El Debate de hoy

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Al margen de los titulares que hablan de un golpe de la Justicia europea a compañías como Uber o Cabify, la realidad demuestra cómo sus licencias VTC son totalmente válidas e incluso debería plantearse una mayor facilidad para conseguirlas.

El gremio nacional del taxi recibió como una gran victoria el dictamen del Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) Maciej Szpunar sobre Uber, tras concluir que este servicio puede exigir las licencias y autorizaciones que establezca cada Estado miembro en materia de transporte, tal y como sucede con el taxi o los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Los taxistas han recibido con júbilo el citado informe, bajo la vana creencia de que la Unión Europea respalda su radical ofensiva contra el nacimiento y el desarrollo de nuevos operadores en el segmento del transporte urbano de pasajeros, como es el caso de Uber o Cabify, pero se equivocan de plano. Lo que pretende el taxi español, en última instancia, es blindar su histórico monopolio para mantener la demanda cautiva y poder seguir especulando con la compraventa de licencias a costa, eso sí, de restringir e incluso prohibir la libre competencia. Y nada de esto tiene que ver con la normativa comunitaria y, aún menos, con el objeto de controversia que deberá resolver la Justicia europea.

En primer lugar, cabe recordar que el citado dictamen no es vinculante. Se trata de la opinión del abogado general y, si bien suele ser tenido en cuenta por el Tribunal, será este último el que tendrá la última palabra al respecto. En segundo término, lo único que concluye este informe es que Uber es un “servicio mixto”, una parte del cual se presta por vía electrónica -la aplicación- y otra por vía física -el transporte mediante vehículo con conductor-, pero que, según el abogado general, dadas sus características, no puede ser calificado como un mero “servicio de la sociedad de la información”, cuya regulación depende de las autoridades comunitarias, sino que esta plataforma pertenece al ámbito del transporte y, por tanto, los Estados miembros pueden regular su actividad, exigiendo las licencias y autorizaciones que disponga cada legislación nacional.

Está por ver que el TJUE avale o no, finalmente, esta postura, pero ni el abogado ni la futura sentencia dicen ni dirán nada sobre la presunta ilegalidad de Uber de la que tanto se quejan los taxistas. La única novedad hasta el momento es que, según la opinión particular de Szpunar, su regulación depende de cada país. ¿Y qué dice la legislación española? Pues, básicamente, que el transporte urbano de pasajeros requiere de una autorización administrativa previa para poder operar. Y la clave es que, hoy por hoy, ello no afecta en nada ni a Uber ni a Cabify, ya que ambas operan en España bajo las preceptivas licencias VTC. De hecho, el origen del conflicto sobre el que se pronunciará el TJUE surgió a raíz de una denuncia que interpuso una organización de taxis de Barcelona (Élite Taxi) contra UberPop en 2014, un servicio por el cual la compañía estadounidense pone en contacto a los viajeros con conductores particulares sin licencia, pero que ya entonces fue prohibida cautelarmente por un juez, de modo que hoy no existe en España.

Las licencias VTC

Tanto Uber como Cabify operan legalmente mediante licencias VTC, con lo que, aun en el caso de que la Justicia comunitaria considere que son empresas de transporte, la sentencia no afectaría lo más mínimo a su actual funcionamiento en España. Cada estado miembro seguiría regulando este sector como estimase oportuno, tal y como sucede hasta ahora, en lugar de que el funcionamiento de estas plataformas dependan de Bruselas, lo cual abriría un nuevo debate acerca de su regulación a nivel comunitario. Así pues, a diferencia de lo que se ha intentado vender a la opinión pública, la UE no se posiciona en contra de Uber ni, mucho menos, defiende la retrógrada y liberticida intención de restringir o dificultar la aparición de nuevos competidores en el ámbito del transporte, tal y como defienden los taxistas españoles, más bien al contrario.

