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Presupuestos 2018 . Una zancada hacia atrás en la solidaridad con las generaciones futuras

La aprobación de los Presupuestos supone un paso atrás para corregir la progresión geométrica con la que avanza el coste de la jubilación sobre las arcas públicas. Resulta insolidario cargar sobre las generaciones venideras la factura del bienestar presente.

No hizo lo que quiso, sino lo que nunca quiso hacer. O no.

Esta frase, que por la contradicción que encierra en sí misma bien podría ponerse en boca de Mariano Rajoy, debería encabezar el epitafio político de su Gobierno. Cuando se vayan, que será en 2020, porque con la aprobación del primer trámite parlamentario del proyecto de Presupuestos parece haberse asegurado el pasaporte para agotar la legislatura. Aún hay que negociar enmiendas parciales y no cabe duda a estas alturas -porque, además, lo han advertido ya- de que sus “socios” del PNV tratarán de arañar más y más regalías para dar por finiquitada la tarea con éxito, pero se ha cedido tanto que no cabe pensar que no sigan haciéndolo si lo consideran necesario para asegurar su permanencia en La Moncloa o, en palabras del ministro Cristóbal Montoro, la estabilidad política. ¿Es esa estabilidad, por benéfica que pueda resultar, un bien en sí mismo o solo lo será en función del precio que se pague por ella?

El acuerdo entre el PP y el PNV para elevar durante dos años las pensiones lo que suba el IPC, además de retrasar en cinco ejercicios la entrada en vigor del índice de sostenibilidad, tiene varias lecturas. Una, probablemente la más relevante, es indudablemente política. La escalada de Ciudadanos en las encuestas preocupa tanto a uno como a otro de los firmantes. Al PNV porque, tal y como se ha posicionado Albert Rivera (aunque todo es susceptible de cambiar en el partido naranja), se lo pondría más complicado a la hora de negociar el cupo. Al PP, porque podría sacarlo del Gobierno con una victoria que, dados los últimos escándalos, puede ser más arrolladora de lo que indican los sondeos. Con su pacto, ambos compran tiempo. El necesario, si no para hacer políticas que reviertan las tendencias demoscópicas, sí al menos para confiar en que el auge de Ciudadanos sea solo una moda pasajera. Algo en lo que también confían PSOE y Podemos. En 2020, con una economía mucho más asentada y finiquitados los juicios varios que acechan a Génova, el panorama podría cambiar. En eso y solo en eso parecen haber puesto sus esperanzas.

Hay una segunda derivada política: desactivan a la oposición de izquierdas, que era la que estaba organizando las manifestaciones de jubilados en las calles. Las más numerosas, las de Bilbao. El pacto, anunciado apenas una hora antes de que comenzara el debate de Presupuestos en el Congreso, descolocó al PSOE y a Podemos, que solo acertaban a lamentarse de que Montoro hubiera incumplido su palabra al subir las pensiones… ¡exactamente como ellos le habían pedido que hiciera! En eso quedó la sesión: unos y otros peleándose por la fabulosa bolsa de votos que atesora el colectivo de pensionistas. Por si no sabían lo que valían, ya les han dejado claro que pueden poner y quitar gobiernos. Es lo que tiene haber sacado las pensiones del Pacto de Toledo, del que nunca debieron salir, usándolas como arma política. Si esa es la jugada, gana el que firma los cheques, que es el Gobierno.

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Y todavía hay una tercera consecuencia política que no tardaremos en ver cómo se sustancia: Cataluña. ¿Está Montoro echando una mano a los separatistas negando la malversación? Ahí es donde Ciudadanos puso el dedo en el hemiciclo. El PNV necesita un gobierno en Barcelona más pronto que tarde para justificar ante los más radicales de su electorado el respaldo al PP del 155. Y a nadie se le escapa que en Moncloa quieren liberarse cuanto antes de esa carga. Si no se puede demostrar que los separatistas usaran dinero público para financiar sus delitos, no solo el ministro de Hacienda conserva su honra, sino que aligera la situación penal de los imputados y allana el camino a la formación de un gobierno de la Generalitat. De momento, el ministro salvó la cara ante Rivera admitiendo que podrían haber falseado facturas. El problema que tienen unos y otros en este caso es que ya no está en su mano resolverlo con un acuerdo de madrugada, sino que es Pablo Llarena y los togados del Supremo los que deciden, basándose en los informes de la Guardia Civil. Y hay rumores de que no están nada contentos con la clase política. Ni ellos ni los magistrados del Constitucional. No es de hoy, viene de muy, muy atrás…

El paso atrás de los Presupuestos

Entrando en materia de economía, el pacto resulta harto difícil de justificar. Los números, aunque puedan usarse para decir una cosa y la contraria, no suelen mentir y la evidencia es que la Seguridad Social lleva años arrojando saldos negativos. Si no hay dinero para pagar las pagas extras, que se tienen que financiar emitiendo deuda pública, ¿cómo puede haberlo para elevar las pensiones un 1’6% durante dos años consecutivos? ¿Cómo para retrasar la entrada en vigor de un índice de sostenibilidad, al que obligó Bruselas, que corregiría el déficit estructural del sistema? Se ha calculado la factura entre 2.000 y 3.000 millones de euros. Una cifra, según Hacienda, asumible. Se quedan cortos, porque esa subida de las pensiones se consolida, no tiene marcha atrás. Si habíamos dado pasos adelante para corregir la progresión geométrica en la que avanza la factura de la jubilación sobre las arcas públicas, con este Presupuesto hemos dado una gran zancada hacia atrás. Hasta hoy, las pensiones de los jubilados las pagaban sus hijos. Ahora, las cargamos también sobre las espaldas de los nietos.

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Y ahí se acabó el debate de Presupuestos. Poca más sustancia se puede sacar más allá de echarse en cara unos a otros la gestión de las plazas que gobiernan. Además de la sorprendente equivocación del diputado Pedro Quevedo a la hora de pulsar el botón, que ahorró al Gobierno dos votaciones extra. De ese debate, pueden extraerse dos conclusiones. La económica, que urge la vuelta al Pacto de Toledo. Es imperiosamente necesario que los partidos recuperen el sentido de Estado (si es que alguno lo tuvo en alguna ocasión) y reformen el sistema para que pueda sostenerse en el tiempo. La reforma será dolorosa, pero resulta insolidario y vergonzante cargar sobre las generaciones venideras la factura de nuestro bienestar presente. Más difícil de justificar si el objetivo es únicamente partidista y electoralista. La conclusión política es que, con las cuentas aprobadas, Rajoy vuelve a enmendarse a sí mismo. Lo hizo en 2012, cuando, como él admitió, subía impuestos y tomaba decisiones porque no le quedaba otro remedio, aunque no quería. Ahora, vuelve a las andadas para garantizar que se agota la legislatura en una España políticamente convulsa. En 2020, o quizá antes, veremos si también en esta ocasión le sale bien la jugada. Porque cada vez arriesga más.

Imagen de portada: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante el debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado | congreso.es
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Periodista. Coordinadora de Economía de los Servicios Informativos de Telemadrid, colabora con EsRadio, El Economista y es profesora de la Escuela de Marketing ESIC. Autora del libro "Gabinete de crisis".

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