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La subida del precio de la luz en España tiene una causa política. Los impuestos y los costes de la regulación suponen el 65% del recibo. Es más, el precio que fija el mercado es uno de los más bajos de la Unión Europea.

La reciente subida del precio de la luz se está convirtiendo en un importante problema a tener en cuenta, ya que no solo afecta de lleno al bolsillo de las familias, especialmente de las más humildes y vulnerables, ahora que la llegada del frío está a la vuelta de la esquina, sino que lastra de forma muy sustancial la competitividad de la economía española, debido al elevado coste energético que deben afrontar las empresas. Y lo más grave es que viene de lejos. No en vano, el recibo del usuario medio se ha disparado casi un 86% en los últimos quince años, al pasar de los 43,47 euros en 2003 a 80,73 en 2018, según la última estimación realizada por la asociación de consumidores Facua.

¿A qué se debe esta evolución? La respuesta natural de la mayoría de la población, azuzada convenientemente desde los altares políticos y mediáticos, consiste en culpar a las eléctricas, puesto que, al fin y al cabo, son las encargadas de producir y vender la electricidad. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Son los políticos los que deberían entonar el mea culpa, dado que son sus erróneas decisiones las que explican la fuerte subida del precio de la luz en los últimos años.

Lo primero que hay que entender es que no existe un mercado eléctrico como tal, regido por la ley de la oferta y la demanda. La energía es, junto con la banca, el sector más regulado del país, de modo que es el Gobierno quien determina, en gran medida, qué tipo de energía producir, cómo hacerlo y a qué precio. El sistema es tan complejo que, con razón, la factura que llega a los hogares se ha convertido en un gran misterio, pero, a grandes rasgos, se puede dividir en tres bloques:

• Coste de la energía (precio libre): lo que cuesta realmente producir electricidad en el mercado. Es la parte que reciben las eléctricas y su precio se fija mediante subastas periódicas en el mercado mayorista (OMEL). Representa el 35% de la factura final.
• Coste de acceso (precio regulado por el Estado): aquí se incluye el coste de transportar y distribuir la electricidad; pero también la moratoria nuclear decretada por Felipe González; las primas a las renovables, cogeneración y residuos (RECORE); los sobrecostes de la electricidad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla; las subvenciones al carbón nacional; o la financiación del déficit de tarifa de años previos, entre otros. Es decir, son los costes políticos del sistema y representan el 40% de la factura final.
• Impuestos: gravamen especial sobre la electricidad, IVA (21%) y otras tasas. Ahora, el Gobierno pretende eliminar el gravamen del 7% a la generación de energía que aprobó el PP en 2012, por una cuantía próxima a 1.000 millones, lo cual rebajará el recibo doméstico entre un 2% y un 4% (una media de 1,5 euros al mes). Sin embargo, esto apenas representa el 10% de la tributación total que soportan familias y empresas en sus facturas, ya que Hacienda se embolsó el pasado año más de 11.000 millones en impuestos sobre la electricidad. Representan el 25% restante de la factura.

Así pues, el 65% del recibo final depende, única y exclusivamente, del Estado. Lo que nunca dicen los políticos es que el precio mayorista de la electricidad en España, el que fija el mercado, no solo se ha mantenido más o menos estable, sino que es uno de los más bajos de la Unión Europea.

La causa de la subida del precio de la luz, por tanto, hay que buscarla en los costes regulados, cuya cuantía, superior a los 17.000 millones de euros, se ha multiplicado por más tres en los últimos quince años.

Y, dentro de los costes regulados, la partida que más ha aumentado son las primas renovables, hasta que en 2013 se cortaron las subvenciones. “Una planificación inadecuada de las ayudas a las renovables provocó un auge de instalaciones en un momento inadecuado desde el punto de vista tecnológico, sobre todo de la fotovoltaica, implicando unas primas a la inversión que dispararon los precios y que engrosaron el déficit de tarifa, sin que se tomaran medidas para corregir una norma que mostró deficiencias rápidamente”, tal y como advierte el Consejo Económico y Social.

Por último, si bien es cierto que la subida del precio de la luz en el último año se debe en parte al encarecimiento de las materias primas (carbón, gas y petróleo), el principal responsable es el CO2, cuyo coste se ha triplicado hasta el punto de alcanzar los 20 euros por tonelada. El precio de la electricidad en el mercado mayorista se mantiene ahora por encima de los 70 euros/MWh, marcando máximos, pero la explicación reside en que la Unión Europea pretende fijar un precio mínimo a las emisiones de CO2 en su afán por luchar contra el cambio climático, y el mercado está anticipando esa subida. También se trata de una decisión política. Así pues, si buscan culpables, miren a sus gobernantes. Sin costes políticos, la factura se reduciría a la mitad.

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