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Restaurar la tarjeta sanitaria universal y el fin de los copagos es pura demagogia socialista

El nuevo Gobierno ha decidido reinstaurar la sanidad pública universal en España para los inmigrantes irregulares y eliminar los copagos. EL DEBATE DE HOY recupera este texto tras la aprobación por el Congreso del real decreto que presentó el Ejecutivo.

Muy poco ha tardado el Gobierno de Pedro Sánchez, apenas dos semanas, para empezar a revertir algunas de las decisiones más polémicas e impopulares, aunque necesarias, que tuvo que adoptar el Partido Popular (PP) para afrontar la grave crisis económica que ha registrado España en los últimos años. Una de las más sonadas fue, sin duda, el Real Decreto-ley 16/2012 para racionalizar el gasto sanitario, cuya aprobación reguló el acceso al Sistema Nacional de Salud tanto de los inmigrantes ilegales como de los ciudadanos europeos, al tiempo que introducía ciertos copagos en la compra de medicamentos, entre otras medidas, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera de la sanidad pública.

https://twitter.com/PSOE/status/1007603592256245766

Por el momento, los socialistas ya han desvelado su intención de restaurar la tarjeta sanitaria para los inmigrantes en situación irregular, así como eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas. Este mero anuncio supondría un gasto público extra próximo a los 1.000 millones de euros al año -unos 1.600 millones si se extiende a los europeos residentes-, si bien la derogación completa del citado decreto elevaría el coste hasta los 7.000 millones, en base al ahorro que en su día estimó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy para justificar su puesta en marcha. Y todo ello, bajo la excusa de recuperar el “derecho a la sanidad universal” en España, según alegan los socialistas.

Pero, más allá de la factura final que supongan estas y otras medidas al bolsillo de los contribuyentes, lo grave es que son el reflejo más fiel de la insondable y mezquina demagogia que tanto abunda en la política nacional, cuyas consecuencias, sin duda, acabará pagando el conjunto de la población, en mayor o menor medida. Lo primero que cabe señalar a este respecto es que la sanidad pública en España ni es universal ni, mucho menos, gratuita. No todos los colectivos contaban con el mismo nivel de coberturas y prestaciones sanitarias antes de 2012, tal y como, por ejemplo, sucedía con los  autónomos que dejasen de cotizar a la Seguridad Social. Y, desde luego, la sanidad pública, ni ahora ni nunca, ha sido gratuita, más bien al contrario, puesto que la ineficiencia y el despilfarro son algunas de sus características estructurales.

En concreto, el gasto público total destinado a sanidad rozó los 67.600 millones de euros en 2016, según el último dato disponible de la Intervención General del Estado, apenas 1.600 millones menos que a cierre de 2011, cuando el PSOE abandonó el poder. Es decir, los tan cacareados recortes sanitarios apenas alcanzan el 2,3%, pero es que, a poco que se eche la vista atrás, se observa que esta partida ha crecido en cerca de 6.400 millones de euros desde 2007, poco antes de que estallara la tormenta financiera internacional. Dicho de otro modo, la sanidad pública no ha sufrido recortes durante la crisis, ya que, incluso descontando la inflación, el gasto real en esta materia se mantiene en niveles propios de la época de la burbuja.

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En segundo lugar, conviene recordar la dramática situación que padecía la economía nacional en 2012, cuando el PP decide aprobar este ajuste, en medio de una fuerte recesión, con un déficit público de dos dígitos y la prima de riesgo en máximos históricos. El Estado estaba, simplemente, al borde de la quiebra, y uno de sus múltiples sectores con problemas de solvencia era, sin duda, el sanitario. El Sistema Nacional de Salud registraba un déficit de 15.000 millones de euros y su agonía financiera se traducía en una larga y abultada lista de morosos -desde proveedores sanitarios hasta farmacias-, crecientes listas de espera y un deficiente servicio.

