Se publica la tercera lista de morosos y su legalidad y eficacia siguen puestas en duda
José Manuel Muñoz Puigcerver | 04 de julio de 2017
Economía
La tercera lista de morosos hace públicos los nombres de aquellas personas que tienen contraídas con Hacienda deudas superiores al millón de euros. Sus detractores cuestionan su utilidad y se preguntan por la confidencialidad de los datos tributarios.
Coincidiendo con la época en la que los españoles debemos satisfacer nuestras obligaciones con el fisco, el Ministerio de Hacienda ha publicado la tercera lista de morosos o “lista negra” de Montoro, es decir, la relación de personas físicas y jurídicas que, a 31 de diciembre de 2016, adeudaban más de un millón de euros a las arcas públicas. En esta ocasión, la lista la componen 4.549 morosos, de los que 4.211 son empresas.
🔴 La nueva lista de morosos de la AEAT incluye 4.549 deudores por importe de 15.400 millones https://t.co/jIv0GxBtDI pic.twitter.com/SSdvOgVoj1
— iGlobo (@i_globo) June 23, 2017
El monto total de la deuda contraída por la relación de miembros del listado (219 menos que en el publicado en 2016, lo que supone una reducción del 4,6%) asciende hasta los 15.400 millones de euros (un 2% menos que el publicado el año anterior, que ascendía a más de 15.700 millones de euros). A pesar de ello, la eficacia que sobre la recaudación tiene la publicación de esta tercera lista de morosos es bastante controvertida.
Por un lado, hay quien considera que habría que ampliar su margen de actuación y revelar también la identidad de aquellos cuya deuda supere los 500.000 euros, en lugar del millón actual. Sin embargo, por otro lado, hay quienes opinan que el listado de morosos es, en cierta manera, ficticio, ya que en él aparecen empresas que se encuentran en concurso de acreedores o, incluso, en liquidación, además de otras cuya deuda se halla en situación de litigio y los tribunales competentes aún deben dirimir si esta debe ser abonada a la Hacienda Pública. En total, el número de miembros de la lista que se encuentra en alguna de las anteriores situaciones supera el 50%.
Una ley por cambiar
Este listado se realiza en cumplimiento del artículo 95 bis de la Ley General Tributaria, según el cual este debe publicarse todos los años entre el 1 de mayo y el 30 de junio del año fiscal en curso. La primera vez que vio la luz fue en 2015 y, en esta tercera ocasión, el Gobierno estaba dispuesto también a añadir los nombres de los directivos de las empresas morosas, ya que estimaba que, de esta forma, podría llegar a ingresar 150 millones de euros adicionales. Sin embargo, a pesar de que ya se había comprometido con la Unión Europea a hacer públicos esos nombres, el Gobierno debería haber modificado para ello ese artículo 95 de la Ley General Tributaria, que garantiza el carácter reservado de los datos tributarios, modificación que no ha llegado a materializarse.
¿Una amnistía fiscal válida pero inconstitucional?
La regularización se hizo mal tanto desde el punto de vista formal como material. Pese a todo, la seguridad jurídica prima en la sentencia del Tribunal Constitucional. Respecto a la primera lista de 2015, un 20% de quienes formaban parte de ella ya han dejado de aparecer (un total de 996 morosos). Aquella primera versión la conformaban 4.855 deudores, cuyo adeudo íntegro ascendía a 15.600 millones de euros. Si bien la mejora en la recaudación no llegó a notarse en exceso entre las publicaciones de 2015 y 2016, en esta tercera entrega sí se ha podido observar una tendencia a la baja, tanto respecto al número de elementos que componen la lista como al montante por ellos adeudado. Quizás la eficacia de la publicación de la identidad de los morosos con Hacienda, a día de hoy, sea ambigua. Sin embargo, al menos de momento, parece que su evolución se inclina hacia el lado favorable de la balanza.
Imagen de portada: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados | congreso.es
La subida del salario mínimo da la puntilla a un mercado agotado
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.