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Salvad al Banco de España . Los intereses partidistas debilitaron el control del regulador

El que fuera gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, declarará el próximo 16 de marzo, como investigado, por su posible responsabilidad en las irregularidades de la salida a Bolsa de Bankia. Junto a él, acudirán ante el juez otros miembros de la cúpula del máximo supervisor bancario español y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Tanto sus más acerados críticos como sus más entusiastas incondicionales admitirán que Francis Kukuyama es una referencia en la ciencia política de finales del XX y el XXI. El fin de la historia, aplaudido y denostado también a partes iguales, es posiblemente su obra más célebre. Es uno de esos textos que conviene leer, aunque no se compartan sus postulados.

Más desapercibido ha pasado su trabajo posterior, más extenso y probablemente mucho más relevante. En él, Fukuyama ha entrado a analizar en profundidad las causas que determinan la estabilidad y prosperidad de los países. Y su conclusión, a muy grandes rasgos (un artículo en prensa, en ocasiones, sacrifica lamentablemente el rigor en aras de la brevedad), es que la fortaleza de las instituciones que conforman el Estado, por encima de las veleidades de los individuos, partidos o grupos de interés, es la mejor garantía de la democracia y el bienestar.

Lo grave no es que Fernández Ordóñez tuviera carnet de partido. Lo terrible es que su deficiente formación le impidiera ver que, si tomaba decisiones con las gafas de las siglas tapándole los ojos, llevaría al sistema financiero a la catástrofe

Sus reflexiones resultan de lo más oportunas a la hora de juzgar lo que ocurre en la vida política española. En los últimos días, han salido a la luz informaciones que ponen en entredicho la independencia de tres de esas instituciones, pilares del entramado institucional español: la Fiscalía General del Estado, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Centrémonos, por aquello de la necesaria brevedad, en las dos segundas.

En los años 90, quizá por conveniencia política, por presiones de Bruselas o por pura necesidad, el gobierno de Felipe González decidió blindar la independencia del Banco de España. Lo hizo por derecho y de hecho. Desde entonces, y durante más de una década, los partidos en el gobierno y en la oposición han colocado al frente de la autoridad monetaria a personas afines, pero alejadas de la vida partidista, y siempre con la elevada cualificación que el puesto requería. Hasta que, en 2005, el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero decidió romper el statu quo enviando a Cibeles nada menos que a uno de sus secretarios de Estado.

Con todo, lo más grave no es que Miguel Ángel Fernández Ordóñez tuviera carnet de partido. Lo terrible es que su deficiente formación le impidiera ver que, si tomaba las decisiones con las gafas de las siglas tapándole los ojos, conduciría al sistema financiero español a la catástrofe, que es lo que hizo. En la crisis de las cajas, el Banco de España fue juez y parte.

Quiso tapar las vergüenzas de los políticos que habían estado al mando de las entidades financieras, autorizando no solo la salida a Bolsa de Bankia, sino también productos como las preferentes, a costa de los ahorradores españoles a los que debía proteger. Y lo hizo enfrentándose al criterio de sus inspectores, todos ellos funcionarios de probada cualificación. No fue la institución la que falló, fueron sus directivos. Quedó en evidencia cuando el Ministerio de Economía, al pedir el rescate a Bruselas, solicitó auditorías a una consultora privada, Oliver Wyman, rematando con esa decisión el ya dañado prestigio del otrora célebre Banco de España.

Actuaciones que debilitan las instituciones

Hoy, Fernández Ordóñez y Julio Segura, presidente de la CNMV, el responsable de velar por que la información que reciben los accionistas es veraz, están imputados por autorizar la salida a Bolsa de Bankia. No tengo el criterio jurídico para valorar si cometieron o no delito, pero sí el raciocinio suficiente para determinar que con su conducta, partidistamente interesada, han hecho un flaco favor a la estabilidad de las instituciones que debieron defender, esas que deben velar por la estabilidad del sistema financiero para bien, no de los que lo gobiernan, sino de todos los que han puesto en él su confianza a la hora de proteger sus dineros. En eso son a todas luces responsables. Y flaco favor hacen al organismo los que están recogiendo firmas para protegerlos.

Los riesgos de la renta básica

No es el Banco de España el que está en el banquillo. No es la CNMV la que tendrá que dar explicaciones al juez. Ante el tribunal, solo se sentarán dos señores que, colocados al frente de dos instituciones vitales para el correcto devenir de la vida económica en España y la salvaguarda del Estado de Derecho, las pervirtieron para satisfacer intereses de partido. O de partidos. Sin querer poner palabras en boca de Fukuyama, tal vez se lamentaría del daño que, con su proceder, han hecho a la confianza que empresas y ciudadanos deben tener necesariamente en su economía. Algo que redundará, y no para bien, al menos en sus decisiones de inversión.

Foto de portada: Banco de España
Escrito por

Periodista. Coordinadora de Economía de los Servicios Informativos de Telemadrid, colabora con EsRadio, El Economista y es profesora de la Escuela de Marketing ESIC. Autora del libro "Gabinete de crisis".

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