El Debate de hoy

Hay jinetes de luz en la hora oscura

En una hipotética e ilegal República Catalana se harían evidentes los problemas internos y externos para llevar a cabo una política económica que consiguiese sortear el aislamiento y la incertidumbre. 

Dejando al margen la manifiesta ilegalidad que supondría la celebración del referéndum independentista convocado para el próximo día 1 de octubre por el Gobierno de la Generalitat, resulta oportuno preguntarse qué política económica aplicarían las autoridades políticas de ese nuevo Estado. Sobre el tema, poco han reflexionado (o, por lo menos, poco es lo que han querido transmitir) los responsables de semejante desafío constitucional, entre otros motivos porque la variopinta amalgama de partidos que componen el actual espectro político pro independencia oscilan desde el radicalismo antisistema de las CUP hasta el conservadurismo liberal de la antigua CDC.

Ivan Miró: "Hem d'analitzar les cadenes productives del capitalisme i substituir-les per iniciatives d'economia solidària i cooperativa" pic.twitter.com/t2Mwbg4Dj5

— CUP Països Catalans (@cupnacional) July 28, 2017

Hoy, todas estas formaciones hacen frente común por la causa soberanista pero, en caso de conseguir su objetivo, las discrepancias en materia económica serían más que evidentes. Aun así, con independencia del tinte ideológico que imperase en el Gobierno de esta hipotética nueva república, algunos hechos objetivos condicionarían la política a aplicar desde una doble vertiente: por un lado, las consecuencias económicas de la nueva realidad internacional para Cataluña y, por el otro, el dinamismo económico interno, una vez se ejecutase la famosa “desconexión”.

Desde un punto de vista internacional, el aislacionismo al que quedaría sometida Cataluña resulta incuestionable. Por mucho que los actuales políticos catalanes hayan hecho hincapié en el aval que las leyes internacionales les proporcionarían garantizando el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos, la comunidad internacional no ve con buenos ojos la secesión, ya que esa afirmación resulta simple y llanamente falsa. Es importante remarcar, en este sentido, que el derecho internacional hace una clara distinción entre los pueblos cuyo territorio se encuentra dentro del Estado de cuya soberanía dependen y aquellos cuyos territorios se encuentran fuera de dicho Estado (es decir, colonias). En el caso de las colonias el derecho internacional sí permite la celebración de un referéndum de autodeterminación bajo determinados supuestos (hoy en día, tan sólo tres territorios podrían beneficiarse de este principio: Gibraltar, Palestina y el Sáhara). Sin embargo, en el caso de pueblos que no sean colonias, el propio derecho internacional remite a la norma suprema de cada país, señalando que el derecho de autodeterminación únicamente es posible si la propia Constitución del Estado en cuestión así lo contempla.

Una Cataluña independiente podría usar el euro como cualquier país

En consecuencia, las principales organizaciones internacionales rechazan este plan soberanista y la propia Unión Europea ha afirmado por activa y por pasiva que, en caso de independencia, Cataluña obtendría automáticamente el estatus de país tercero. En este caso, el euro podría continuar siendo moneda de curso legal sin afrontar la necesidad de acuñar una nueva (en teoría, cualquier país del mundo puede tener la moneda que desee), con las desventajas que supone el hecho de depender de un banco central ajeno, es decir, tener que mantener siempre un saldo positivo en la balanza comercial para disponer en todo momento de la cantidad de euros necesarios para el buen funcionamiento de la economía (la escasez de dinero aumentaría los tipos de interés y, por ende, reduciría la actividad económica) y, sobre todo, renunciar a la soberanía monetaria, pudiendo dar lugar a situaciones en las que se produjesen shocks asimétricos que derivasen, en la práctica, en la ejecución de políticas monetarias procíclicas.

Por otro lado, desde un punto de vista interno, la incertidumbre de la aventura independentista podría minar su propia viabilidad. Cierto es que en los planes de la Generalitat aparece la apropiación de activos del Estado español en territorio catalán por valor de más de 100.000 millones de euros (entre puertos, aeropuertos, carreteras, estaciones, hospitales, universidades, centrales eléctricas y demás infraestructura pública). Sin embargo, esta cifra no alcanzaría para paliar la actual deuda de la Generalitat la cual, sumando la parte proporcional de la deuda del Estado, asciende a 265.000 millones de euros. A ello, también habría que añadir el descenso de las inversiones como consecuencia de la incertidumbre política y la disminución de las exportaciones (lo que repercutiría negativamente en la necesidad de mantener una balanza comercial superavitaria en aras de preservar la estabilidad monetaria antes aludida) como consecuencia de la pérdida de los mercados europeos al quedar fuera de la Unión Europea y del denominado “efecto frontera”, según el cual cualquier tipo de límite territorial administrativo, incluso libre de barreras al comercio (que no sería el caso) desincentiva en cierta medida el comercio.

En definitiva, podríamos resumir la situación económica de la hipotética República Catalana con una sola palabra: incertidumbre. Por ello, las dificultades para obtener financiación exterior deprimirían aún más la ya de por sí insuficiente actividad económica por lo que, fuese cual fuese la política económica aplicada por el ejecutivo catalán, el futuro no sería demasiado esperanzador. Así, se validaría la máxima que reza que, en economía, la incertidumbre suele ocasionar efectos más perniciosos que la confirmación de las malas noticias.