Javier Morillas | 28 de mayo de 2017
Para nosotros es importante, porque España ha destinado para el rescate a Grecia un total de 29.828’85 millones de euros, que deberá devolver. Es la mayor de las cantidades destinadas por nuestro país para el conjunto de las cuatro economías rescatadas de la eurozona que, junto a la anterior, son los préstamos a: Portugal, Irlanda y Chipre, con 5.310’2, 4.062’29 y 763’97 millones de euros, respectivamente. Ese es el coste de los prestamos españoles, como una de las cuatro grandes economías de la eurozona, en función de nuestra cuota parte en la misma. La cantidad alcanza los 39.965’31 millones de euros. Casi equivalentes a los 41.847 millones recibidos por la línea de crédito que la economía española obtuvo en 2012 destinada a nuestras quebradas Cajas de Ahorros.
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— EU Council TV News (@EUCouncilTVNews) May 22, 2017
Y es que en 2015 Grecia volvió a librarse de ser expulsada del euro y vivir un proceso de empobrecimiento general de su población. La coalición populista Syriza, «el Podemos griego», elevó el riesgo país y la desconfianza del mundo desarrollado hacia su Gobierno con un programa económico delirante. Provocó una tremenda fuga de capitales, alza de tipos de interés y una caída de la inversión y el empleo. El radicalismo de Syriza no arregló nada de lo que se suponía venía a arreglar y todo lo empeoró.
El presidente Tsipras, tras eliminar a sus elementos más lunáticos, como Varufakis, tuvo que replantear su programa. Así, se comprometió a una serie de reformas a regañadientes. En esa líne,a empezó a reducir su administración estatal y el peso de sus ineficientes compañías, fundaciones y entidades públicas, privatizando puertos como el del Pireo, que fue vendido a inversores chinos, así como distintos aeropuertos.
Pero las reformas hasta ahora acometidas, tarde y mal, se muestran insuficientes. Ahora, Grecia tiene que hacer frente a los vencimientos de julio y agosto próximos por valor de más de 11.000 millones de euros. Un dinero que, de nuevo, no tiene. Para no quebrar, el pasado mes de abril consiguió un principio de acuerdo con sus acreedores: el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, MEDE, y el Fondo Monetario Internacional.
Por este acuerdo, se comprometen a desbloquear una segunda revisión del rescate a Grecia, siempre que se lleve a cabo una serie de nuevas reformas en 2019 y 2020. El primer ajuste, en 2019, implica una nueva reducción de las pensiones, equivalente al 1% del PIB en el pago de las mismas. Y otro 1%, en 2020, se concentrará en incrementar impuestos, especialmente el IRPF, dada la resistencia a seguir bajando gasto público improductivo. Deberá reducir, así mismo, su gasto militar, que sobrepasa el 4% del PIB, siendo aun así incapaz de controlar sus propias fronteras, cuando en España apenas supera el 1 y lo exigido por la OTAN es al menos el 2%. Y también implementar una nueva reforma laboral, avanzando hacia su plena liberalización.
Si esto se hace, habrá compra de bonos de deuda griega por parte del Banco Central Europeo y se desembolsará un nuevo tramo de ayudas, siempre que haya acuerdo entre los referidos cuatro acreedores, aunque el Fondo Monetario Internacional sigue amenazando con salirse del programa de ayuda al país. Dado que el paro vuelve a subir, la banca avisa de nuevas fugas de capitales y el crecimiento se desacelera.
Hay que decir que España ha amortizado ya de forma voluntaria y anticipadamente la cantidad de 6.304 millones de lo que se le prestó por la mala gestión pública de las Cajas de Ahorro españolas; más 308 millones de euros del pago previsto y sí acordado en fecha con Bruselas, el 23 de julio de 2014. Un préstamo que vencía en 2027. Ahora, en junio de 2017, el Gobierno español tiene previsto devolver 1.000 millones y otros 2.000 en noviembre. Con ello habremos devuelto de forma anticipada 9.300 millones (de los 9.608 del total), quedándonos por devolver poco más de 32.000 de los 41.000 millones de euros recibidos. Al tiempo que acometemos reformas, nos recuperamos y crecemos sostenidamente.
Mientras, desde Atenas no se ha devuelto nada. Y siguen inspeccionados e intervenidos. Lo ocurrido en Grecia debe seguir siendo en España y la UE una vacuna contra el populismo.
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.
La economista Stefanie C. Müller analiza el programa económico de la formación morada, sus propuestas y pone de manifiesto la dificultad de convertirlas en realidad.
El bloque comunitario debe resolver cuanto antes todas las dudas que ha generado entre ciudadanos, que se preguntan en muchos países: ¿para qué sirve la Unión Europea? De una buena respuesta puede depender el futuro del continente.