Manuel Llamas | 25 de septiembre de 2017
La revolución tecnológica, también conocida como la cuarta revolución industrial, avanza a pasos agigantados, tal y como podemos comprobar día a día con la aparición de nuevas aplicaciones, avances e innovaciones de todo tipo. Sin embargo, Europa, a diferencia de lo que sucedió en los siglos XVIII y XIX, se está quedando en el furgón de cola, en lugar de liderar este nuevo cambio de paradigma. La profunda incomprensión que demuestran los eurócratas sobre la naturaleza y los fenómenos relacionados con la economía digital, así como las enormes trabas que imponen tanto la Comisión Europea como los distintos Estados miembro al desarrollo de esta imparable industria hacen que Europa y, por tanto, el conjunto de los europeos se estén quedando atrás en comparación con otras grandes potencias, como es el caso de EE.UU. o China.
Prueba de ello es la disparatada iniciativa que plantea ahora Bruselas para castigar fiscalmente a las grandes multinacionales digitales mediante la aplicación de nuevas tasas e impuestos sobre los ingresos, las transacciones o la facturación que generan en los países en los que operan, con el único fin de satisfacer la voracidad recaudatoria de los gobiernos nacionales, vulnerando con ello uno de los principios esenciales de la UE, como es la libre circulación de bienes y servicios. Una lesiva estrategia tributaria a la que se suma, además, el constante, injusto y abusivo reguero de multas que, por una u otra razón, imponen las autoridades comunitarias a los gigantes tecnológicos.
El pasado mes de mayo, Bruselas reclamó 110 millones de euros a Facebook por vincular las cuentas de los usuarios de esta popular red social con las de los clientes de WhatsApp, tras adquirir esta compañía. Asimismo, a principios de septiembre, la Agencia de Protección de Datos española hacía lo propio, con una multa de 1,2 millones, bajo la excusa de que la empresa de Mark Zuckerberg emplea datos sobre los gustos y creencias de sus usuarios con fines publicitarios.
Aunque el mayor damnificado en esta materia ha sido, sin duda, Google, tras la histórica sanción de 2.420 millones impuesta el pasado junio por las autoridades europeas. ¿El motivo? Aprovecharse de su “posición de dominio” como buscador para promocionar su comparador de precios, Google Shopping, por encima de otros servicios similares pertenecientes a la competencia. La compañía ya ha recurrido esta sanción ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero, con independencia de cuál sea el resultado final de este complejo proceso judicial, el problema de fondo es que este tipo de actuaciones y, sobre todo, las erróneas argumentaciones sobre las que se sustentan acaban socavando el pleno desarrollo de la economía digital en Europa.
#LoMasDestacado | Bruselas multa con 110 millones a Facebook por mentir en la compra de WhatsApp https://t.co/6EsRkkGF6H pic.twitter.com/lhaEyQMBAd
— Europa Press (@europapress) May 19, 2017
Más allá de que Google Shopping beneficia a miles de comerciantes y tiendas europeas que utilizan este servicio para competir en el vasto mundo del comercio online, lo cierto es que, para empezar, es un gran desconocido para la mayoría de internautas. En este sentido, poco importa si Google ha utilizado o no su algoritmo para favorecer a su propio buscador de compras, ya que es evidente que existe una amplia competencia en este ámbito, con cientos de plataformas similares, y, de hecho, está a años luz de sus principales competidores, como Amazon, eBay o Rakuten, entre otros.
Lo peor, sin embargo, es la superioridad moral que se arrogan los burócratas de la UE cuando pretenden enseñar a Google cómo manejar su empresa, al tiempo que se erigen en falsos protectores del consumidor, dando por hecho que este carece de criterio propio para saber si un determinado servicio le satisface o no adecuadamente. Bruselas olvida que en una economía de mercado, donde no deberían existir artificiales monopolios creados por el poder político, el cliente es el auténtico soberano, decidiendo, en última instancia, qué empresa triunfa o fracasa en función de cómo sirva a sus intereses. Es decir, por mucho que Google Shopping salga favorecido en las búsquedas, a poco que este servicio no cubra las necesidades del consumidor, basta un simple clic para cambiar de proveedor. Y esto es, precisamente, lo que ha sucedido, puesto que el todopoderoso Google, pese a sus esfuerzos, no ha triunfado en el segmento del comercio online.
