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Las sicav no son un privilegio fiscal para ricos, todos los ahorradores deberían tener una

Pese a la continua propaganda en contra y el uso político que pretenden dar al asunto Podemos y el PSOE, las sicav en España no disfrutan de beneficios respecto a otros productos de ahorro e inversión como son los planes de pensiones. 

Tanto el Gobierno del PSOE como Podemos están blandiendo, una vez más, el maniqueo y asiduo chivo expiatorio de los “ricos” para justificar de algún modo las abusivas subidas de impuestos que pretenden aprobar en 2019 con el fin de elevar la recaudación. Y una de las múltiples medidas planteadas consiste en modificar el régimen fiscal de las sicav en España, bajo el argumento de que este instrumento permite a las grandes fortunas disfrutar de una tributación privilegiada, diferente a la del resto de la población.

El problema es que se trata de una burda mentira. Por desgracia, muchos políticos y medios de comunicación insisten machaconamente en el mensaje de que las sicav tan solo pagan un 1% de sus beneficios en impuestos, lo cual, en teoría, supondría un intolerable e injusto agravio en comparación con el 25% que abonan otras empresas a través del Impuesto de Sociedades. Sin embargo, olvidan que las sicav ( Sociedad de Inversión de Capital Variable) no son empresas al uso, sino Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) ideadas para gestionar y revalorizar las inversiones de los ahorradores. Y, como tales, se someten al mismo tratamiento fiscal que otros instrumentos de similar naturaleza, como, por ejemplo, los miles de fondos de inversión y planes de pensiones que operan en España.

Así pues, no existe ningún privilegio fiscal. Los poco más de 400.000 accionistas que, hoy por hoy, participan en alguna de las 2.900 sicav en España, cuyo volumen apenas supera los 30.000 millones de euros, pagan los mismos impuestos que los cerca de 11 millones que poseen fondos de inversión, con una cuantía bajo gestión de 275.000 millones, o los 8 millones de personas con planes de pensiones, cuyo ahorro supera los 74.000 millones de euros. No existe diferencia alguna a nivel tributario.

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Además, una cosa son los beneficios de la sociedad en sí y otra muy distinta el nivel real de impuestos que pagan sus partícipes. Y es que, por mucho que algunas grandes fortunas tengan sicav, su fiscalidad no difiere de la del resto de españoles cuando obtienen ganancias derivadas de sus inversiones (el IRPF aplica un tipo del 19% si la plusvalía es menor a 6.000 euros al año, 21% si oscila entre 6.000 y 50.000, y 23% a partir de 50.000 euros). Las sicav en España tributan al 1%, pero sus accionistas pagan entre el 19% y el 23% en el IRPF -si son personas físicas- o el 25% en el Impuesto de Sociedades -si son personas jurídicas- cuando venden sus acciones con ganancias o cobran dividendos.

Siendo un producto de ahorro, es lógico que los beneficios de las sicav se graven al 1% -o incluso menos-, ya que lo contrario no solo resultaría confiscatorio, sino que supondría una doble imposición, lo cual es ilegal, además de injusto. Si una sicav, por ejemplo, comprase el 100% del capital de una empresa cotizada llamada X y esta lograse unos beneficios brutos de 1 millón de euros, una vez abonado el Impuesto de Sociedades (25%), las ganancias se reducirían a 750.000 euros. Esa cantidad, a su vez, tributaría al 1% tras su paso por la sicav, dejando un total de 742.500 euros, que, una vez distribuidos en forma de dividendos al accionista, quedarían reducidos a tan solo 571.725 euros. Hacienda se quedaría, por tanto, con el 43% de las ganancias de la empresa X y el propietario, con el 53% restante.

España, el país más restrictivo con las sicav

El principio de “neutralidad fiscal” establece que si paga la sociedad no debe pagar el socio y si paga el socio (accionista) no debe pagar la sociedad (sicav). Esta última es la fórmula que se aplica en la mayoría de los países del mundo y también en España. Si el Gobierno subiera los impuestos a las sicav, se pagarían dos veces impuestos por lo mismo (los beneficios de la empresa X).

Además, tampoco son un instrumento exclusivo de los ricos, ya que, si bien la legislación actual exige un mínimo de 100 accionistas y un capital de 2,4 millones de euros para constituir una sicav, sus acciones cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y, por tanto, están disponibles para cualquier pequeño inversor desde apenas 10 o 20 euros en muchos casos. De hecho, lo único que diferencia a las sicav en España respecto a otros países europeos es, precisamente, su restrictiva normativa. La mayoría de sicav que operan en la zona euro tributan al 0% y sin necesidad de una cantidad mínima de accionistas, pudiendo crearse, además, con un capital inicial mucho más reducido. Esa y no otra es la reforma que debería emprender España para permitir a todo ahorrador disponer libremente de su propia sicav si así lo desea.

Ilustración de portada: Pablo Casado
Escrito por

Periodista. Redactor jefe de Economía de Libertad Digital y Libre Mercado. Miembro del Instituto Juan de Mariana. Máster en Periodismo por la USP CEU-El Mundo.

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