Las tres mentiras de Pedro Sánchez sobre las pensiones . Un plan que no soluciona nada
Manuel Llamas | 22 de enero de 2018
El Partido Socialista pone sobre la mesa un plan para mantener la viabilidad de las pensiones públicas. Con los datos en la mano, la propuesta de Pedro Sánchez no aporta soluciones reales y solo generará más déficit o más impuestos.
El líder socialista, Pedro Sánchez, pretende recuperar la iniciativa política blandiendo como bandera el problema de las pensiones públicas y su particular solución, consistente en subir una vez más los impuestos para, en teoría, reequilibrar las maltrechas cuentas de la Seguridad Social y, de este modo, garantizar e incluso mejorar el cobro de las prestaciones futuras. Sin embargo, su propuesta sobre esta materia no solo es irreal y engañosa, sino que supondría el colapso del sistema a medio y largo plazo, así como una enorme losa sobre el conjunto de la economía española. Por desgracia, Sánchez miente a la población cuando afirma que su plan logrará salvar el actual modelo de reparto.
El gobierno de Rajoy quiere terminar con el sistema público de pensiones para después privatizarlo. Los socialistas no vamos a permitirlo. Sabemos cómo garantizar la viabilidad de las pensiones. #AhoraPensionesDignas pic.twitter.com/1JAISUlFVc
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 8, 2018
Su primera gran mentira tiene que ver con las causas que originan el déficit de la Seguridad Social. Según la propuesta elaborada por el PSOE, “la política de precarización, incluso en condiciones de crecimiento del empleo, ha traído como consecuencia un descenso de los ingresos contributivos de la Seguridad Social, que se han revelado como insuficientes para financiar los gastos contributivos, aflorando de esta forma unos déficits crecientes cubiertos a través del recurso al Fondo de Reserva de la Seguridad Social”. Es decir, la culpa la tiene el PP, ya que la reforma laboral, las bonificaciones al empleo y la devaluación salarial han mermado los ingresos por cotizaciones.
Pero el PSOE olvida que el número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido en cerca de 1,5 millones desde mediados de 2012, momento en el que la reforma laboral entró en plena vigencia, y que la recaudación por cotizaciones sociales rondó los 110.000 millones de euros en 2017, un nuevo máximo histórico, superando el anterior récord de 108.000 millones registrado en 2008.
El verdadero problema, por tanto, no es de ingresos, sino de gastos. A falta de conocer las cifras definitivas, el gasto previsto en pensiones contributivas superó la barrera de los 122.000 millones de euros el pasado año, casi un 45% más que en 2008, unos 38.000 millones extra. Así pues, a pesar de que los ingresos ya han recuperado el nivel precrisis, los gastos se han disparado, provocando con ello el conocido déficit estructural que padece la Seguridad Social desde 2012.
Este sustancial aumento del gasto se debe, por un lado, a la incorporación de más de 1 millón de nuevos pensionistas durante la última década, elevando la cifra total a más de 8,7 millones de personas, y, por otro, a que cobran un nivel de prestaciones mucho más alto, gracias a que han cotizado más años y han percibido mayores sueldos que los antiguos jubilados. En concreto, una persona que se retire en la actualidad cobra una media de 1.300 euros al mes, frente a los 900 euros que perciben los pensionistas que causan baja en el sistema por fallecimiento, casi un 44% más. Y esta tendencia va a empeorar con el paso del tiempo debido al progresivo envejecimiento de la población y la ausencia de relevo generacional. Dicho de otro modo, el origen real del déficit estructural no está en los ingresos, sino en los gastos.
Evolución del número de pensionistas y de pensiones públicas | Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
La segunda gran mentira de Sánchez es su plan para acabar con el actual déficit, cuya idea estrella consiste en subir los impuestos por valor de 2.750 millones de euros anuales. Para ello, el PSOE propone aplicar un nuevo impuesto sobre la banca y sobre las transacciones financieras, así como elevar las cotizaciones de los trabajadores que ganen entre 45.000 y 60.000 euros brutos al año, cuyo volumen ronda los 1,2 millones de personas.
La cuestión es que esta polémica subida fiscal, más allá de los negativos efectos que podría causar sobre la competitividad del sistema financiero y la creación de empleo, apenas lograría cubrir el 18% del déficit registrado en 2017 y el 15% del agujero previsto para 2018. Pero lo más grave es que ni siquiera contribuiría a reducir ligeramente ese desequilibrio, ya que el PSOE también propone volver a ligar las pensiones al IPC, al tiempo que pretende derogar el factor de sostenibilidad, que vincula la cuantía inicial de la prestación a la esperanza de vida. El problema aquí es que, de aplicarse ambos cambios, el gasto en pensiones crecería en unos 2.700 millones de euros extra al año -partiendo de que la inflación se sitúa en el 2%-, de modo que la citada subida fiscal se destinaría íntegramente a sufragar el aumento de las pensiones públicas, en lugar de aminorar el déficit. Es decir, el agujero se mantendría intacto a pesar de que los españoles tendrían que soportar una mayor presión fiscal, puesto que la banca, de uno u otro modo, acabaría trasladando esos nuevos impuestos a sus clientes.
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Y esto tan solo a corto plazo. Anular la reforma de las pensiones que aprobó el PP en 2013, donde se introdujo el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad, tal y como promete ahora el PSOE, dispararía el gasto de la Seguridad Social desde el 11% del PIB que representa hoy hasta más del 16% en 2060 e incluso por encima del 18% en caso de que las optimistas previsiones de empleo no se cumplan, según los cálculos de la Comisión Europea. Así pues, la propuesta del PSOE no solo no solventaría el déficit, sino que acabaría generando un agujero adicional equivalente a entre 60.000 y 80.000 millones de euros extra al año -en términos actuales-.
La tercera y última gran mentira del líder socialista tiene que ver con el coste real de su plan, puesto que la anunciada subida fiscal de 2.750 millones apenas sería un aperitivo en comparación con los 60.000 u 80.000 millones extra que precisaría el sistema cada año para pagar puntualmente las pensiones públicas a los jubilados durante los próximos lustros. Semejante presión financiera pondría en un brete la sostenibilidad de las cuentas del sector público y, lo que es peor, terminaría por asfixiar fiscalmente al conjunto de las familias y empresas españolas, dañando de forma muy sustancial el crecimiento y la creación de empleo potencial de la economía.
En definitiva, ni la causa del problema es el PP ni la propuesta de Sánchez serviría para reducir el desequilibrio de la Seguridad Social, sino todo lo contrario, ya que se traduciría en mucho más déficit y/o impuestos.
Imagen de portada: Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, en un acto en Granada. El PSOE ha preparado una serie de Asambleas Abiertas en las que pretende explicar los retos a los que se enfrenta España, incluido el de las pensiones públicas, y exponer sus soluciones | Agencia EFE
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