Prueba de ello es que la “Agenda Digital para Europa” que elaboró la Comisión Europea en 2010 animaba a los países miembros a beneficiarse de las grandes ventajas y beneficios que ofrecían las nuevas tecnologías. Asimismo, el Parlamento Europeo elaboró en 2014 una Propuesta de Resolución sobre “movilidad urbana sostenible” donde recomendaba, entre otros aspectos, fomentar los servicios de coches compartidos y elaborar un nuevo marco regulador para dar cabida a formas innovadoras de movilidad, como es el caso de Uber o Cabify. Más recientemente, una resolución del Parlamento Europeo de finales de 2015 pedía a los Estados miembros incentivar la competencia entre las plataformas digitales y las empresas tradicionales de taxi. Desde entonces, son muchos los países europeos que, en mayor o menor medida, se han ido abriendo a estas nuevas tecnologías.

Uber, por ejemplo, opera actualmente en 21 estados de la UE y, aunque la regulación varía según cada país, España e Italia son los que imponen mayores restricciones a los nuevos operadores, con el único fin de blindar al taxi. Así, en Polonia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Lituania y Rumanía la regulación permite que los particulares puedan operar sin necesidad de licencia; la mayoría de gobiernos, por el contrario, exige licencias de transporte a estas plataformas, pero no fija ningún límite máximo; mientras que España e Italia imponen licencias y, además, limitan su número, beneficiando con ello al sector del taxi.

El caso de España y su fuerte restricción

En el caso concreto de España, tal y como ha denunciado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la nueva regulación del transporte que aprobó el PP en 2015 impone una serie de restricciones a los vehículos VTC que perjudican gravemente a los consumidores:

• • La Administración Pública establece, como máximo, una autorización de VTC por cada treinta licencias de taxi. “Dicha restricción limita de forma sustancial la entrada en el mercado de transporte urbano de viajeros. Impide que los taxis y los VTC compitan entre sí y que los consumidores puedan beneficiarse de una mayor disponibilidad de vehículos, un menor tiempo de espera y una mayor competencia en precios, calidad e innovación”, según la CNMC.

• • También establece la obligación de contratar previamente los servicios VTC, prohíbe que circulen con pasajeros sin un contrato de arrendamiento e impide que puedan ofrecer sus servicios circulando en las vías públicas en busca de clientes. “Estas restricciones injustificadas impiden que los VTC puedan competir con los taxis en varios ámbitos del transporte urbano de pasajeros, en particular en el segmento de contratación directa en la calle”, añade.

• • Por otro lado, el real decreto determina que los VTC deberán ser utilizados habitualmente en el territorio de la comunidad autónoma en la que se encuentre domiciliada la autorización, incorporando un límite máximo de servicios fuera de dicha región.
  • Y, por último, establece un número mínimo de 7 vehículos para poder operar en este mercado, una antigüedad máxima de 10 años y otros “requisitos injustificados de carácter técnico”.

La mayoría de gobiernos exige licencias de transporte a estas plataformas, pero no fija ningún límite máximo; mientras que España e Italia imponen licencias y, además, limitan su número, beneficiando con ello al sector del taxi

En definitiva, la UE no pretende defender ni salvar al monopolio del taxi. España es, junto a Italia, el país europeo que más trabas e impedimentos aplica a las nuevas plataformas tecnológicas para impedir que compitan en igualdad de condiciones con el taxi, al tiempo que mantiene un sistema anquilosado y arcaico por el cual se limita de forma absurda el número de licencias de taxi para que sus dueños puedan revenderlas a precios desorbitados a quienes quieran entrar en el sector.

Si la regulación que afecta a Uber y Cabify se mantiene en manos de cada Estado, es muy posible que España siga haciendo el ridículo a nivel internacional para beneficiar a un pequeño gremio de privilegiados a costa del conjunto de la población y otros muchos potenciales trabajadores, mientras que si es la UE la que establece la normativa el desarrollo de estos operadores será más rápido. Sea como fuere, el taxi desaparecerá, tarde o temprano, si no sabe adaptarse a los nuevos tiempos.