La deriva hacia el “turismo sanitario”

Es en ese difícil contexto en el que surge la imperiosa necesidad de ahorrar costes, con el fin de mejorar el funcionamiento de la sanidad pública y contribuir a la reducción del déficit, al tiempo que se corregían algunos de los inaceptables abusos que había ido acumulando el sistema a lo largo de los años. Uno de estos excesos era el relativo al denominado “turismo sanitario”. Decenas de miles de europeos aprovechaban sus vacaciones en España para operarse o solventar sus problemas de salud, ahorrándose así el tratamiento y los fármacos que tendrían que haber abonado en sus respectivos países de origen. En la mayoría de los casos, se trataba de extranjeros de clase media que, simplemente, se aprovechaban de la mal entendida “sanidad universal” que ofertaba España gracias a los onerosos impuestos que pagaban sus contribuyentes. El escándalo llegó a ser de tal magnitud que el Tribunal de Cuentas emitió un informe en 2012 alertando de estos abusos para que las autoridades aclararan de una vez los requisitos para acceder al sistema, que es, precisamente, lo que trató de hacer el Gobierno del PP a través del ya famoso real decreto.

Y algo similar sucedió con los irregulares. Para empezar, no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico que quienes entran y residen en España de forma ilegal, cuyos derechos ya están restringidos per se, tengan acceso ilimitado a los servicios sanitarios y en condiciones idénticas a las del resto de la población, solo que sin necesidad de hacer frente a las mismas obligaciones, como, por ejemplo, el pago de impuestos. Por ello, en la inmensa mayoría de países europeos, desde Alemania e Italia hasta Reino Unido, Bélgica o Portugal, existen limitaciones al acceso sanitario de los “sin papeles”. En Dinamarca, Finlandia y Suecia, por ejemplo, referentes socialdemócratas del mal llamado “estado del bienestar”, los inmigrantes ilegales sólo pueden ser atendidos en caso de urgencia y se exige el pago en el resto de servicios médicos. España era la excepción de la Unión Europea, no la regla, en la extensión de la tarjeta sanitaria a los irregulares.

https://twitter.com/ierrejon/status/1007596076533211137

Pero es que, además, el PSOE y otros partidos políticos, con la ayuda de medios afines, han tergiversado por completo la realidad con fines puramente electoralistas, tratando de generar un alarmismo social que, en ningún caso, está justificado. No en vano, estos inmigrantes contaban con asistencia sanitaria, sin coste alguno, en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que fuera su causa, hasta el alta médica, así como cobertura completa para embarazadas, menores de 18 años y enfermos crónicos. Lo único que se exigía al resto era la suscripción de una póliza de 60 euros al mes -157 en el caso de los mayores de 65 años- para acceder a todos los servicios sanitarios. Partiendo de la base de que la mayoría de irregulares que llegan a España son jóvenes y trabajan en el mercado negro, un desembolso de tal cuantía es perfectamente factible. Y prueba de ello es que, pese al amarillismo mediático imperante, la aplicación de estas medidas no ha supuesto ningún drama social. Y todo ello sin tener en cuenta que algunas Comunidades Autonónomas decidieron incumplir las restricciones marcadas por el Gobierno, manteniendo, pues, la cobertura previa, de modo que estos cambios ni siquiera se notaron en algunas regiones.

Lo mismo cabe decir del copago farmacéutico, cuya puesta en marcha ha logrado racionalizar el enorme desembolso destinado a los medicamentos sin el menor menoscabo para el paciente. Muchos olvidan que los beneficiarios de pensiones mínimas estaban exentos de cualquier desembolso, mientras que los jubilados con ingresos inferiores a 22.000 euros al año pagaban, como máximo, 8 euros al mes, apenas 18 euros en el caso de las rentas de hasta 100.000 euros y un máximo de 60 euros para los que superasen dicho umbral. Así pues, más que copago, se trataba de un liviano, aunque efectivo, desincentivo para evitar abusos y despilfarros injustificados en la compra de medicamentos por parte de los pensionistas, que es el colectivo que protagoniza, de lejos, el mayor gasto en esta materia.

Visto lo visto, tanto la recuperación de la tarjeta sanitaria para los inmigrantes ilegales como la eliminación del copago farmacéutico a los jubilados no es más que un nuevo ejercicio de demagogia política, irresponsabilidad fiscal e injusticia por parte de la clase política española.

Escrito por

Periodista. Redactor jefe de Economía de Libertad Digital y Libre Mercado. Miembro del Instituto Juan de Mariana. Máster en Periodismo por la USP CEU-El Mundo.

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