Google reduce el beneficio trimestral un 28% por la multa de Bruselas, a pesar del crecimiento del 21% de ingresos https://t.co/vYmMJla0IJ
— EL PAÍS Economía (@elpais_economia) July 25, 2017
Por otro lado, la UE olvida que, siendo Shopping su producto, la compañía estadounidense tiene todo el derecho del mundo a privilegiar su posicionamiento en su motor de búsqueda -si este fuera el caso-, al igual que Apple, por ejemplo, opta por incorporar de fábrica su sistema operativo iOS en sus iPhone y iPad, o Microsoft incluye sus propias herramientas y aplicaciones en Windows. Es normal y lógico que dentro de compañías tan grandes y diversas como las señaladas se produzcan sinergias internas entre sus distintos productos y segmentos para, precisamente, poder competir en el mercado. Castigar a Google por priorizar Shopping es como sancionar a Mercadona por impulsar sus marcas blancas frente a productos similares de la competencia o como exigirle a Inditex que comercialice ropa de firmas mucho más pequeñas por ostentar una “posición de dominio” en el mercado textil.
Castigar a Google por priorizar Shopping es como sancionar a Mercadona por impulsar sus marcas blancas frente a productos similares
El error de origen que comete Bruselas con este tipo de multas es que sus funcionarios y tecnócratas desconocen el significado real del término competencia. La auténtica competencia entre empresas consiste en servir del mejor modo posible a los consumidores sin que el Estado imponga barreras artificiales a la entrada de nuevos operadores ni trabas a la libertad de elección de los usuarios. La Comisión Europea, por el contrario, piensa que alcanzar una “posición de dominio” en un determinado mercado perjudica la competencia, cuando es justo lo contrario. Si Google concentra el 90% de las búsquedas es, sencillamente, porque se trata del mejor buscador disponible actualmente, lo cual no significa que pueda ser superado en el futuro por otras compañías, como en su día, por cierto, le sucedió a Yahoo, IBM, Kodak y tantos otros gigantes. El éxito de una empresa y su mayor o menor control sobre un determinado mercado se lo otorgamos nosotros como consumidores. Si nos sirven bien, triunfarán, y en caso contrario, caerán. Bruselas, sin embargo, piensa justo al revés: si una compañía es tan buena que llega a copar buena parte de su segmento merece ser reprendida por las autoridades comunitarias, beneficiando con ello a otros competidores muchos menos eficientes que no satisfacen debidamente nuestros deseos y necesidades.
La mejor forma de proteger y mejorar la competencia en el mercado es facilitando la aparición y desarrollo de nuevos negocios que sean capaces de superar o cambiar los modelos existentes. En un mundo tan cambiante y global como el actual, donde la revolución tecnológica avanza a un ritmo estratosférico, la anquilosada y rígida estructural estatal que impera en Europa supone un freno colosal para la innovación y el emprendimiento. No es una simple opinión, sino un hecho constatado y constatable. Basta observar el ránking mundial de empresas tecnológicas para percatarse de que la UE no pinta casi nada en la cuarta revolución industrial, manteniéndose al margen, cual mero espectador. Los primeros puestos son para Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook, de EE.UU.; le siguen las chinas Tencent y Alibaba; Samsung (Corea del Sur), AT&T (EE.UU.); China Mobile (Hong Kong)…
Europa no progresará en el nuevo mundo digital a base de impuestos, multas y trabas.
Decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional o el fin del diésel han provocado un incremento de costes laborales, superior al 20%, que acaban pagando los más débiles.
