Luis Núñez Ladevéze | 24 de abril de 2018
Convendría restringir el uso de la palabra máster o precisar siempre si es ‘máster no reglado’ para distinguirlo de ‘master universitario’. La palabra ‘master’ se usa ahora indistintamente para referirse tanto a los antiguos “títulos propios” no académicos como a los ‘másteres universitarios’ oficiales. Las titulaciones de diplomatura y licenciatura no eran “grados”, sino primer y segundo “ciclos” y no equivalen a la distinción de grado y posgrado.
La información que ha ido publicándose a raíz del escándalo causado por el ya desgraciadamente célebre máster, materialmente no realizado, aprobado en condiciones de favor por la presidente de la Comunidad madrileña resulta bochornosa para quienes se toman en serio la dignidad universitaria. Lo que está ocurriendo va más allá del caso concreto, afecta a la institución académica y a la institución acreditadora. Como la garantía de que se posee cierta cualificación para realizar una tarea profesionalmente cualificada, la certifica el título expedido, puede decirse que es algo natural que se generalice la tentación para que ocurran estas anomalías.
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La universidad es una institución que administra el prestigio, la excelencia, la selección, el mérito cognoscitivo, en suma, un proceso de reconocimiento selectivo de la capacidad profesional y del talento. Y como ese aspecto forma parte de las apetencias propiciadas por el entramado social, nada más natural que, quien pueda hacerlo, exhiba sus galones. Como la cualificación es un bien social, nada tiene de extraña la tendencia común a adornarse con títulos. Justamente por este motivo, el sistema de acreditación y de seguimiento al que están supeditados los másteres universitarios es extremadamente prolijo.
Los títulos que otorgan las universidades forman parte del proceso de reconocimiento de la capacidad que se atribuye para el ejercicio de una labor en un nivel de preparación para el que generalmente se requiere, en el caso universitario, un conocimiento científico-técnico y una elevada preparación específica. El currículum es motivo de discriminación laboral y fuente de prestigio social. Lo es especialmente entre quienes predican un igualitarismo imposible de llevar a la práctica, porque una cosa es la igualdad humana, que se refiere a la común dignidad de cada miembro de la especie, y otra la preparación social de los individuos para ejercer o realizar una u otra labor. La afición a falsear el currículum emerge de la tendencia social a la ostentación de méritos.
El escándalo causado por el máster de la presidente, puede ser muy llamativo pero no deja de ser el síntoma de un mal más extenso. Son tantos los ejemplos de los que se ha informado estos días que parece que el virus va mucho más allá del bullicio creado por el obvio trato de favor a Cristina Cifuentes. Han aparecido muchos licenciados que no lo son y resulta sorprendente que el exrector de una Universidad pública no solo pase por alto en sus filas lo que reprocha en las ajenas, sino que al mismo titular de la acción política contra la presidente se le haya cogido en un renuncio similar por haberse atribuido un título de licenciado que nunca obtuvo. Que esta sea la persona que actúe como fiscalizadora es un ejemplo de hipocresía demasiado obvio para que lo avale el exrector de una universidad.
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Lo que ha salido a la luz sobre el polémico máster nunca cursado parece ser menos una mentira de la presidente que un ejemplo de tráfico de influencias. Una cosa es aceptar las facilidades que se ofrecen para la obtención del título y otra cosa distinta es ofrecer esas facilidades. Ejemplo llamativo de trato de favor es que un político puede presentar un acta de convalidación del ochenta por ciento de las disciplinas que debe superar para la obtención del título que se le reconoce como cursado. Podrá entenderse que alguien acepte el trato, pero no es explicable que la agencia pase por alto esa declaración.
Lo más sorprendente son los silencios de la institución acreditadora y que nadie se haya referido a ella. Dejando aparte querellas ante los tribunales, no se ha solicitado, que se sepa, los informes que preceptivamente deben constar en la agencia. Todo el sistema de másteres oficiales está vinculado a un complejo proceso de certificaciones de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación) o de las agencias comunitarias. Si hay algún tipo de papeleo burocrático más engorroso y exhaustivo que el requerido para los trámites de Hacienda, es el exigido por las agencias para la acreditación de un máster universitario. Tiene que presentarse una memoria tan casuística que desciende hasta el detalle del número de alumnos, los espacios de convivencia, de asegurar la transparencia de la información accesible a los alumnos, los procesos de evaluación, el número de profesores, los horarios lectivos presenciales, los de trabajo del alumno, las prácticas externas, los trabajos de fin de máster y los de cada disciplina, las características de las aulas, la tipología de horarios… La memoria ha de rellenarse meticulosamente. En ella deben constar los objetivos, los recursos, los procesos evaluadores, las tutorías, los medios disponibles, las garantías del alumno. Al cabo de un máximo de cinco años, hay que revalidar la acreditación con otra memoria en la que consten las fortalezas principales, las debilidades encontradas, los cambios que se soliciten de horarios, del número de matrículas, la designación de las disciplinas y otros pormenores minuciosamente señalados. La revisión se realiza a través de un comité ajeno a la universidad expedidora del título, formado por especialistas en el que también se integran un alumno y un miembro del PAD designados por la agencia comunitaria o la ANECA.
Queda pendiente responder a preguntas a las que aún no se ha hecho referencia alguna, que se sepa, sobre los informes de seguimiento de este máster ¿Por qué un exrector de Universidad, que está al cabo del procedimiento, no le ha dado relevancia hasta el momento a pesar de que la pregunta resulta tan patente como raro es que no se haya formulado? ¿Cómo es posible que la agencia competente haya pasado por alto las anomalías que han salido a la luz en la Universidad Rey Juan Carlos? Preguntas que podría hacer un político, que además fue rector de una universidad pública, porque el actual escándalo nunca hubiera llegado a serlo si no estuviera implicada una personalidad de la relevancia de la presidente de la Comunidad de Madrid. Y el problema no está en dar respuesta a este u otro caso, sino en cómo ha podido producirse, a pesar de los prolijos instrumentos de acreditación y de seguimiento a los que están sujetos los másteres universitarios.
