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Propiedad intelectual y piratería . Una fiscalía especializada podría proteger a los creadores

Es necesaria una mayor implicación contra la piratería. La Ley de Propiedad Intelectual no ha conseguido ser eficiente en este campo y, como solución, podría plantearse la creación de una fiscalía especializada.

En el conjunto de las llamadas industrias culturales y creativas, la cinematográfica es la más importante cuantitativa y cualitativamente, junto con la editorial. La cinematografía incorpora prácticamente todos los intangibles culturales, genera riqueza y empleo y exige ideaciones y talento. E imprime un sello de gran personalidad a los países en los que se desarrollan las producciones fílmicas.

España está en unas condiciones solo iniciales para competir en el mercado cinematográfico, pero dispone de dos grandes bazas: el idioma y un conjunto de profesionales muy cualificados que, con presupuestos muy limitados, elaboran cintas de gran valor artístico, argumentalmente impactantes y técnicamente avanzadas.

Las ventas ilegales y las descargas igualmente ilícitas en internet causan extraordinarios perjuicios no solo a los legítimos derechos de los titulares de las obras que las padecen, sino también a la Hacienda pública

La producción cinematográfica en España está sufriendo los efectos de la crisis económica de manera especial. Se han restringido las ayudas públicas y se ha incrementado la fiscalidad y, como resultado, la financiación de proyectos se ha dificultado. Aunque la afluencia de espectadores ha aumentado en 2015 y 2016, el cine español requiere una mayor asistencia financiera y más comprensión desde la política y la sociedad.

La sociedad de gestión de los productores cinematográficos (EGEDA) ha puesto en marcha una Sociedad de Garantías Recíprocas para avalar los proyectos cinematográficos ante las entidades bancarias. Nuestro país se acaba de beneficiar de un acuerdo entre el Fondo Europeo de Inversiones y el Gobierno Español, en el desarrollo del programa Europa Creativa, por el que proyectos de las industrias culturales y creativas dispondrán en los dos próximos ejercicios de una refinanciación de avales por un importe de 150 millones de euros.

Este es el camino. Pero hay otras asignaturas pendientes. La primera consiste en arraigar en la sociedad española el respeto a los derechos de la propiedad intelectual de los titulares de las creaciones artísticas. Lo que supone, por una parte, compensarlos por la reproducción de sus obras –sean cuales fueren– que ofrecen valor añadido a la tecnología de uso generalizado y, por otra, atajar ese fenómeno muy común e indeseable que es la piratería.

Por lo que se refiere a la compensación por la copia privada, la pauta la ha ofrecido la justicia europea, acogida por la española: el canon digital es el mecanismo razonable para compensar la reproducción privada. El Gobierno ha anunciado que está trabajando para ajustar la ley con el mandato de los tribunales y reponer un sistema que garantice una justa compensación por copia privada. Este es un mecanismo bien acreditado en la mayoría de los países europeos que debe volver a funcionar en España, evitando polémicas estériles.

Cine, piratería y Marca España

La piratería –preferentemente, la digital– consiste en un comportamiento desprovisto en España del reproche social que merece. Las ventas ilegales y las descargas igualmente ilícitas en internet causan extraordinarios perjuicios, no solo a los legítimos derechos de los titulares de las obras que las padecen, sino también a la Hacienda pública y, como consecuencia, a la riqueza de todos. El grave malentendido de que el acceso a la cultura debe ser universal y gratuito está en la raíz de la venialidad con la que se juzga la piratería, de tal manera que su erradicación requiere una constante concienciación y educación en valores cívicos. Y todo ello en el ámbito de la escuela y la universidad, con la ayuda de los medios de comunicación públicos y privados.

Las novedades del canon digital

Hace falta también que la regulación normativa sea eficiente, esto es, rápida y disuasoria. Y ahora no lo es porque la Ley de Propiedad Intelectual no ha armado un mecanismo que responda a esos criterios de eficiencia. Desde el punto de vista de la persecución de esta forma de delincuencia “blanda” que es la piratería, parece de todo punto necesario la creación de una fiscalía especial –como hay otras varias para asuntos específicos– que las fuerzas políticas parece que van asumiendo como imprescindible.

EGEDA, de cuyo Consejo formo parte, es una de las varias entidades que, bajo la tutela del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, vela en su caso por los derechos de propiedad intelectual de los productores cinematográficos, colabora activamente a la financiación de sus proyectos y se compromete en la promoción de nuestro cine, a través de dos grandes eventos anuales: los premios José María Forqué (XXII ediciones) –prolegómeno de la gala de los Goya– y los premios Platino al Cine Iberoamericano (III ediciones).

Las entidades de gestión colectiva de los derechos de autor, sin ánimo de lucro, han de ser dinamizadoras de la cultura, rigurosas y transparentes en su importante misión y estrechamente vinculadas a las inquietudes de conocimiento y ocio de la sociedad. Y han de plantear, como en estas líneas, los problemas y aspiraciones de un sector de nuestra economía que debería representar más porcentaje.

Ilustración de portada: Pablo Casado
Escrito por

Director de Cine. Socio-Fundador de EGEDA. Premio Antena de Plata 2016. Más de 20 obras en su filmografía. Ex-consejero de la SGAE y de la Academia de Cine.

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