El Debate de hoy

Hay jinetes de luz en la hora oscura

Con los Presupuestos Generales para 2018 aún sin aprobar, Hacienda estudia la posibilidad de llevar a cabo una rebaja fiscal centrada en los contribuyentes de más edad, una nueva medida encaminada a incentivar el consumo y estimular el crecimiento. 

Las buenas perspectivas macroeconómicas del Gobierno, así como la necesidad de obtener el apoyo parlamentario suficiente para aprobar los Presupuestos de 2018, son los motivos que han impulsado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a anunciar una nueva rebaja fiscal de cara al próximo año. No se han determinado, aún, medidas concretas de ningún tipo, pero el acuerdo presupuestario alcanzado en julio con Ciudadanos ya incluía la reducción del IVA para el cine del 21% al 10% y una rebaja del IRPF de unos 2.000 millones de euros que beneficiaría a 2,5 millones de familias y, muy especialmente, a aquellos contribuyentes con rentas inferiores a 14.000 euros.

Hacia una reforma fiscal que genere riqueza y empleo, no solo brillantes titulares de prensa

Sin embargo, el mencionado acuerdo con Ciudadanos no alcanza, aritméticamente hablando, la mayoría suficiente como para que los Presupuestos del próximo año sean ya una realidad y será necesario que el Gobierno dialogue con otras fuerzas políticas después de las elecciones catalanas convocadas para el próximo 21 de diciembre (presumiblemente con el PNV, sobre todo después de que el Consejo de Ministros aprobara, el 3 de noviembre de 2017, la Ley de Concierto y Cupo). Es, quizás, por este motivo, que Montoro está deslizando en sus últimas declaraciones la posibilidad de implementar algunas medidas que vayan, incluso, más allá de las alcanzadas en el acuerdo con Ciudadanos.

Así, una de estas medidas podría ser la implantación de una “prima fiscal” para aquellos contribuyentes de mayor edad, decisión que tendría bastante sentido desde un punto de vista redistributivo, al aplicarse a ciudadanos que, por lo general, perciben rentas muy bajas y, además, permitiría paliar en cierto grado el déficit de recursos existente para atender las políticas de dependencia. En la actualidad, el gravamen del impuesto no tiene en cuenta la edad y únicamente discrimina por el valor total de la renta percibida, con independencia de que esta se trate del monto total percibido por un asalariado o por un pensionista. Sí que establece, en cambio, la diferenciación por edades a la hora de fijar la cuantía del mínimo exento, siendo esta de 6.700 euros para los mayores de 65 años (en lugar de los 5.550 euros establecidos con carácter general) y de 8.100 euros para los mayores de 75 años.

Recuperación económica por la vía del consumo

Según el propio Montoro, esta rebaja fiscal del IRPF iría en la misma línea que la que se aprobó en 2015 por valor de 9.000 millones de euros (frente a los 3.000 millones que supuso la rebaja del año 2003). De hecho, a la prima anteriormente aludida se le podrían añadir otras reformas, como “nuevas deducciones de la cuota a las familias con personas con discapacidad a su cargo”. En definitiva, la posición del Ministerio de Hacienda es la de perseguir la consolidación fiscal, aprovechando el crecimiento de la economía española, a través de una serie de concesiones impositivas que, a su vez, redunden en un mayor consumo (al permitir al ciudadano disponer de más dinero en su bolsillo) y que, por lo tanto, estimulen aún más dicho crecimiento. Bruselas no exigirá nuevos ajustes en 2018 y, por tanto, hay margen para una política fiscal más laxa.