eventual recurso de los colegios, ahora ya contra la resolución denegatoria propiamente dicha y no contra este avance informático de la misma. Desde luego, es de alabar la rapidez y habilidad de los tribunales para responder ante una situación que podía haber alterado enormemente el proceso de escolarización que comenzó el pasado 19 de abril.

Es posible que el Gobierno de Aragón supiese que era probable que perdiera y que los Tribunales iban a devolver esos conciertos a su sitio y que todo esto no haya sido más que un simple postureo político

Pero nunca llueve a gusto de todos y ahora las autoridades educativas aragonesas se quejan de la rapidez de las decisión de los juzgados y de sentirse controladas por los tribunales, que nos les dejan desarrollar sus políticas. Pues esto precisamente, señores políticos, es el Estado de Derecho, ¡precisamente esto!

Quizás el Gobierno de Aragón sabía que era muy probable que perdiera y que los Tribunales iban a devolver esos conciertos a su sitio y que todo esto no haya sido otra cosa que un simple postureo político para conseguir que Podemos, que medio lo apoya, medio lo tortura, votara favorablemente los presupuestos de la región.

Resolución Judicial


Aquí puedes consultar el Auto
Foto de portada: El presidente de Aragón, Javier Lambán, conversa con la consejera de Educación y Cultura, Mayte Pérez | Agencia EFE
Escrito por

Director Gerente de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Abogado.

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