Hacia una reforma fiscal que genere riqueza y empleo, no solo brillantes titulares de prensa

El nuevo informe que el Gobierno ha encargado para llevar a cabo una reforma tributaria tiene como objetivo dotar de mayor responsabilidad a las CC.AA. Sea cual sea el documento en el que esta se base, el propósito es diseñar un modelo impositivo justo y equilibrado, que contribuya a generar riqueza y fomente la confianza de los ciudadanos.  

En 2014, el Gobierno convocó a un grupo de expertos para pedirles que diseñaran una amplia reforma tributaria. Diligentes, entregaron al ministro de Hacienda un amplio informe de 245 páginas que, en la práctica, constituía una enmienda a la totalidad al modelo vigente.

Después de analizarlo, de revisar las recomendaciones de los organismos internacionales y la fiscalidad en otros países de la Unión Europea, concluían que nuestro sistema carecía de la neutralidad que debe exigirse a los impuestos, que restaba la necesaria competitividad a la economía española y que obstaculizaba la creación de empleo. Los profesores solo apostaban por mantener la fiscalidad de los planes de pensiones. A partir de ahí, en líneas generales, recomendaban acabar con un sinfín de deducciones y bonificaciones que apenas tienen impacto real sobre la economía, más allá del titular político, modificar y bajar sustancialmente el IRPF, reducir de forma drástica Sociedades y las cotizaciones sociales, subir el IVA y los impuestos medioambientales, fijar un mínimo en Sucesiones y eliminar el impuesto que grava el patrimonio.

Hoy hemos celebrado una nueva sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con las CC.AA. y @Haciendagob. Avanzamos en el crecimiento pic.twitter.com/IDqhmlRwPB

— Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) July 27, 2017

El futuro del nuevo informe

Tres años después, ese documento, que en la práctica proponía una rebaja sustancial de la fiscalidad que pesa sobre el factor trabajo, sigue durmiendo en un cajón. Tres años después, el Gobierno tiene ya un nuevo informe. Es sensiblemente distinto, puesto que en este caso el objetivo es facilitar una reforma del sistema de financiación autonómica. Pero las recomendaciones son, en muchos casos, similares, si no iguales a las que se hicieron en 2014. ¿Correrá la misma suerte?

Los sabios proponen dotar de más responsabilidad a las CC.AA.: que sean ellas las que fijen el copago de servicios para financiar la sanidad o que dispongan de capacidad normativa para subir o bajar los tipos de IVA en la parte correspondiente que ingresan en sus haciendas. En lo que afecta al Impuesto sobre el Patrimonio, aunque se admite su obsolescencia, ya no se propone eliminarlo, sino fijar un mínimo que puede oscilar entre el 4 y el 11%. Es lo mismo que persiguen con Sucesiones, un mínimo en todo el territorio nacional que evite que, por ejemplo, en Canarias apenas se paguen 100 euros por una herencia de 800.000, cuando en Andalucía habría que desembolsar más de 164.000. En ningún caso, los economistas, designados por los gobiernos regionales, proponen acabar con un tributo de dudosa constitucionalidad que impone un doble gravamen a los bienes que se heredan.   

Un modelo equitativo y equilibrado

Cabe preguntarse, en cualquier caso, si estamos ante un nuevo ejercicio teórico o, dada la necesidad de reformar el modelo por el que se financian las autonomías, este informe servirá realmente de base para trabajar en un nuevo modelo que no solo garantice la suficiencia de ingresos del sector público para cumplir con sus obligaciones con los ciudadanos, sino que realmente sea neutral, favorezca la equidad entre los contribuyentes y estimule la actividad económica y la creación de trabajo, que es lo que necesitamos.

Sea este informe en el que basen la reforma, sea el de 2014 o cualquier otro que soliciten, el objetivo es diseñar un modelo impositivo que los ciudadanos perciban como justo porque realmente lo sea. El hoy vigente genera la impresión de que las voraces haciendas estatal y autonómicas diseñan tributos con el único fin de recaudar los recursos que paguen una espiral sin fin de gasto público, sin criterio alguno de racionalidad económica. Se crean impuestos solo donde hay bolsas de capital que captar. Y, sin embargo, esos impuestos deben servir para pagar los servicios que se prestan a los ciudadanos, por lo que deben guardar una apropiada correlación, tienen que recaudar sin generar distorsiones en la economía que parecen destinadas más a generar brillantes titulares de prensa que a producir beneficios reales sobre la actividad y el empleo. Un sistema justo y equilibrado contribuirá no solo a generar equidad y riqueza, sino también a fomentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en quienes las gobiernan.