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Tres razones para dejar de publicar la lista de morosos de Hacienda . Escarnio público inútil

La lista de morosos de Hacienda se publica un año más y sigue demostrando su inutilidad. Es un ejemplo de escarnio público que vulnera el derecho a la intimidad, no reduce la deuda con el Fisco y encubre los “olvidos” del Estado con sus contribuyentes.

Tal y como viene sucediendo desde 2015, el Gobierno, ahora en manos del PSOE, ha vuelto a publicar la ya famosa lista de morosos que debe a Hacienda más de un millón de euros, colmando así el obligado interés de los periodistas patrios, pero, sobre todo, la innata curiosidad de los fisgones y cotillas que tanto abundan en España. Lo primero que llama la atención es que, pese al abultado número de integrantes que conforman este polémico listado (4.318 deudores), su contenido apenas presenta variaciones con respecto a las anteriores ediciones, más allá de la incorporación del expolítico Rodrigo Rato, el cantante Miguel Bosé o el futbolista Dani Alves. Sin embargo, la ausencia de novedades reseñables no ha evitado que los medios destaquen de forma notoria su difusión, alentando así un lamentable y bochornoso espectáculo de escarnio público cuyo desarrollo tan solo se traduce en un nuevo atropello por parte del Ejecutivo.

Resulta indignante que buena parte de la sociedad aplauda o, como mínimo, tolere este tipo de experimentos fiscales, ya que su mera existencia vulnera derechos básicos del individuo y genera una perversa doble moral que, en ningún caso, sería admitida bajo otras circunstancias. Por ello, la actual lista de morosos del PSOE, engendrada inicialmente por el PP de la mano del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, debería dejar de publicarse en base a las siguientes razones.

En primer lugar, porque, a diferencia de lo que pretende hacer creer Hacienda, su publicación no solo constituye una intolerable anomalía desde el punto de vista tributario -la información fiscal es reservada y, de hecho, su filtración puede acarrear incluso penas de cárcel-, sino que supone una clamorosa irregularidad jurídica. No en vano, la propia legislación vigente sobre Protección de Datos impone una serie de restricciones muy claras a la hora de poder acceder a la información económica o financiera de cualquier particular. Así, si bien la creación y gestión de ficheros de morosos es una práctica legal y necesaria para verificar la solvencia de una persona o empresa, su contenido únicamente puede ser consultado por terceros cuando mantenga o pretenda celebrar algún tipo de contrato o servicio con el afectado. Estos nombres no son públicos, ya que su difusión vulneraría el derecho fundamental a la intimidad.

El nuevo paradigma europeo de protección de datos . Mayor prevención y elevadas multas

Pese a ello, Hacienda no duda en atropellar estos derechos básicos con tal de exponer a sus morosos -y solo a los suyos- al dedo acusador de la opinión pública. En este sentido, conviene recordar que esta brillante idea de Montoro surge en pleno debate político sobre la conveniencia o no de conocer a los beneficiarios de la amnistía fiscal. El PP optó, finalmente, por sacar a la luz a los grandes morosos del Estado para acallar las críticas, al tiempo que esta estrategia servía, según ellos, para amedrentar al resto de contribuyentes con el fin de elevar la recaudación.

En segundo término, la lista de morosos del PSOE es del todo punto inútil, puesto que en ningún caso ha servido para reducir la deuda que todavía acumulan los tan manidos morosos. Así, mientras que en 2015 la primera lista incluía 4.855 contribuyentes y 15.600 millones de euros pendientes de cobro, esta última recoge 4.318 y 15.300 millones, respectivamente, un descenso de apenas el 2% en la cantidad adeudada. Esta escasa variación tiene una explicación muy sencilla: la inmensa mayoría de morosos son empresas que están en concurso de acreedores o en fase de liquidación, de modo que ese dinero difícilmente se recuperará, si es que se recupera algo. El número de personas físicas, por el contrario, se reduce a 340, con una deuda de 760 millones, pese a que muchas de las cantidades reclamadas están recurridas ante los tribunales y, por tanto, podrían resultar anuladas. La eficacia real de esta herramienta es nula desde el punto de vista recaudatorio, con lo que tampoco tiene sentido a nivel presupuestario.

El céntimo sanitario y la doble moral

Y, por último, pero no menos importante, la lista de morosos del PSOE debería dejar de publicarse porque es pura y simple hipocresía. Prueba de ello es que los políticos se vanaglorian de lanzar a la pira pública a un puñado de contribuyentes -muchos de ellos quebrados e insolventes-, mientras que todavía se resisten a devolver 3.000 millones de euros a los miles de transportistas que pagaron el llamado céntimo sanitario durante años, cuya aplicación ha sido declarada ilegal por los tribunales de Justicia.

Lo que subyace realmente bajo este listado es, en definitiva, un sangrante atropello jurídico, una inútil amenaza fiscal y una absurda doble moral. Si la ley, con el firme apoyo de la inmensa mayoría de españoles, no permite la difusión pública de datos fiscales ni financieros para salvaguardar el derecho básico a la privacidad, esto mismo debería aplicarse a los morosos de Hacienda. O todos o ninguno.

Escrito por

Periodista. Redactor jefe de Economía de Libertad Digital y Libre Mercado. Miembro del Instituto Juan de Mariana. Máster en Periodismo por la USP CEU-El Mundo.

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