Hay jinetes de luz en la hora oscura
Javier Morillas | 05 de abril de 2017
España sigue siendo el país de la eurozona con mayor déficit público, exceptuando el caso de Grecia. En 2016 hemos conseguido bajarlo hasta el 4,33% del PIB, siempre que no incluyamos las últimas ayudas extra derivadas todavía de la quiebra de las Cajas, pues entonces subiría al 4,54%; en todo caso, se consiguió cerrar el año por debajo del 4,6 convenido con Bruselas.
Presentación proyecto Presupuestos Generales del Estado para 2017 #PGE2017https://t.co/EFllPavcnP
— Haciendagob (@Haciendagob) March 31, 2017
Pero seguimos estando inmersos en un «procedimiento de déficit excesivo» ante nuestros socios. Para irnos zafando del mismo, el Gobierno ha planteado los Presupuestos para 2017. Previendo un petróleo a 56 dólares el barril (estuvo a 45 en 2016), un tipo de interés medio para el pago de la deuda del 2% (fue del 1,4 en 2016) y unos ingresos de 200.963 millones de euros (un 7,9% más que en 2016), ingresos que vienen de: 1º) IRPF, 2º) IVA y 3º) Impuesto de Sociedades, con recaudaciones de 78.027, 67.463 y 24.399 millones de euros; es decir, 7,7, 7,3 y 12,6 por ciento más, respectivamente, que en 2016. En total, un crecimiento del 2,5 por ciento del PIB (fue del 3,2 en 2016).
En total, una previsión de creación de empleo que ciertamente puede llegar a los 506.000 nuevos puestos de trabajo. Con una tarifa plana para autónomos de 50€ a la Seguridad Social, extendida al primer año (eran 6 meses); con un 0,25 % de revalorización de los más de 9 millones de pensiones, compromisos de incremento de oferta de empleo público y una carga de intereses financieros de la deuda que alcanzará los 32.006 millones, que superan los 17.200 millones de euros previstos para prestaciones por desempleo.
La cuestión es que en 2017 tenemos que seguir disminuyendo déficit, hasta alcanzar el 3,1% comprometido con nuestros socios de la Unión Europea, lo que deberemos conseguir manteniendo altos impuestos o bajando gastos. En realidad, estos presupuestos no son «los del Gobierno». Resultan de la presión antisistema de Podemos y sus demandas extravagantes, que arrastran a un PSOE desnortado, y a las que suele sumarse Ciudadanos de forma asimétrica. Son los presupuestos pensados para el pacto parlamentario de los 176 votos estrictamente necesarios para su aprobación que, en esta ocasión, integran a las minorías canarias, más -previsiblemente- el PNV.
Dicho acuerdo es posible todavía este año, cuando no hay ninguna cita electoral a la vista. Porque, cuanto más nos acerquemos a posibles convocatorias electorales, más difícil será firmar presupuestos «conjuntos», en la medida en que cada partido buscará la diferenciación con los otros, especialmente con el del Gobierno. Son los presupuestos más políticos de los últimos cinco años, destinados a poder continuar la legislatura, prorrogándolos eventualmente en 2018 y llegar, al menos, hasta 2019. Unos presupuestos «multipartito».
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.