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Los Presupuestos del Gobierno intentan agradar a todos y se olvidan de las reformas

El Gobierno entrega en el Congreso de los Diputados unos Presupuestos que se mueven entre los guiños autonómicos para ganar apoyos y los intereses electorales. Las cuentas para 2018 se olvidan de elevar el potencial económico. 

Siempre se ha dicho que la de los Presupuestos es la ley más importante del año. Desde luego, es la que retrata a los gobiernos, puesto que a través de la asignación de fondos revela sus apuestas políticas. Ateniéndonos a ese criterio, de las cuentas que Cristóbal Montoro ha llevado a la cámara pueden extraerse varias conclusiones.

La primera es que Mariano Rajoy, bien por interés partidista bien por el de la estabilidad del país o por ambos a un tiempo, quiere agotar la legislatura, evitar la convocatoria de unas nuevas elecciones generales antes de 2020. Para alcanzar ese objetivo, sería más que conveniente contar con unos Presupuestos. Gobernar a base de prórrogas durante varios ejercicios constituiría no solo una anomalía, sino que le deja tan escaso margen de maniobra que le ataría las manos a la hora de acometer sus políticas. Por eso, a pesar de que la Constitución indica que el proyecto de ley debe estar en el Parlamento antes de que acabe el mes de septiembre para entrar en vigor el 1 de enero, se ha retrasado hasta abril su entrada en el registro con el fin de recabar los apoyos necesarios para sacarlo adelante. Es obvio que el Gobierno quiere evitar que las Cortes le devuelvan su proyecto, algo que solo se ha producido una vez en democracia, en el año 1995. Entonces, la negativa de la CiU de Jordi Pujol a apoyarle obligó a Felipe González a convocar las elecciones anticipadas, que ganaría José María Aznar. Sortear un desenlace similar sirve para explicar muchas partidas.

Montoro hace un guiño cómplice a las comunidades autónomas en sus Presupuestos. En particular, al País Vasco. La inversión en infraestructuras en esa comunidad, destinada a la construcción de la denominada “Y” ferroviaria, sube por encima del 30% y es un señuelo claro para seducir al PNV, cuyos votos necesita. Pero por si los nacionalistas se resisten porque sigue en vigor el artículo 155 en Cataluña, el ministro guarda otros apuntes en la recámara con los que podría presionar, si no a Pedro Sánchez, sí a sus barones a que se abstengan para permitir la tramitación de las cuentas. Están encuadrados en el capítulo de Fomento, que asigna un desembolso que supera en un 25% al de 2017 en comunidades gobernadas por el PSOE tan relevantes como Andalucía, Comunidad Valenciana o Extremadura. Sin embargo, lo más llamativo en el capítulo de la financiación de las regiones son los 4.000 millones adicionales de reparto y la promesa de una reestructuración de la deuda autonómica, una vieja demanda de Ximo Puig, el presidente valenciano. Montoro ha abierto la puerta a perdonar los intereses y quién sabe si también a olvidar facturas pendientes, a las autonomías que cumplan los objetivos de déficit. Un incentivo que se vincula al cumplimiento de objetivos concretos y saludables, pero que en el futuro puede demostrarse perverso.

Cuando las elecciones se acercan e influyen en los Presupuestos, prorrogar es ahorrar

La segunda conclusión es que tanto el Partido Popular como Ciudadanos han tomado buena nota de los movimientos electorales que vaticinan las encuestas. Albert Rivera, el principal sustento del Gobierno en el Parlamento, ha presionado a Hacienda para que suba las pensiones y salarios o baje impuestos con el fin de anotarse en su haber esos beneficios sociales ante los votantes. No olvidemos que el próximo año tendremos que acudir a las urnas en al menos dos ocasiones, en comicios europeos y en autonómicos y municipales. Y Montoro ha subido la apuesta probablemente no solo con el fin de colgarse esa medalla ante los ciudadanos en este momento, sino con el fin de aspirar a recoger los beneficios en un futuro reciente. La subida de los sueldos públicos, la equiparación de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado con los de las Policías autonómicas, la elevación de pensiones y el recorte del IRPF para las rentas del trabajo más bajas, de entre 12.000 y 18.000 euros anuales, generará no solo un efecto riqueza entre los agraciados, sino que estimulará el consumo y por tanto la demanda interna de forma inmediata, lo que contribuirá a elevar la riqueza del país a corto plazo. Las cifras macroeconómicas han empezado a cuadrar, ahora el objetivo es trasladar el efecto a la microeconomía, generar esa sensación en la opinión pública. A primera vista, todos ganamos.

Sin embargo, los beneficios a corto plazo no pueden impedirnos hacer una mirada más amplia a unos Presupuestos que revelan tendencias francamente preocupantes en la economía española. Más de la mitad del gasto, más de 200.000 millones, se destinan a subvenciones o prestaciones. Y subiendo. La primera partida, con diferencia la más voluminosa, es la de las pensiones. La segunda, la de las Administraciones públicas. El incremento de las trasferencias de renta hacia los más desfavorecidos, financiadas con el esfuerzo de una exigua y exhausta clase media trabajadora, tiene un límite y en esta legislatura vacua parece que nadie ha caído en la cuenta. Se echan de menos las políticas de oferta, las reformas estructurales que remuevan obstáculos y logren elevar el potencial de la economía para generar la riqueza que pague esos desembolsos crecientes. Si solo nos centramos en la demanda, acabaremos repartiendo miseria.

Imagen de portada: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, posan con los Presupuestos Generales para 2018 | congreso.es
Escrito por

Periodista. Actualmente presentadora de 'TRECE al Día' en 13TV. Ha sido también coordinadora de Economía de los Servicios Informativos de Telemadrid. Autora del libro "Gabinete de crisis" y "Ana Botín, nacida para triunfar".

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